La crisis climática global está obligando a los gobiernos y actores sociales a buscar soluciones urgentes para mitigar sus efectos. La movilidad sostenible emerge como un pilar clave en la lucha contra el cambio climático, dado que el sector del transporte es uno de los principales contribuyentes a las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI).
En México, el transporte es una de las principales fuentes de emisiones de gases de efecto invernadero (GEI). Según el Inventario Nacional de Emisiones de Gases y Compuestos de Efecto Invernadero (INEGyCEI) 2019, elaborado por el Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático (INECC), el subsector de autotransporte representó el 18.5% de las emisiones totales de GEI del país en 2019.1 Diversos análisis técnicos y marcos de evaluación más amplios han señalado que, al considerar no solo las emisiones directas de la combustión vehicular, sino también otros factores asociados al uso intensivo del transporte motorizado, la contribución del autotransporte a las emisiones totales puede ser aún mayor.
Asimismo, dentro de este sector, el transporte privado y la flota vehicular desempeñan un papel significativo en la contaminación del aire, particularmente en las grandes zonas urbanas, donde se consolidan como una de las principales fuentes de contaminantes atmosféricos como los óxidos de nitrógeno (NOx) y las partículas finas (PM₂.₅), ambos con impactos severos y documentados en la salud pública.2
Por ejemplo, en la Ciudad de México, a pesar de los esfuerzos realizados por el gobierno para fortalecer la movilidad sustentable -como la expansión del Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro, la mejora y ampliación de la red de Metrobús (BRT) y el crecimiento de la infraestructura ciclista-, las emisiones del sector transporte no han disminuido de manera significativa, y la congestión vehicular continúa siendo un problema estructural. Este escenario evidencia que las políticas públicas, aunque necesarias, resultan insuficientes si no se acompañan de cambios en los patrones de movilidad y del involucramiento de otros actores clave. En este contexto, un enfoque integral que combine los esfuerzos del gobierno y del sector privado se vuelve una necesidad urgente para enfrentar la crisis de la movilidad urbana en México. Este artículo analiza cómo un modelo de corresponsabilidad, en el que ambos sectores colaboren activamente, puede contribuir a transformar la movilidad urbana, reducir las emisiones de GEI y, al mismo tiempo, mejorar la calidad de vida de la población.
Contexto
La Ciudad de México enfrenta retos persistentes de congestión vehicular que afectan la calidad de vida y el funcionamiento socioeconómico de la ciudad. Según el TomTom Traffic Index 2025, la Ciudad de México ocupó el primer lugar mundial en congestión vehicular, con un nivel promedio de congestión del 75.9 %, lo que equivale a 184 horas al año perdidas en el tráfico por cada conductor, más de siete días completos de tiempo productivo.3
Si bien se han implementado iniciativas para ampliar y modernizar el sistema de transporte público -como la incorporación de unidades eléctricas en el Metrobús y la expansión de la red del Metro- estos esfuerzos no han sido suficientes para revertir las condiciones actuales. La persistencia de elevados niveles de congestión vehicular y emisiones contaminantes evidencia la necesidad de políticas públicas más integrales, orientadas no solo a fortalecer y modernizar la infraestructura existente o crear nueva infraestructura, sino también a promover alternativas de movilidad sostenibles, eficientes y de menor impacto ambiental.
A nivel nacional, el sector transporte sigue siendo una de las principales fuentes de emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) en México, representando aproximadamente el 23% de las emisiones totales del país en 2024 y manteniéndose como el sector con mayor contribución de emisiones, principalmente debido al transporte por carretera y al uso de automóviles particulares. Esta fuerte dependencia del vehículo privado explica que los modos de transporte sostenibles -como la bicicleta o los vehículos eléctricos- continúen representando una proporción relativamente pequeña dentro de la matriz de movilidad nacional, lo cual limita el avance hacia sistemas de movilidad más limpios y eficientes.4 En respuesta a este reto, el gobierno mexicano ha implementado diversas estrategias de mitigación ambiental, como la Ley General de Cambio Climático de 2012, que establece metas de reducción de GEI a largo plazo. Sin embargo, aún falta una política integral que involucre de manera activa al sector privado, particularmente en lo relativo a los desplazamientos laborales y la implementación de soluciones conjuntas entre gobierno y empresas para reducir la huella de carbono del transporte urbano.
Para México, avanzar hacia este modelo requiere integración multisectorial: planeación urbana, transporte, desarrollo de vivienda, medio ambiente y empleo deben alinearse con objetivos de sostenibilidad.
El Modelo de Corresponsabilidad: Colaboración entre Gobierno y Empresas
Un modelo de corresponsabilidad en movilidad sostenible implica que tanto el gobierno como las empresas asuman roles activos y colaborativos en la reducción de emisiones derivadas del transporte. La clave de este enfoque radica en reconocer que, si bien el gobierno tiene la responsabilidad de desarrollar la infraestructura adecuada y regular los diferentes modos de transporte, el sector privado también desempeña un papel fundamental debido a su capacidad para influir en los desplazamientos diarios de millones de empleados. Por ejemplo, en la Zona Metropolitana del Valle de México (ZMVM), el 58.1 % de los viajes realizados entre semana tienen como propósito principal el trabajo.5 De manera similar, estudios de movilidad urbana en zonas metropolitanas como Guadalajara y Monterrey muestran que los desplazamientos por motivos laborales constituyen una proporción relevante de los viajes diarios, aunque con variaciones asociadas a la estructura urbana y a los patrones locales de movilidad. En conjunto, esta evidencia pone de manifiesto que el viaje al trabajo representa un componente central de la movilidad urbana en las principales ciudades del país, lo que resalta la necesidad de políticas públicas y estrategias empresariales que promuevan alternativas de transporte sostenible orientadas al ámbito laboral.
La pertinencia de este enfoque se ve reforzada por experiencias internacionales que han incorporado la corresponsabilidad público-privada como eje central de sus políticas de movilidad. En Europa, países como España e Italia han avanzado en la adopción de marcos normativos que obligan a las empresas a participar activamente en la gestión de la movilidad laboral. En el caso español, la reciente Ley 9/2025 de Movilidad Sostenible introduce la obligación de elaborar planes de movilidad al trabajo para determinadas empresas, mientras que en Italia esta exigencia se encuentra vigente desde el año 2021. Estas iniciativas se alinean con los compromisos establecidos en el Acuerdo de París, que hace un llamado explícito a intensificar los esfuerzos de mitigación climática e involucra no solo a los Estados, sino también a ciudades, gobiernos locales, sociedad civil y sector privado.
Uno de los modelos más representativos de este enfoque es el “Piano di Spostamento Casa-Lavoro” (PSCL) implementado en Italia6, el cual obliga a las empresas con más de 100 empleados a diseñar e implementar planes de movilidad sostenible orientados a reducir el uso del automóvil privado en los desplazamientos laborales.
De acuerdo con datos del Piano di Spostamento Casa-Lavoro (PSCL) de la Región Autónoma de Trentino-Alto Adige, la implementación de las medidas contempladas en el PSCL 2025 permitirá evitar la emisión de más de 2.6 millones de kilogramos de CO₂ anuales, una reducción equivalente a la capacidad de absorción de más de 120,000 árboles. Asimismo, se estima que estas acciones podrían generar ahorros superiores a los 240,000 euros, derivados tanto de la disminución de costos operativos como de beneficios económicos directos para las personas.7
El Rol del Gobierno
El gobierno mexicano desempeña un papel fundamental en la promoción de una movilidad urbana sostenible, en tanto es responsable de generar las condiciones normativas, institucionales e infraestructurales que permitan la transición hacia sistemas de transporte más limpios, eficientes e inclusivos. A nivel federal, se han impulsado instrumentos relevantes como los Programas de Gestión para Mejorar la Calidad del Aire (PROAIRE), los cuales establecen metas específicas para la reducción de contaminantes y emisiones en las zonas metropolitanas con mayores problemas de calidad del aire. Asimismo, se ha promulgado la Ley General de Cambio Climático, que establece como meta de largo plazo la reducción del 50% de las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) hacia el año 2050, en concordancia con los compromisos internacionales asumidos por México.
No obstante, a pesar de estos avances, las políticas actuales presentan limitaciones importantes, particularmente por la ausencia de mecanismos regulatorios e incentivos sistemáticos que involucren de manera activa al sector privado en la transición hacia una movilidad sostenible. Esta omisión resulta especialmente relevante en el ámbito de los desplazamientos laborales, que constituyen una parte sustancial de la movilidad urbana diaria y contribuyen de manera significativa al consumo energético y a las emisiones asociadas al transporte en las ciudades.
En este contexto, uno de los principales retos es el diseño de una política integral de movilidad que reconozca al sector empresarial como actor corresponsable, especialmente en lo relativo a la gestión de los viajes casa-trabajo. La creación de incentivos fiscales para empresas que inviertan en soluciones de transporte limpio, así como el fortalecimiento de la infraestructura de recarga para vehículos eléctricos y de equipamientos ciclistas -como sistemas de bicicleta compartida o estacionamientos seguros-, constituye un elemento clave para generar impactos sostenidos en el tiempo.
El gobierno también puede incidir de manera significativa a través de la legislación urbana y el ordenamiento del uso del suelo. Un ejemplo destacado es la reforma implementada en 2017 en la Ciudad de México, que eliminó los mínimos obligatorios de estacionamiento en nuevos desarrollos inmobiliarios y estableció límites máximos permitidos, con el objetivo de reducir la dependencia del automóvil y fomentar modos de transporte más sostenibles. Esta medida, impulsada con el respaldo técnico del Instituto de Políticas para el Transporte y el Desarrollo (ITDP), representa un avance relevante en la integración entre políticas de movilidad y desarrollo urbano. Sin embargo, persiste la necesidad de contar con un marco normativo nacional más robusto que regule el uso del espacio urbano bajo principios de sostenibilidad.
En paralelo, los gobiernos locales han asumido un papel cada vez más activo en la transformación de la movilidad urbana, complementando los esfuerzos del gobierno federal. En la Ciudad de México, una inversión pública significativa en movilidad integrada y sustentable ha permitido la expansión de sistemas como el Metrobús, el Cablebús, la red ciclista y la incorporación de tecnologías de electromovilidad mediante trolebuses y autobuses eléctricos. Asimismo, la implementación de la Tarjeta de Movilidad Integrada ha contribuido a mejorar la eficiencia y accesibilidad del sistema de transporte al facilitar la intermodalidad.
En Monterrey, el gobierno estatal ha reformado su Ley de Movilidad Sostenible, de Accesibilidad y Seguridad Vial para incorporar principios de sostenibilidad, accesibilidad y prioridad para peatones, ciclistas y usuarios del transporte público, además de promover la construcción de proyectos estratégicos como la Línea 6 del Metrorrey, orientados a mejorar la conectividad metropolitana y ofrecer alternativas al uso del vehículo particular. Estas acciones reflejan un esfuerzo normativo y de infraestructura en curso para promover una movilidad más sostenible en la región.
Por su parte, en Guadalajara, el gobierno estatal ha impulsado el desarrollo del sistema Mi Macro (BRT) como parte de las soluciones de transporte público de alta capacidad, así como mejoras y ampliaciones en el Sistema de Tren Eléctrico Urbano (SITEUR). A través del Instituto Metropolitano de Planeación (IMEPLAN), se han promovido mecanismos de gobernanza metropolitana orientados a coordinar la planificación y ejecución de políticas integrales de movilidad sostenible.
Un componente frecuentemente subestimado, pero central para la movilidad urbana sostenible, es la política de vivienda y desarrollo urbano. La localización de los conjuntos habitacionales en relación con los centros de empleo, educación y servicios determina en gran medida la necesidad y extensión de los desplazamientos diarios. La expansión urbana desordenada en diversas ciudades mexicanas ha dado lugar a zonas residenciales alejadas, mal conectadas y altamente dependientes del automóvil. Por ello, resulta fundamental que las políticas de vivienda se articulen con los objetivos de movilidad sostenible, priorizando proyectos bien localizados, densificados y con acceso efectivo al transporte público. Esta integración puede reducir de manera significativa la demanda de viajes motorizados, las emisiones asociadas y, al mismo tiempo, mejorar la calidad de vida de la población.
En conjunto, estos esfuerzos muestran que los gobiernos de las principales ciudades mexicanas están asumiendo con mayor seriedad su papel en la lucha contra el cambio climático. No obstante, para consolidar un verdadero modelo de corresponsabilidad, resulta indispensable que estas iniciativas se complementen con marcos regulatorios nacionales que incentiven y regulen la participación del sector privado. Solo mediante una acción coordinada entre los distintos niveles de gobierno y el sector empresarial será posible avanzar hacia un sistema de transporte urbano más equitativo, eficiente y resiliente frente a los desafíos ambientales del presente y futuro.
La implementación de planes de movilidad empresarial, infraestructura limpia y tecnologías inteligentes es fundamental para lograr resultados medibles y duraderos.
El Rol de las Empresas
Las empresas privadas desempeñan un papel estratégico en la transición hacia modelos de movilidad sostenible, no solo por su capacidad para reducir de manera directa las emisiones asociadas a sus operaciones, sino también por su influencia en los patrones de desplazamiento cotidiano de sus empleados y, de forma indirecta, en la configuración de la infraestructura urbana. La adopción de planes de movilidad sostenible en el ámbito empresarial contribuye de manera significativa a la disminución de las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) asociadas al transporte, al tiempo que genera beneficios operativos y organizacionales, como una mayor eficiencia en los desplazamientos, la reducción de costos vinculados al uso intensivo del automóvil particular y la mejora de la calidad de vida laboral.
En este sentido, resulta fundamental que las empresas asuman una responsabilidad activa y sistemática en la mitigación de las emisiones derivadas de la movilidad, no solo como una acción alineada con los objetivos climáticos nacionales e internacionales, sino también como una estrategia empresarial orientada a fortalecer su competitividad, su resiliencia operativa y su reputación social. La movilidad sostenible puede integrarse así como un componente transversal de la responsabilidad social corporativa y de la gestión empresarial contemporánea.
Las empresas pueden contribuir a este objetivo mediante una diversidad de acciones, que van desde la provisión de infraestructura propia hasta la implementación de incentivos y programas de gestión de la movilidad. Entre las medidas más relevantes se encuentra el desarrollo de infraestructura que favorezca alternativas al uso del automóvil privado, como la habilitación de estacionamientos seguros para bicicletas, la instalación de estaciones de recarga para vehículos eléctricos y la incorporación de flotas corporativas de vehículos de bajas o nulas emisiones. En ciudades como Monterrey, diversas empresas han comenzado a instalar infraestructura de recarga para vehículos eléctricos, contribuyendo tanto a la reducción de emisiones asociadas a la movilidad corporativa como al fortalecimiento de la red urbana necesaria para la transición hacia tecnologías más limpias.
Asimismo, el sector empresarial cuenta con un amplio margen de acción para promover esquemas de movilidad compartida entre sus trabajadores. Iniciativas como los programas de auto compartido (carpooling) permiten disminuir el número de vehículos en circulación durante los horarios de mayor demanda, lo que se traduce en reducciones en la congestión vehicular, el consumo energético y las emisiones contaminantes. De acuerdo con el World Resources Institute (WRI), las empresas que han implementado este tipo de programas han logrado reducciones significativas en el volumen de viajes motorizados individuales, con efectos positivos en la calidad del aire y en los tiempos de desplazamiento.8
De igual forma, las políticas de incentivos dirigidas a los empleados constituyen una herramienta eficaz para fomentar cambios en los hábitos de movilidad. El otorgamiento de subsidios o apoyos para el uso del transporte público, así como la promoción de esquemas de transporte intermodal que integren bicicleta, transporte público y vehículos eléctricos, puede facilitar la adopción de alternativas más sostenibles y reducir la dependencia del automóvil privado.
Si bien algunas empresas pueden percibir la implementación de estas estrategias como una inversión elevada, existen acciones de bajo costo con alto impacto potencial. La promoción del trabajo remoto o de esquemas laborales flexibles, por ejemplo, reduce de manera directa la necesidad de desplazamientos diarios, con un impacto inmediato en la disminución de emisiones de CO₂. De igual forma, las campañas internas de sensibilización, el desarrollo de plataformas corporativas de movilidad compartida o el respaldo institucional a políticas públicas de transporte sostenible pueden influir significativamente en el comportamiento de los empleados sin requerir grandes inversiones en infraestructura.
En suma, la colaboración activa entre empresas, gobiernos y sociedad civil resulta indispensable para lograr una transformación profunda y duradera de la movilidad urbana. Al adoptar prácticas de movilidad sostenible, las empresas no solo contribuyen a la mitigación del cambio climático, sino que también mejoran su eficiencia operativa, reducen costos y generan beneficios sociales y ambientales para las comunidades en las que operan. En este contexto, la participación del sector privado debe entenderse no únicamente como un imperativo ambiental, sino como una oportunidad estratégica para innovar y liderar la transición hacia un modelo de desarrollo urbano más sostenible e inclusivo.
* Solo mediante la colaboración activa entre gobierno, empresas y sociedad civil se podrá establecer un nuevo pacto social y ambiental, asegurando un presentey futuro urbano más sostenible para México.
Retos y Oportunidades
México enfrenta desafíos significativos para implementar un modelo de corresponsabilidad en la movilidad sostenible, que involucra tanto a empresas como a ciudadanos. Uno de los principales obstáculos es la resistencia al cambio, especialmente entre quienes utilizan el automóvil privado como principal medio de transporte. Este hábito está profundamente arraigado en la cultura urbana, donde el automóvil se percibe como símbolo de estatus y autonomía. Sin embargo, estudios indican que programas de incentivos, como subsidios al transporte público o beneficios fiscales para vehículos eléctricos, pueden fomentar un cambio gradual hacia alternativas más sostenibles. Por ejemplo, algunos estados han implementado exenciones o reducciones en el pago de la tenencia vehicular, especialmente para automóviles eléctricos o híbridos, con el fin de fomentar la adopción de tecnologías limpias. La cooperación público-privada y el diseño de políticas integrales son clave para acelerar la adopción de tecnologías limpias y reducir la dependencia del automóvil convencional.
Otro desafío relevante es la insuficiente infraestructura para transporte sostenible en muchas ciudades mexicanas. Más de la mitad de las viviendas del país carecen de acceso adecuado a transporte público cercano, obligando a millones de personas a invertir más de dos horas diarias en sus traslados.9 Además, evaluaciones de movilidad urbana han identificado deficiencias en áreas como accesibilidad, eficiencia, seguridad y sostenibilidad, lo que limita el uso de modos de transporte limpio y perpetúa la dependencia del automóvil privado.10
En cuanto a la infraestructura para modos de transporte alternativos, algunas metrópolis mexicanas han logrado avances importantes. Por ejemplo, la Ciudad de México cuenta con más de 500 km de ciclovías y la Zona Metropolitana de Guadalajara supera los 400 km. Aunque estas redes representan un progreso significativo, aún no están totalmente conectadas ni cubren todas las áreas urbanas, lo que limita su uso como alternativa al automóvil privado. De manera similar, la infraestructura de recarga para vehículos eléctricos ha crecido de manera notable, alcanzando más de 2,000 estaciones públicas en 2022, concentradas principalmente en las grandes ciudades. Este desarrollo impulsa la adopción de tecnologías limpias, aunque su cobertura todavía puede ampliarse para favorecer un uso más generalizado.11
En conjunto, estos retos subrayan la necesidad de políticas públicas más integrales que no solo fortalezcan la infraestructura existente, sino que también promuevan la corresponsabilidad entre gobierno, sector privado y sociedad civil. Solo mediante un enfoque coordinado y estratégico será posible reducir la dependencia del automóvil, disminuir las emisiones de gases de efecto invernadero y avanzar hacia ciudades más sostenibles y habitables.
La normativa mexicana en materia de movilidad sostenible aún es fragmentada y carece de mecanismos claros para evaluar la efectividad de las políticas existentes. Contar con un marco legal, ya sea obligatorio o voluntario, que guíe la implementación y seguimiento de los planes de movilidad sostenible sería un paso fundamental para garantizar resultados consistentes y medibles.
A pesar de estos desafíos, las oportunidades son evidentes. La transición hacia un modelo de movilidad más sostenible puede mejorar la calidad del aire, reducir las emisiones de gases de efecto invernadero y generar beneficios económicos. Para las empresas, adoptar prácticas sostenibles no solo fortalece la imagen corporativa, sino que también puede reducir costos operativos y abrir oportunidades en sectores innovadores como transporte eléctrico, infraestructura inteligente y movilidad compartida. La colaboración activa entre gobierno, sector privado y sociedad civil será clave para impulsar ciudades más limpias, eficientes y habitables.
REFERENCIAS
1 https://www.gob.mx/inecc/articulos/inventario-nacional-de-emisiones-de-gases-y-compuestos-de-efecto-invernadero-inegycei-de-mexico-1990-2019
2 https://www.ipcc.ch/report/ar6/wg3/chapter/chapter-10/
3 TomTom. (2025). TomTom Traffic Index: Mexico City. Recuperado de: https://www.tomtom.com/traffic-index/mexico-city-traffic
4 https://www.statista.com/topics/10748/emissions-in-mexico/
5 INEGI (2017). Encuesta Origen-Destino en Hogares de la Zona Metropolitana del Valle de México 2017. https://www.inegi.org.mx/rnm/index.php/catalog/533
6 https://www.mit.gov.it/nfsmitgov/files/media/documentazione/2021-08/2021.08.03_Linee_guida_PSCL_-_finale.pdf
7 https://www.regione.taa.it/News/Comunicati-stampa/MOBILITY-MANAGER-APPROVATO-IL-PIANO-2025
8 https://thecityfixlearn.org/it/resource/programas-de-reduccion-de-viajes-al-trabajo-el-papel-de-las-empresas-para-mejorar-la-movilidad-urbana/
9 https://www.eleconomista.com.mx/econohabitat/En-Mexico-56-de-las-viviendas-no-tiene-acceso-a-la-infraestructura-de-transporte-publico-20230119-0076.html
10 https://www.reforma.com/reprueba-transporte-publico-en-31-de-32-ciudades-de-mexico/ar2891772
11 https://www.mdpi.com/2032-6653/16/6/333
