Como resultado del proceso electoral por la gubernatura en el Estado de México (Edomex), se abre una oportunidad para el transporte en la Zona Metropolitana del Valle de México (ZMVM), en el sentido de implementar políticas que garanticen el derecho a la movilidad, así como incrementar la inversión en el transporte público.
En la ZMVM se concentran 34.5 millones de viajes diarios, de los cuales 6.8 de cada 10 se realizan en transporte público. Los vehículos más utilizados son combis, autobuses y microbuses, en trayectos desde la periferia de las zonas metropolitanas hacia el centro de las urbes, lo que implica un incremento en los tiempos y recursos económicos para trasladarse.
De acuerdo con datos de la Encuesta Origen-Destino 2017 del Instituto Nacional de Geografía, Estadística e Informática (INEGI), 68 por ciento de los viajes se realizan en transporte público, mientras que el 31 por ciento, en auto privado.
La situación que experimentan los habitantes de las Zonas Metropolitanas del Valle de México pone de manifiesto que faltan políticas públicas de movilidad que les permitan desplazarse en mejores condiciones, tomando en cuenta que corresponden a movimientos pendulares que tienen origen en el lugar de residencia hacia el lugar de trabajo, estudios, abastecimiento, servicios y recreación.
No basta con enunciar en planes y programas de gobierno acciones a favor de la movilidad de las personas, si la inversión en el transporte público es menor respecto a la inversión de vialidades para el uso del automóvil.
Como se sabe, la movilidad principal del Valle de México sigue siendo dominada por los traslados en servicios de baja capacidad o colectivos con el 51 por ciento y el 32 por ciento caminando, dejando al automóvil como la tercera alternativa con sólo el 21 por ciento de los viajes diarios.
Las y los mexiquenses ocupan hasta 900 horas anuales en sus traslados, principalmente hacia la CDMX, y son afectados con hasta cuatro horas de tráfico y a costos que se elevan hasta los 12 mil pesos al año.
El transporte público en el Edomex opera bajo el modelo ‘hombre-camión’, que genera ‘la guerra del centavo’, debido al otorgamiento de concesiones pulverizadas que se otorgaron en cada elección gubernamental, hasta llegar al problema actual: por un lado, una improvisación y sobreposición de rutas, hay zonas que están saturadas, y por el otro, en las periferias hay zonas que no tienen cobertura y eso genera transporte irregular.
Se calcula que existen entre 168 mil y 185 mil concesiones de transporte público, pero, de éstas, el 85 por ciento están vencidas, es decir, son unidades viejas con más de 10 años de servicio.
En materia de seguridad, las dimensiones del problema se dibujan con las cifras oficiales. De 20 a 30 asaltos diarios con violencia, es decir, de 500 a 650 asaltos por mes. Sólo en 2022 se iniciaron, de acuerdo con cifras del Ministerio Público de la Fiscalía General de Justicia del estado, 7 mil 128 querellas reportadas por los usuarios, pero estas cifras sólo se refieren a los asaltos cometidos en la modalidad de transporte público colectivo, sin considerar los que se cometieron a bordo de taxis y el transporte irregular, como los taxis colectivos y los mototaxis o vagonetas.
Se sabe, además, pero sin que existan cifras oficiales, que hay derecho de piso en algunas rutas, lo que constituye un tema muy delicado, que requiere un esfuerzo muy consciente de la autoridad para provocar un cambio.
En materia de accidentes viales, el mayor número, según señaló la Cámara Nacional del Autotransporte Pasaje y Turismo (Canapat), corresponde a los taxis colectivos, tanto en el Valle de Toluca como en otros puntos y, debido a que estos colectivos se salen del servicio concesionado, no es posible que las víctimas reclamen seguros de vida en caso de accidentes a bordo, por lo que quedan en el desamparo.
En un escenario así, los cambios que debería generar la actual gobernadora electa, Delfina Gómez, tendrían que ser en tres aspectos: una formalización real orientada a la utilización de los trabajos que hacen las empresas dedicadas al transporte, fijando con mucha claridad el tipo de apoyo económico que se establecerá para la transición hacia modelos más eficientes; mejorar la calidad a los usuarios y, la más importante, la seguridad.
Es también el momento en que Delfina Gómez comience a desarrollar los planes para cumplir los compromisos que realizó y que la llevaron al triunfo, como son la ampliación del STC Metro en la Línea 5, de la estación Politécnico al municipio de Tlalnepantla, lo cual requerirá inversión del gobierno federal, de la CDMX y de la entidad ahora a su cargo. También se comprometió a la construcción de una nueva línea del Metro, de Martín Carrera a Tepexpan, en el Edomex.
Asimismo, se comprometió a que el Tren Suburbano llegue hasta el municipio de Huehuetoca; terminar la obra del Tren Toluca-Observatorio, que lleva retrasos de más de seis años, aunque su construcción empezó hace ocho, por lo cual, ya tiene sobrecostos, sin fecha estimada para su terminación.
Es justo que para evitar más retrasos, no quede como una promesa, y en sus planes debe priorizar la construcción del Tren Interurbano México – Toluca, de una longitud total de 57.7 kilómetros, que partirá del municipio mexiquense de Ocoyoacac a la estación Observatorio de la Línea 1 del Metro. El 63 por ciento de esta obra se concentra en territorio mexiquense y de las siete estaciones contempladas, tres están en la Ciudad de México: Santa Fe, Vasco de Quiroga y la terminal Observatorio.
Esta obra, que beneficiará a 230 mil personas por día, es un proyecto del Gobierno federal, que inició desde la gestión del expresidente Enrique Peña Nieto y que ha continuado con la actual administración.
Por otro lado, en la entidad existe el Mexibús, un sistema de transporte en autobuses de tránsito rápido bajo la modalidad de corredores en los municipios de Ecatepec, Tecámac, Nezahualcóyotl, Chimalhuacán, Coacalco de Berriozábal, Tultitlán y Cuautitlán Izcalli y que tienen conexión con la Ciudad de México, en interconexión con el Sistema de Transporte Colectivo Metro de la Ciudad de México y el Metrobús.
Como se puede observar, es muy amplio el trabajo que hay que hacer, que la gobernadora electa enfrente los múltiples retos como son los altos costos por la inseguridad, el enfoque en los recursos presupuestales del transporte público para la actualización y mejora de este servicio, así como formular políticas públicas para reducir los tiempos de traslados de los pasajeros y la modernización del transporte masivo.
FORTALECER A LA COMETRAVI
Otro tema pendiente en la relación que existe entre la CDMX y el Edomex, corresponde al de la Comisión Metropolitana de Transporte y Vialidad (Cometravi), un organismo que cuenta con una imagen muy subjetiva. La demanda sería fortalecerla, ya que su función se desdibujó desde hace varios años.
A ellos les corresponde encargarse de que exista una operación más o menos armoniosa entre los transportistas de uno y otro lados. Concretamente, deberían encargarse de realizar una integración de las modalidades con respecto a los derechos que los transportistas de cada entidad tienen; la tarjeta única de movilidad; tratar, en la medida de lo posible, que las tarifas en ambas entidades sean equivalentes; y evitar la competencia desleal, la falta de transparencia, ya que a los transportistas del Edomex les autorizan usar vagonetas, casi en todas las modalidades, y a los de la CDMX se les obliga a utilizar autobuses. Además de mantener actualizada la información sobre las dinámicas de transporte y movilidad en la ZMVM.
