Escrito por: Cristela Gutiérrez / redaccion@pasajero7.com.mx
En México, la movilidad es un derecho constitucional desde diciembre de 2020. El artículo 4.º de la Constitución establece que toda persona tiene derecho a desplazarse en condiciones de seguridad vial, accesibilidad, eficiencia, sostenibilidad, calidad, inclusión e igualdad. Dos años después, en mayo de 2022, se promulgó la Ley General de Movilidad y Seguridad Vial, que establece las bases para que los tres órdenes de gobierno garanticen ese derecho.
El reconocimiento legal, sin embargo, no significa que todas las personas puedan trasladarse en las mismas condiciones. Para quienes viven con una discapacidad, abordar un autobús, llegar a una estación o pagar cada viaje puede convertirse en una barrera para acceder a la salud, el empleo, la educación y la vida social. La accesibilidad física es indispensable, pero también lo son la información, el trato del personal y las condiciones económicas para utilizar el transporte.
El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) estimó que en 2024 había 9.5 millones de personas con discapacidad en México, equivalentes al 7.3% de la población, de acuerdo con la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares (ENIGH), resultados que se publicaron en diciembre de 2025. La medición considera a quienes reportaron mucha dificultad o imposibilidad para realizar al menos una actividad, como caminar, ver, oír, recordar, comunicarse o llevar a cabo tareas de autocuidado.
A pesar de este universo de personas, México no cuenta con un esquema nacional único que garantice la accesibilidad y gratuidad del transporte público en todos los sistemas y modalidades. Las condiciones cambian según la entidad, el municipio, el operador y el tipo de servicio. La legislación federal establece principios de inclusión y accesibilidad, pero los beneficios tarifarios se concretan mediante programas y disposiciones locales.
En la Ciudad de México, las personas con discapacidad pueden acceder gratuitamente a sistemas como el Metro y otros servicios de la red pública de movilidad integrada, de acuerdo con las condiciones de cada sistema. En el Estado de México también existen beneficios de acceso gratuito en redes específicas, como Mexibús y Mexicable. En otras entidades, los apoyos pueden consistir en descuentos, gratuidad en determinadas rutas, número de viajes o servicios de transporte adaptado, sin que eso implique viajar gratis en toda la red urbana o interurbana. Para los autobuses foráneos, las condiciones también son distintas de las que rigen en los sistemas públicos locales.
La diferencia es sustancial: tener acceso gratuito a una red determinada no equivale a contar con un derecho de gratuidad aplicable de manera uniforme en todos los traslados. Tampoco basta con eliminar la tarifa si el vehículo no puede abordar a una persona usuaria de silla de ruedas, si el conductor no se detiene o si una persona ciega no tiene información suficiente para reconocer su parada.
No obstante, hay entidades que pueden ser referencia sobre lo que representa el derecho a la movilidad, especialmente para las personas con discapacidad, no porque lo tengan todo resuelto, sino porque han avanzado significativamente. Entre estas, se encuentra la ciudad de Rosario, Argentina.
En Rosario, el transporte es gratuito para las personas con discapacidad. Este derecho se sostiene en un marco normativo nacional, provincial y municipal. La Ley Nacional 22.431, sancionada en 1981, estableció las bases del sistema de protección integral de las personas con discapacidad. En la ciudad, el pase libre municipal se reglamentó en 1987. Después llegaron cambios importantes: en 2002 se eliminó la obligación de justificar el motivo del viaje y, en 2004, el certificado de discapacidad, que se tramita una sola vez, se consolidó como documento suficiente para acceder a la gratuidad en los servicios nacionales comprendidos por la norma. La aplicación local y los mecanismos de uso se han ido adaptando con el tiempo.
La movilidad es un derecho, no un privilegio: las personas con discapacidad necesitan condiciones que les permitan desplazarse de forma accesible, segura y digna.
La gratuidad del transporte abre oportunidades: elimina una barrera económica para acceder a la salud, el empleo, la educación y la vida social.
El derecho, por tanto, no apareció de un día para otro. Su alcance práctico se amplió mediante reformas y ajustes administrativos que redujeron requisitos y facilitaron el acceso. Más recientemente, la incorporación de beneficios a tarjetas electrónicas como SUBE ha buscado simplificar el uso cotidiano.
En Rosario, las personas que cumplen los requisitos pueden utilizar gratuitamente el transporte urbano, sin un límite general de viajes diarios. Si el Certificado Único de Discapacidad (CUD) indica la necesidad de acompañante, esa persona también puede viajar sin pagar. El procedimiento no es idéntico en todos los servicios: el transporte urbano, e interurbano y los viajes nacionales de media y larga distancia tienen reglas de gestión diferentes. En algunos casos se utiliza la tarjeta con el beneficio registrado; en otros, es necesario presentar documentación o gestionar el pasaje mediante los canales correspondientes, sin embargo, a decir de los usuarios los trámites son sencillos y se realizan una sola vez.
La gratuidad importa por el ahorro que representa, pero también por las posibilidades que abre. Una persona que necesita acudir a rehabilitación varias veces por semana puede acumular un gasto considerable si debe pagar cada trayecto. Lo mismo ocurre con quien busca empleo, estudia, visita a su familia o participa en actividades culturales. Cuando el ingreso es limitado, el precio del transporte puede determinar si ese desplazamiento ocurre o no.
Mirko Rodríguez, director provincial de Personas con Discapacidad de la Zona Sur de Santa Fe, en Argentina, explica que el costo del viaje puede convertirse en una barrera directa para la participación.
Seguramente una persona con discapacidad que tenga que pagar el colectivo quizás no pueda ir a ningún lado”, señala. Para él, facilitar un traslado también permite acceder a otros servicios y actividades: “Cada vez que vos le puedas dar acceso a una persona con discapacidad, le va a dar acceso a otra oportunidad y calidad de vida”.
El funcionario distingue entre el certificado y la totalidad de la población con discapacidad. Su obtención es voluntaria y no todas las personas lo tramitan, ya sea por desconocimiento, por los obstáculos del proceso o por el estigma asociado a identificarse como una persona con discapacidad. En el departamento Rosario se concentran cerca del 40% de los certificados registrados en la provincia de Santa Fe; en la ciudad de Rosario, Rodríguez estima que hay alrededor de 40 mil. Esas cifras corresponden a certificados, no al total de personas con discapacidad que viven en el territorio.
El CUD permite acceder a distintas prestaciones, incluidas coberturas de salud, rehabilitación, apoyos educativos y transporte. Sin embargo, contar con el documento no elimina automáticamente todas las barreras: cada beneficio tiene requisitos y procedimientos propios. La simplificación administrativa es parte de la accesibilidad, porque obliga a considerar cuánto esfuerzo debe realizar una persona para ejercer un derecho que ya tiene reconocido.
Jeremías Bucci, conoce ese proceso desde su experiencia como usuario del transporte. En su niñez padeció hidrocefalia y, durante años, postergó la tramitación del certificado porque no quería ser identificado a partir de su discapacidad. Lo solicitó cuando buscaba acceder a una oportunidad laboral y el documento se convirtió en un requisito. Su experiencia muestra cómo los prejuicios pueden influir en la decisión de pedir una acreditación que facilita el acceso a derechos.
Un pasaje gratuito no garantiza por sí solo un viaje accesible: rampas funcionales, información adecuada, operadores capacitados y buen trato son indispensables para ejercer el derecho a la movilidad.
Para Bucci, los trámites aún pueden ser una dificultad. “Y para mí algo que debería ser algo más accesible y no complicarla tanto a las personas con discapacidad, en Rosario se ha facilitado mucho el trámite”, dice al referirse a los procedimientos para ejercer esos beneficios. La posibilidad de viajar gratuitamente es importante, pero también lo es que el acceso no dependa de recorridos administrativos difíciles de entender o de repetir.
Durante una semana de recorridos por Rosario, las condiciones de los autobuses y el trato hacia las personas con discapacidad ofrecieron una referencia concreta sobre cómo se expresa la accesibilidad en el servicio cotidiano. De acuerdo con la información recabada en campo, más del 85% de la flota cuenta con rampas y espacios para sillas de ruedas en condiciones adecuadas. Las personas entrevistadas describieron, en general, unidades en buen estado, viajes razonablemente cómodos y conductores que saben cómo asistir a quienes lo necesitan.
La observación de campo también permitió advertir una diferencia en la ocupación de los vehículos. En Rosario, un autobús puede considerarse lleno cuando todos los asientos están ocupados; en muchas ciudades mexicanas, en cambio, los pasajeros suelen viajar también de pie y en condiciones de mayor saturación. No se trata de una medición comparativa de ambos sistemas, sino de una diferencia observada durante los recorridos. La congestión y la saturación pueden complicar el abordaje, reducir el espacio disponible y dificultar que una persona con movilidad reducida viaje con seguridad.
La experiencia tampoco permite afirmar que todas las barreras estén resueltas. Bucci identifica dificultades particulares para las personas con discapacidad visual, que pueden necesitar ayuda para orientarse o recibir información. Menciona que algunos autobuses cuentan con sistemas GPS que anuncian las paradas si revisas en el celular, pero esa herramienta no sustituye la necesidad de información accesible y consistente en los puntos de espera y en los refugios. Sin referencias auditivas suficientes, saber cuándo abordar o dónde descender puede seguir dependiendo de la ayuda de otras personas.
La accesibilidad, además, no se limita a instalar una rampa. Requiere que el autobús se detenga, que el conductor pueda desplegar el dispositivo, que exista espacio para maniobrar y que el lugar reservado no esté ocupado. También implica mantener las unidades, capacitar al personal y asegurar que la información pueda ser utilizada por personas con distintas discapacidades, algo que según los usuarios si se respeta en Rosario. Una prestación gratuita pierde parte de su valor si el servicio no permite completar el viaje.
La experiencia de Rosario ofrece una referencia para México, no una solución que pueda trasladarse sin ajustes. Las diferencias entre marcos legales, formas de operación, financiamiento y sistemas de pago impiden comparar ambos territorios como si partieran de las mismas condiciones. Lo relevante es observar cómo la gratuidad se combina con medidas de accesibilidad física, atención a las personas usuarias y simplificación de los trámites, así como reconocer los aspectos que todavía requieren mejoras.
México enfrenta el reto de reducir las desigualdades en el acceso: los beneficios para personas con discapacidad varían entre ciudades y sistemas, mientras experiencias como la de Rosario permiten identificar avances y desafíos.
En México, el derecho constitucional a la movilidad ya establece una obligación pública; el reto es que ese principio se refleje en las condiciones concretas de cada desplazamiento. Los apoyos tarifarios locales son importantes, pero su alcance fragmentado deja a las personas sujetas a reglas distintas según dónde viven, qué sistema utilizan y a qué destino necesitan llegar. Una política más consistente tendría que asegurar no solo beneficios económicos, sino también vehículos accesibles, operadores capacitados, información comprensible y procedimientos sencillos.
La movilidad permite ejercer otros derechos. Para una persona con discapacidad, viajar no es un beneficio adicional ni una concesión: es la condición para llegar a una consulta médica, sostener un empleo, estudiar o participar en la vida de su comunidad. La gratuidad puede reducir una barrera decisiva; garantizar que el recorrido sea posible, seguro y digno exige que el derecho se cumpla durante todo el trayecto.
“En septiembre, Rosario fue sede principal de los XIII Juegos Suramericanos Santa Fe 2026; en muchos de los estadios había personas con discapacidad entre el público, en las calles, en el transporte, ellos participaron. Recibimos comentarios sobre que había muchas personas con discapacidad en la ciudad; nosotros les respondíamos, no es que haya más que en otros lugares, es que aquí pueden moverse, pueden participar y vivir la ciudad porque hay mejores condiciones que en otros lugares”, Mirko Rodríguez, director provincial de Personas con Discapacidad de la Zona Sur de Santa Fe.
