En México, la transición hacia la electromovilidad dejó de ser una conversación aspiracional para convertirse en una estrategia económica, industrial y social en construcción. Desde la Secretaría de Economía, el enfoque no se limita a la adopción tecnológica, sino articular un ecosistema que conecte la industria automotriz, el transporte público y la infraestructura energética bajo una misma lógica de desarrollo.
En entrevista, Rodolfo Osorio, responsable de electromovilidad de la dependencia federal, plantea que la electrificación del transporte no solo implica reducir emisiones, sino mejorar las condiciones de movilidad para millones de personas, fortalecer la cadena de valor nacional y detonar nuevas oportunidades económicas.
Con casi el 70% de la población dependiendo del transporte público, el reto es mayúsculo, pues se debe contemplar desde el financiamiento de proyectos hasta la necesidad de construir una red de carga robusta y una industria nacional competitiva.
¿Cómo se está entendiendo la electromovilidad desde la Secretaría de Economía y qué papel juega en el desarrollo del país?
Para nosotros, la electromovilidad no es solo una tendencia global, es una oportunidad concreta para mejorar las condiciones económicas y sociales del país. La vemos como una herramienta para que las personas puedan moverse de manera más digna, pero también como un motor de transformación industrial. Estamos observando todo el ecosistema: la evolución de la industria automotriz, que cada vez produce más y mejores vehículos eléctricos, y el papel central del transporte público, considerando que cerca del 70% de la población depende de él.
Además, estamos trabajando en generar condiciones habilitantes, como una red de carga que dé certeza a los usuarios y estándares que acompañen esta transición. La electromovilidad tiene que venir respaldada por infraestructura, regulación y planeación para que realmente beneficie a los habitantes.
Desde esa perspectiva, ¿cuáles son los principales retos que enfrenta México para acelerar la adopción de vehículos eléctricos, especialmente en transporte público?
Uno de los principales desafíos es el financiamiento, necesitamos proyectos de transporte bien estructurados, técnicamente sólidos y financieramente viables que puedan acceder a fondos internacionales, particularmente a los llamados fondos verdes. Sin proyectos bancables, es muy difícil escalar la electromovilidad en sistemas de transporte público.
Por otro lado, está el reto de la infraestructura de carga; si bien hay urbes como la Ciudad de México que ya tienen avances importantes, todavía falta fortalecer la conectividad entre ciudades mediante corredores estratégicos. Esto permitirá que los vehículos eléctricos no solo operen en zonas urbanas aisladas, sino que formen parte de una red nacional. Todo esto, por supuesto, debe ir acompañado de estándares de seguridad y calidad.
En el marco de la política pública, ¿qué estrategias se están impulsando para consolidar esta transición?
Un eje clave es el fortalecimiento de la cadena de valor nacional a través del Plan México, se busca dar claridad sobre el rumbo del país en materia industrial y energética. Esto incluye el impulso de polos de desarrollo donde la electromovilidad juegue un papel central.
Un caso relevante es el proyecto que estamos impulsando en Chetumal, en Quintana Roo. Se trata de un sistema de transporte público que beneficiará a más de 200 mil personas y que incorporará unidades eléctricas con alto contenido nacional, como el modelo Taruk; este proyecto no solo atiende una necesidad histórica de movilidad en la ciudad, sino que también impulsa la industria mexicana.
Además, contempla la instalación de infraestructura energética, con la implementación de una planta fotovoltaica para abastecer a los autobuses, de manera que no se sature la red eléctrica local. Es un modelo integral que combina movilidad, energía e industria, y que buscamos replicar en otras regiones del país.
Este tipo de proyectos también parecen abrir oportunidades para otros sectores, como la logística o la última milla. ¿Cómo se está abordando esa integración?
Exactamente. Lo que estamos viendo es que la infraestructura de carga no debe pensarse únicamente para el transporte público; por ejemplo, en el caso de Chetumal, las estaciones de carga están diseñadas para que durante el día, puedan ser utilizadas por otros usuarios, desde taxis hasta empresas de logística que operan flotas de última milla.
Muchas de estas empresas quieren migrar a vehículos eléctricos, pero no necesariamente quieren invertir en infraestructura propia o especializarse en la gestión de carga, por eso, estamos promoviendo esquemas de colaboración donde puedan aprovechar instalaciones existentes. Esto permite optimizar la inversión, acelerar la adopción y generar un ecosistema más eficiente.
Existe un debate recurrente sobre qué debe desarrollarse primero: los vehículos o la infraestructura. ¿Cuál es la postura desde la Secretaría?
Es un falso dilema. La única forma de avanzar es hacerlo en paralelo, no podemos esperar a tener una red completamente desarrollada para introducir vehículos eléctricos, ni tampoco podemos desplegar infraestructura sin una demanda clara, ambos elementos tienen que crecer de manera coordinada.
Si no hay vehículos, la infraestructura no se utiliza, y si no hay infraestructura, los vehículos no pueden operar con certeza. Por eso, la planeación debe ser integral, considerando tanto la oferta como la demanda desde el inicio.
Finalmente, ¿qué papel juega la información y la percepción pública en este proceso de transición?
Es fundamental, todavía hoy existe mucha desinformación e incertidumbre sobre la electromovilidad, dudas sobre el rendimiento de las baterías, los costos o la seguridad. Parte del trabajo es justamente informar, demostrar que la tecnología ya es viable y que está lista para escalarse.
También es importante generar un cambio cultural, las nuevas generaciones ya tienen una visión distinta, para ellos, los vehículos eléctricos no son el futuro, sino el presente; esa es la semilla que debemos fortalecer.
Al final, la electromovilidad no es solo un cambio tecnológico, es una transformación ambiental, económica y social. Y mientras más actores se sumen, hablamos de gobiernos, empresas y ciudadanía, más rápido podremos consolidarla en México.
Más que una transición tecnológica, la electromovilidad es una estrategia integral que articula transporte público, industria nacional y energía, con potencial para mejorar la movilidad, detonar la economía y fortalecer cadenas de valor en el país.
