Mucho se habla de lograr para nuestras ciudades un desarrollo urbano sustentable, entendido este bajo tres dimensiones: La sustentabilidad ambiental, la social y la económico-financiera. Esto implica -a su vez- atender tres retos, los cuales se desarrollan someramente a continuación:
La necesidad de generar esquemas de colaboración en materia de movilidad que permitan articular a las instituciones, tanto federales como locales y que con ello provoquen una sustentabilidad financiera y el desarrollo de un sector privado de transporte en ciernes de profesionalizarse. Esto implica que el gobierno federal tenga las capacidades para desarrollar políticas y gestionar los instrumentos técnicos y financieros que induzcan a los estados a desarrollar sistemas urbanos y regionales de transportes sustentables, dentro de un alineamiento con las políticas nacionales que en esta materia, paulatinamente se están estableciendo.
A la par, los estados y municipios deben tener las capacidades técnicas, financieras y de concertación necesarias, muchas veces inexistentes hoy en día, para formular sus planes y lograr el apoyo federal necesario para implementarlos. Lamentablemente, estas capacidades hoy son limitadas en los tres niveles de gobierno y su ausencia constituye un serio obstáculo a la posibilidad de ofrecer un transporte urbano bajo las tres dimensiones de sustentabilidad ya señaladas.
Un segundo reto versa en el requerimiento de integrar las políticas de transporte urbano con las de otros sectores, tales como el desarrollo urbano, la vivienda, el medio ambiente o el social. Es patente que la movilidad de nuestras ciudades no depende únicamente de la forma en que se organiza un sistema de transporte, sino también de cómo se estructura la demanda, misma que depende de la forma urbana, de la distribución espacial de la población y muy en especial, de las actividades mismas del habitante citadino. No podemos seguir pensando que la política en materia de transporte, se limite a incrementar la oferta para atender demandas cada vez mayores, sino que es necesario actuar sobre estas de tal suerte que podamos controlar y orientar su desarrollo. Debemos buscar medidas de corto y largo plazo que modifiquen el sembrado de nuestra población y de nuestras actividades, de una forma en que podamos reducir la distancia promedio de nuestros viajes. Para ello, por ejemplo, es indispensable que la política de movilidad se coordine con las de desarrollo urbano y de vivienda.
Finalmente, es imperativo impulsar sistemas de transporte urbano sustentables, de acuerdo con las características y demandas que presente cada área urbana y que se ajuste a las variables particulares de movilidad que cada una de ellas requiera. Cada autoridad local debe proponer el plan de movilidad que mejor se adecue a sus necesidades y no soluciones “machote” que fuercen a una solución única, como se ha ido presentando con el caso de los BRT en el país.
Esto no impide que una política nacional de movilidad, presente los lineamientos generales que den respuesta a las pautas de desarrollo sustentable. Estas pautas deben ser consistentes particularmente con las políticas sociales y ambientales, y deben apuntar a la limitación de la expansión de la movilidad individual, al desarrollo de un transporte público urbano y regional de calidad, a la promoción del transporte peatonal y ciclista, y finalmente, a contar con ciudades vivibles y habitables por todos los mexicanos.
El ignorar estos tres retos, seguramente pondrá en riesgo las ventajas que hoy en día tienen las ciudades mexicanas en términos de economías de escala, de aglomeración y de densidad urbana. Las ciudades del país están demandando una calidad de vida y la congestión que hoy vivimos en muchas ciudades, afecta a todos.
