Diversas organizaciones de la sociedad civil hicieron un llamado al Gobierno de Yucatán para que el financiamiento de 1,500 millones de pesos previsto para el plan Renacimiento de Mérida priorice proyectos que fortalezcan el transporte público, la infraestructura peatonal y ciclista, así como la accesibilidad universal, en lugar de destinar la mayor parte de los recursos a obras orientadas a agilizar la circulación de vehículos particulares.
En un posicionamiento conjunto, colectivos como Haciendo Ciudad, Cicloturixes, Observatorio de Movilidad Sostenible de Mérida, Poder AntiGandalla Mérida y Reflexión y Acción Feminista señalaron que su análisis se centra exclusivamente en el componente de movilidad y vialidades contemplado dentro del financiamiento, sin cuestionar las inversiones previstas para seguridad pública o infraestructura hídrica.
Las organizaciones reconocieron que, durante el proceso de consulta, el Ejecutivo estatal comenzó a incorporar en sus presentaciones el concepto de pirámide de movilidad, principio establecido en la Ley General de Movilidad y Seguridad Vial que coloca en el primer nivel a las personas peatones, seguidas por ciclistas, transporte público y, finalmente, el vehículo particular. No obstante, consideraron que este cambio de narrativa debe traducirse en decisiones concretas sobre el destino de los recursos.
“La consulta pública debe servir para contrastar alternativas de solución y demostrar de qué manera las propuestas ciudadanas modifican las decisiones finales. De lo contrario, la participación se convierte únicamente en un ejercicio consultivo sin incidencia real”, señalaron las organizaciones en su posicionamiento.
Uno de los principales cuestionamientos se dirige al diseño de las mesas de trabajo y de la encuesta difundida por el Gobierno estatal, ya que, según los colectivos, las opciones sometidas a consideración se concentraron en infraestructura para automóviles, como pasos inferiores, retornos, carriles laterales, ampliaciones de vialidades, glorietas y puentes peatonales.
A juicio de las agrupaciones, este enfoque limita la discusión sobre el futuro de la movilidad en Mérida, pues plantea únicamente distintas modalidades de infraestructura vial para el automóvil, en lugar de evaluar soluciones que permitan incrementar la participación del transporte público, mejorar las condiciones para caminar o desplazarse en bicicleta y reducir la dependencia del vehículo privado.
Asimismo, advirtieron que conceptos utilizados durante los foros, como “modernizar”, “adecuar” o “mejorar la infraestructura vial”, carecen de definiciones específicas, lo que dificulta conocer el alcance real de las obras que eventualmente serían financiadas con el empréstito. En ese sentido, insistieron en que la planeación de la movilidad debe sustentarse en criterios técnicos, evidencia y en los principios de seguridad vial, sostenibilidad y equidad establecidos en la legislación nacional, para garantizar que la inversión pública contribuya a construir una ciudad más accesible y con alternativas de transporte eficientes para toda la población.
