Sabemos que las ciudades para avanzar deben incentivar el uso de modos sustentables de movilidad, deben acompañarse por instituciones que contribuyan a establecer políticas públicas, es decir, acciones de gobierno de las cuales surjan decisiones basadas en un diagnóstico y análisis, en la atención efectiva de problemas públicos específicos, por ejemplo, aquellas que contemplen transporte eficiente, entre otras cosas, que permita mejorar la competitividad, aumentar la integración social, brindar seguridad en los desplazamientos, incrementar la calidad de vida y procurar la salud de sus habitantes.
¿Por qué es importante detenerse en las políticas públicas para la movilidad? porque las acciones de movilidad sustentable deben contribuir a la reducción o contención de los efectos negativos en el entorno, la contratación de obra es uno de los medios para concretar la inversión en infraestructura pública, por eso es importante que las políticas en la materia promuevan el mayor valor a cambio del dinero público y terminar con la opacidad, falta de normativa y consolidar la transparencia.
Porque se tiene la experiencia de que los proyectos que se construyen no necesariamente son los que México más requiere, casos de que se ha hecho planeación deficiente de las obras públicas son frecuentes y con costos enormes en precio y tiempo de entrega, además de los aspectos sociales por afectar tiempos de traslado o contribuir a la inseguridad. Para que las políticas públicas puedan potenciar la movilidad sustentable, éstas deben contemplar la configuración de proyectos de corto, mediano y largo plazo, de acuerdo con objetivos de desarrollo de la Ciudad.
Todo esto tomando como base políticas orientadas a mejorar la competitividad del sistema productivo, aumentar la integración social de los ciudadanos con accesibilidad más universal, brindar mayor seguridad en los desplazamientos, así como incrementar la calidad de vida y no comprometer las condiciones de salud de sus ciudadanos, a través de un brazo técnico especializado que concentre la información, realice diagnósticos, evalúe su factibilidad, ejecución, operación y forme parte de una cartera de proyectos.
Los proyectos de movilidad deben considerarse como oportunidades de diálogo y participación ciudadana para definir compromisos de transparencia, desarrollar plataformas de divulgación de información en formato de datos abiertos de los proyectos de movilidad y sus contrataciones, que la información se vierta al público y que incluya los contratos; pero sobretodo deben ser considerados como herramientas para promover el desarrollo urbano, económico y social de las ciudades.
Además, de incluir en la planeación de la movilidad en el ciclo político, de otra manera, podría afectar los proyectos ejecutivos, estudios de factibilidad, la licitación pública, los derechos de vía y trámites, la viabilidad que a su vez puede afectar el cumplimiento de metas de acuerdo a los calendarios establecidos y por lo tanto, los presupuestos; así como el conocimiento por parte de los grupos de la población beneficiada, afectada o sensibles a estos problemas, lo que facilitará su implementación.
Si no se hace se corre el riesgo de desmantelar lo que se ha logrado, se debe evaluar el cumplimiento de las políticas públicas con conocimientos de base, mejorar las condiciones de competencia, definir el objeto del contrato, y adoptar una perspectiva estratégica y alejada de intereses políticos y de grupo.
