México se ha comprometido a reducir sus emisiones de gases de efecto invernadero en las próximas décadas, en un contexto global marcado por la urgencia climática. A través de la actualización de su Contribución Determinada a Nivel Nacional (NDC), el país estableció la meta de disminuir hasta 35% sus emisiones para 2030 y avanzar hacia la neutralidad de carbono en 2050, en línea con el Acuerdo de París.
Sin embargo, uno de los principales desafíos para cumplir estos objetivos se encuentra en el sector transporte, responsable de una proporción relevante de las emisiones contaminantes a nivel nacional y estrechamente vinculado con el modelo de desarrollo urbano y el crecimiento del parque vehicular.
De acuerdo con el Inventario Nacional de Emisiones, elaborado por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales y el Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático, el sector transporte aporta entre el 18.5% y el 25% de las emisiones de gases de efecto invernadero en México, lo que lo posiciona como uno de los principales emisores del país. Dentro de este sector, el autotransporte concentra más del 90% de las emisiones, impulsado principalmente por el uso del automóvil particular, que puede representar hasta el 80% del total, seguido por el transporte de carga, cuya participación oscila entre una cuarta y una tercera parte del sector.
Al interior del sector, el autotransporte concentra la mayor parte de las emisiones. Los vehículos particulares representan el componente dominante, impulsados por un modelo de movilidad que durante décadas ha privilegiado el uso del automóvil sobre otras formas de desplazamiento. Este patrón no solo incrementa la huella de carbono, sino que también agrava problemas de congestión, contaminación local y desigualdad en el acceso a la movilidad.
El transporte de carga, por su parte, constituye otro segmento crítico. Su crecimiento ha estado asociado al dinamismo económico y al aumento de la demanda logística, particularmente en corredores industriales y zonas metropolitanas. Aunque su participación es menor que la del transporte de pasajeros, su intensidad energética y el uso predominante de diésel lo convierten en un foco relevante de emisiones.
México busca reducir hasta 35% sus emisiones para 2030, pero el transporte, altamente dependiente del automóvil y combustibles fósiles, es uno de losprincipales obstáculos para cumplir esta meta.
En contraste, el transporte público urbano, aunque más eficiente en términos energéticos por pasajero transportado, enfrenta rezagos estructurales en cobertura, calidad del servicio e inversión, esta situación limita su capacidad para consolidarse como la columna vertebral de una movilidad baja en carbono.
Los compromisos climáticos de México se inscriben en un marco internacional más amplio. El Acuerdo de París establece la meta de limitar el aumento de la temperatura global a 1.5 grados Celsius, mientras que la Agenda 2030 de las Naciones Unidas vincula la acción climática con objetivos como ciudades sostenibles (ODS 11), salud y bienestar (ODS 3) y acción por el clima (ODS 13).
En este contexto, la descarbonización del transporte no es únicamente una obligación ambiental, sino una estrategia transversal que impacta en la calidad del aire, la salud pública y la competitividad urbana.
Hacia 2026, el país ha registrado avances principalmente en el ámbito normativo y de planeación. La actualización de metas climáticas, la incorporación de objetivos sectoriales y el impulso a políticas de transición energética representan pasos relevantes para alinear la política pública con los compromisos internacionales.
En el sector transporte, algunas ciudades han comenzado a implementar acciones específicas, como la electrificación gradual de flotas de transporte público, programas piloto para la descarbonización del transporte de carga urbana y el fortalecimiento de sistemas de movilidad masiva. Estas iniciativas, aunque aún incipientes, apuntan a una transformación estructural del sector.
No obstante, los avances conviven con tensiones importantes, el crecimiento sostenido del parque vehicular, la expansión urbana dispersa y la insuficiente inversión en infraestructura para movilidad sostenible continúan presionando al alza las emisiones. A ello se suma la persistente dependencia de combustibles fósiles, que ralentiza la transición hacia tecnologías más limpias.
Especialistas en movilidad y cambio climático coinciden en que el cumplimiento de las metas dependerá en gran medida de la capacidad del país para reconfigurar su modelo de transporte. Esto implica no solo la adopción de tecnologías de cero emisiones, como vehículos eléctricos, sino también la transformación de los patrones de desplazamiento.
Reducir la dependencia del automóvil, fortalecer el transporte público, promover la movilidad activa y diseñar ciudades más compactas y accesibles son elementos centrales en esta transición. Sin estos cambios estructurales, las mejoras tecnológicas por sí solas resultarían insuficientes para alcanzar los objetivos climáticos.
Además, el sector transporte ofrece una oportunidad estratégica: es uno de los pocos ámbitos donde las políticas públicas pueden generar beneficios inmediatos y visibles, tanto en la reducción de emisiones como en la mejora de la calidad de vida urbana.
La evidencia internacional muestra que ciudades que han apostado por sistemas integrados de transporte, electrificación y gestión de la demanda han logrado reducir de manera significativa sus emisiones, al tiempo que mejoran la seguridad vial, disminuyen los tiempos de traslado y amplían el acceso a oportunidades.
En México, el reto radica en escalar estas soluciones y articularlas en una política nacional coherente. La coordinación entre distintos niveles de gobierno, la alineación de inversiones y la participación del sector privado serán determinantes para acelerar el proceso.
A medida que se acerca la próxima década crítica para la acción climática, el papel del transporte adquiere una relevancia central. No solo por su peso en las emisiones, sino porque su transformación implica intervenir directamente en la forma en que se estructuran las ciudades y se organiza la vida cotidiana.
Cumplir los compromisos internacionales requerirá algo más que metas en papel. Implicará decisiones de política pública que redefinan prioridades: del automóvil a las personas, de la expansión urbana a la proximidad, y de los combustibles fósiles a la movilidad limpia.
La descarbonización del sector requiere cambios estructurales: fortalecer el transporte público, impulsar la movilidad activa, electrificar flotas y replantear el modelo urbano.
