Un gran pendiente del Estado mexicano, que da empleos, ofrece soluciones de movilidad, donde nadie más interviene y que genera ingresos por más de 30 mil millones de pesos al año.
El transporte de barrio es un sistema de movilidad no reconocido legalmente en México, pero muy indispensable en varios puntos del país, sobre todo en las grandes metrópolis. Su auge aumenta a pasos agigantados, y su fuerza se concentra en ser un alimentador para otros transportes, desde urbanos hasta masivos. Adicionalmente, se encuentra donde hay carencias de otros medios debido a las características de los territorios o barrios, y a temas sociales como seguridad y calles inconclusas o sin mantenimiento. En el plano rural, se ha convertido en la gran solución para ingresar o salir de comunidades con caminos limitados. Al ser unidades pequeñas, consiguen acceder y moverse donde ningún otro transporte puede.
Este sector, ya sea en ciudades o en comunidades rurales, se enfrenta a una paradoja: a pesar de contar con más de 30 años de historia, sigue siendo informal, sin reconocimiento legal y mucho menos con derechos.
Algunos municipios y estados del país han intentado realizar regulaciones; sin embargo, la realidad es que solo terminan siendo sistemas de recaudación y obligaciones, sin beneficiar al transportista y mucho menos al usuario. Y si además agregamos que, de forma mediática, se les ha criminalizado por diferentes autoridades, no existe una interlocución abierta, lo que termina en rechazo e indiferencia, dejando que crezcan y que hoy en día funcionen como una válvula de escape con taponamiento.
Derivado de la experiencia de los transportistas, de escuchar las necesidades de los usuarios y de las nuevas reformas en materia de movilidad y derechos, nos hemos dado a la tarea de crear: EL PLAN DE JUSTICIA PARA EL TRANSPORTE DE BARRIO, con el objetivo de RECONOCER, DIGNIFICAR Y REGULARIZAR el servicio de transporte de barrio (mototaxis), integrándolo al marco legal de movilidad y garantizando los derechos sociales de sus trabajadores.
Y, claro, con una visión innovadora: que el transporte de barrio realice una transición a energías limpias, siga siendo motor de la economía, circule por los barrios y promueva la inclusión social de migrantes e indígenas. Este transporte se convertirá en un santuario y referente de justicia social.
El transporte de barrio es un sistema informal que cumple un papel crucial en la movilidad urbana y rural de México, generando empleo y ofreciendo soluciones donde otros transportes no llegan.
Datos importantes:
- Viajes en ciudades de 1 a 5 km.
- Más de 200 mil familias en el país brindan este servicio; solo en CDMX y la zona metropolitana son 100 mil.
- Mueven a millones de personas, tanto en ciudades como en comunidades.
- Los operadores no tienen seguridad social ni derechos laborales.
- Hay limitaciones de créditos y estímulos para mejorar sus servicios.
- A nivel general, los usuarios los califican como un transporte rápido, económico y confiable.
- Las autoridades señalan que son inseguros y de riesgo vial, pero los números de siniestros son bajos y no graves.
- Muchos conductores ya reciben capacitación desde sus propias cooperativas u organizaciones.
El plan contempla 12 ejes fundamentales:
RECONOCIMIENTO EN LA LEY: Incluir al transporte de barrio en la legislación para que deje de ser perseguido y se convierta en parte formal del sistema de movilidad a nivel federal y estatal.
- DERECHOS SOCIALES: Que los conductores tengan acceso a salud, vivienda y pensión como cualquier trabajador.
- REGLAS CLARAS EN LA CALLE: Paradas seguras, campañas de cultura vial y orden en el tránsito, siempre respetando y protegiendo al peatón.
- ORGANIZACIÓN COMUNITARIA: Formar cooperativas para trabajar unidos, con igualdad de opinión y voto; comprar a mejores precios y contar con centros de servicio propios para mantenimiento, reparación de unidades y aprovechamiento del reciclaje.
- SEGURIDAD PARA TODOS: Unidades con GPS, cámaras y botones de emergencia para la protección de usuarios y choferes.
- CAPACITACIÓN: Formación en conducción segura, primeros auxilios, trato respetuoso, derechos humanos y normatividad.
- ESCUCHA CIUDADANA: Realizar foros y consultas donde participen vecinos, transportistas, autoridades, especialistas y academia para analizar y decidir juntos sobre la problemática que enfrentan y las propuestas de solución.
- INCLUSIÓN DE MIGRANTES: Apoyar a los migrantes que ya trabajan en este sector, otorgándoles documentación, capacitación y la oportunidad de trabajar con dignidad.
- IMPULSO A LA ECONOMÍA LOCAL: Conectar para mejorar las ventas de los comercios de barrio, apoyar entregas a domicilio y abrir puertas al turismo comunitario.
- TECNOLOGÍA AL SERVICIO: Facilitar medios digitales para cobrar los viajes, utilizando lo último en tecnología.
- CRÉDITOS Y APOYOS: Otorgar créditos sencillos y flexibles para la mejora de unidades y acceso a servicios financieros.
- TRANSPORTE LIMPIO: Transitar con unidades eléctricas o de cero emisiones, hechas en México, asequibles y de fácil mantenimiento.
El transporte de barrio no es un obstáculo, sino una solución creada por la gente desde sus propios núcleos. Existe una gran deuda del gobierno, ya que no diseña soluciones integrales para millones de usuarios, mientras que en otros países se observa un progreso significativo.
Este plan busca reconocer el valor y dar certeza a quienes lo usan y manejan. Por ello, ya hay una iniciativa federal robusta en San Lázaro (Cámara de Diputados) para reformar la Ley General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano y la Ley General de Seguridad Vial. Posteriormente, se trabajará con otras comisiones para garantizar cambios de mejora integral, eliminando malas prácticas de funcionarios y políticos en algunos estados, municipios y alcaldías.
La reforma contará con el visto bueno de quienes usan, conviven y prestan el servicio en barrios, colonias y comunidades de todo el país, siendo un gran ejemplo de certeza para todos.
El Plan de Justicia para el Transporte de Barrio busca reconocer, dignificar y regularizar este servicio, incorporándolo al marco legal, garantizando derechos sociales, promoviendo inclusión y transición a transporte limpio y tecnológico.
