ESCRITO POR: Cristela Gutiérrez / redaccion@pasajero7.com.mx
Más de dos décadas después de que el Gobierno de Guanajuato transfirió a los municipios la responsabilidad del transporte público, concesionarios de siete ciudades advierten que el modelo muestra signos de agotamiento. La pérdida de más del 30% de los usuarios, flotas envejecidas, incertidumbre jurídica y la falta de financiamiento han abierto un debate que no puede postergarse: ¿debe el Gobierno del Estado recuperar la rectoría del sistema?
Durante más de dos décadas, el transporte público de Guanajuato operó bajo un modelo en el que los municipios asumieron la responsabilidad de planear, regular y supervisar el servicio. La descentralización prometía acercar las decisiones a las necesidades de cada ciudad y construir sistemas más eficientes, capaces de responder al crecimiento urbano y a las particularidades de cada región. Sin embargo, 24 años después, esa apuesta enfrenta su mayor prueba.
Concesionarios de León, la ciudad de Guanajuato, Celaya, Irapuato, Salamanca y Silao coinciden en un diagnóstico que rebasa las fronteras de sus municipios: el sistema perdió entre 30 y 40% de sus usuarios desde la pandemia, las flotas envejecieron, los costos de operación aumentaron de forma sostenida y los gobiernos municipales carecen de recursos para financiar la transformación que exige la movilidad actual. Para ellos, la crisis dejó de ser un problema empresarial y se convirtió en un desafío de política pública.
Mientras otras entidades impulsan la modernización mediante subsidios, programas de renovación vehicular, fideicomisos y esquemas estatales de financiamiento, en Guanajuato, afirman los transportistas, la mayor parte de la responsabilidad económica sigue recayendo en los municipios y en los propios concesionarios.
No existe un servicio de transporte público de calidad que pueda ser sustentable por sí solo. Forzosamente se necesitan subsidios para ofrecer un servicio atractivo para la gente. Si seguimos igual, no hay forma de que esto pueda mejorar”, resume Neal Ávalos, vocero de los transportistas de la ciudad de Guanajuato.
La postura es compartida por Daniel Villaseñor, presidente de la Alianza de Transportistas Urbanos y Suburbanos del Estado de Guanajuato, quien considera que el debate ya no está en las tarifas o en la renovación de autobuses, sino en la estructura institucional que sostiene al sistema.
Cuando el Estado transfirió la responsabilidad a los municipios no les transfirió los recursos necesarios para operarla. Hoy los municipios hacen lo que pueden con presupuestos limitados, pero el transporte público requiere una política estatal, financiamiento permanente y una visión de largo plazo”.
Con ciudades más grandes, nuevos hábitos de movilidad y una competencia creciente por los usuarios, los transportistas cuestionan si el modelo de municipalización que rige desde principios de este siglo conserva la capacidad de responder a una realidad muy distinta a la que le dio origen.
La municipalización, un modelo bajo revisión
El debate sobre el transporte público en el estado de Guanajuato dejó de centrarse únicamente en el estado de los autobuses o en las tarifas. Para los concesionarios, el problema está en el modelo institucional que desde 2002 transfirió a los municipios la responsabilidad de planear, regular y supervisar el servicio, sin dotarlos, afirman, de los recursos técnicos y financieros necesarios para hacerlo sostenible a largo plazo.
Neal Ávalos, señala que la descentralización nunca estuvo acompañada de una estrategia que garantizara su viabilidad.
Cuando se dio la municipalización no hubo un plan de seguimiento. No se entregaron indicadores de partida, tampoco recursos económicos ni capacitación técnica para los municipios. El Estado prácticamente dejó de dar seguimiento al transporte y cada municipio tuvo que resolver el problema con las herramientas que tenía”.
A esa condición, explica, se sumó otro obstáculo que continúa afectando la inversión: la incertidumbre jurídica. En varios municipios los procesos de renovación de concesiones permanecen inconclusos o enfrentan litigios desde hace años, lo que dificulta comprometer recursos para modernizar las flotas.
¿Cómo voy a invertir millones de pesos en renovar una flota si no tengo certeza sobre la vigencia de mi concesión? Esa incertidumbre jurídica termina convirtiéndose también en incertidumbre económica”.
Aunque la situación legal varía entre municipios, el diagnóstico coincide en un punto: la transformación del transporte público exige inversiones que superan la capacidad financiera de la mayoría de los gobiernos municipales.
Alejandro Zavala, representante de Ómnibus de Irapuato, considera que los ayuntamientos deben seguir participando porque conocen las necesidades de sus ciudades, pero advierte que el Gobierno del Estado necesita asumir un papel mucho más activo en la planeación, coordinación y financiamiento del sistema.
El Estado también tiene que asumir una responsabilidad mucho mayor. No se trata únicamente de aportar recursos; se trata de coordinar, planear y gestionar apoyos que hoy los municipios, por sí solos, difícilmente pueden conseguir”.
Esa necesidad de revisar el modelo también aparece en Celaya. Para Roberto Jáuregui, representante de Autobuses San Miguel Octopan, es momento de evaluar el modelo de administración del transporte.
Han pasado más de veinte años desde la municipalización y es momento de evaluar sus resultados. Hay estados que operan mediante agencias estatales con autonomía técnica, legal y financiera; Guanajuato tendría que analizar si el modelo actual sigue siendo el adecuado o requiere ajustes de fondo”, plantea.
La diferencia con otras entidades se refleja en sus presupuestos. Mientras estados como Nuevo León, Jalisco, Querétaro, Aguascalientes y Ciudad de México, destinan recursos específicos para subsidiar y fortalecer el transporte público, Guanajuato no contempla una partida estatal para ese fin, de acuerdo con un análisis elaborado por la Alianza de Transportistas Urbanos y Suburbanos del Estado de Guanajuato, a partir de los Presupuestos de Egresos 2026.
La demanda de transporte público en Guanajuato cayó entre 30% y 37% desde la pandemia, mientras los costos de operación continúan aumentando y la mayoría de las flotas supera ya los 10 años de antigüedad.
La comparación revela una diferencia que, para los concesionarios, trasciende el ámbito presupuestal. Sostienen que, mientras otras entidades han convertido la movilidad en una política pública respaldada con recursos estatales, en Guanajuato la mayor parte de la responsabilidad continúa recayendo en municipios con capacidades financieras limitadas.
Para los empresarios del sector, el debate debe centrarse en qué nivel de gobierno cuenta con la capacidad técnica, financiera y de planeación para gestionar un sistema que enfrenta desafíos muy distintos a los de hace dos décadas.
Colapso multifactorial
Si existe un punto en el que coinciden los transportistas entrevistados es que la crisis actual ya no puede explicarse únicamente por la pandemia. Aunque la emergencia sanitaria marcó un antes y un después, hoy el problema responde a la combinación de menos pasajeros, mayores costos, flotas envejecidas y una creciente competencia de otros modos de transporte.
En prácticamente todos los municipios consultados, la demanda permanece entre 30% y 40% por debajo de los niveles de 2019. En Guanajuato capital, por ejemplo, el promedio diario pasó de 777 pasajeros por unidad a 489, una reducción cercana al 37%.
Seguimos pagando combustible, operadores, mantenimiento y refacciones prácticamente igual, pero con casi cuatro de cada diez pasajeros menos. Ahí empieza el problema financiero del sistema”, resume Neal Ávalos.
La tendencia se repite en el resto del estado: Irapuato estima una disminución cercana al 32%; Salamanca, alrededor del 35%; Silao, entre 35% y 40%; León y Celaya reportan caídas similares.
Ramón García, presidente de Autotransportes de Irapuato y del Fideicomiso del Sistema de Prepago, destaca que es urgente hacer cambios porque la gente se sigue moviendo.
Hemos perdido alrededor del 32% de los pasajeros. La gente sigue moviéndose, pero ahora lo hace de otras maneras: en motocicleta, en automóvil o mediante plataformas. Por eso necesitamos un estudio actualizado que nos diga cuáles son hoy las necesidades reales del usuario”, indica.
Pero la reducción de usuarios es solo una parte de la ecuación. Mientras los ingresos disminuyeron, los costos siguieron aumentando. El diésel mantiene una tendencia al alza, las refacciones y neumáticos son cada vez más costosos y el precio de los autobuses nuevos se ha incrementado de forma significativa.
El diésel llegó a rondar los 30 pesos por litro y los autobuses aumentaron cerca de 30% en un solo año. Con menos pasajeros es prácticamente imposible renovar las unidades”, menciona Germaín Hernández, representante de las líneas de transporte Guajillo de Bonillas y transporte GRF en Silao.
El resultado es un círculo difícil de romper: menos pasajeros significan menos ingresos; menores ingresos reducen la capacidad de inversión; y la falta de esta acelera el envejecimiento de la flota. En prácticamente todos los municipios entrevistados, la mayoría de las unidades ya rebasa los diez años de servicio y, en varios casos, opera cerca o por encima del límite permitido por la normativa.
Los transportistas proponen que el Gobierno de Guanajuato retome la rectoría del transporte público o, al menos, asuma un papel activo con subsidios, programas de renovación, chatarrización y financiamiento.
Para Alejandro Zavala, representante de Ómnibus de Irapuato, el retraso en la renovación de unidades no refleja falta de interés de los concesionarios, sino las consecuencias financieras de la pandemia.
Se quedaron detenidas inversiones, créditos y proyectos de renovación. Hoy seguimos intentando salir de ese hoyo, pero necesitamos financiamiento para recuperar el ritmo de modernización”.
Los propios empresarios reconocen que una flota envejecida también reduce la competitividad del servicio. Unidades con más años de operación requieren mayor mantenimiento, consumen más combustible y ofrecen una experiencia menos atractiva frente a motocicletas, automóviles o plataformas digitales.
Para Daniel Villaseñor, ese escenario demuestra que el problema no puede resolverse únicamente mediante incrementos tarifarios.
No podemos pretender que toda la modernización del transporte salga del bolsillo del usuario. En ningún lugar donde el transporte público funciona como un verdadero servicio público se financia únicamente con la tarifa. Se requieren políticas permanentes de apoyo que permitan renovar las unidades sin trasladar todo el costo a los pasajeros”.
Por su parte, Roberto Calvillo, presidente del Consejo de Administración de la Cooperativa Transporte Villa de Barahona, en Salamanca, expresó que: “Es muy difícil mantener la calidad del servicio cuando la tarifa responde a criterios sociales o políticos, pero las exigencias para renovar la flota son técnicas. Tiene que existir un punto de equilibrio, no podemos ofrecer un servicio de primera con ingresos de tercera o cuarta”.
Guanajuato destina cero pesos del presupuesto estatal al transporte público, a diferencia de entidades como Ciudad de México, Jalisco, Nuevo León o Querétaro, que cuentan con recursos específicos para fortalecer la movilidad colectiva.
La rectoría estatal, una tendencia internacional
Diversos organismos internacionales coinciden en que los sistemas de transporte público más eficientes requieren una autoridad pública con capacidad para planear, coordinar, financiar y supervisar el servicio. La Unión Internacional de Transporte Público (UITP) sostiene que la gobernanza es uno de los pilares de un transporte exitoso y que la existencia de una autoridad fuerte permite integrar rutas, infraestructura, tecnología, esquemas tarifarios y mecanismos de financiamiento, independientemente de que la operación esté a cargo de empresas públicas o concesionarios privados.
En el mismo sentido, el Banco Mundial, el Foro Internacional de Transporte (ITF) de la OCDE y la CEPAL advierten que los gobiernos locales, especialmente aquellos con presupuestos limitados, difícilmente pueden enfrentar por sí solos los retos que implica modernizar un sistema de transporte. Sus estudios señalan que la participación de los gobiernos estatales o metropolitanos facilita el acceso a subsidios, financiamiento de largo plazo, programas de renovación vehicular y políticas integrales de movilidad, además de reducir la fragmentación institucional que suele generarse cuando cada municipio administra el servicio de manera aislada.
Sin una intervención de la autoridad, concesionarios advierten un deterioro acelerado del servicio, con menos unidades, menor calidad, flotas más envejecidas y una pérdida cada vez mayor de usuarios frente a motocicletas, automóviles y otras alternativas de movilidad.
Un nuevo pacto entre Estado, municipios y transportistas
A decir de los concesionarios, el problema del transporte público en el estado de Guanajuato debe dejar de verse como un problema exclusivamente empresarial. A su juicio, la caída sostenida de pasajeros, el envejecimiento de las flotas, el incremento de los costos de operación y la falta de recursos municipales hacen inviable que la recuperación del sistema dependa únicamente de quienes operan las unidades.
La propuesta que hoy impulsan no consiste solamente en obtener mayores apoyos económicos. Lo que plantean es un cambio en el modelo de gobernanza del transporte público para que el Gobierno del Estado asuma un papel mucho más activo en la planeación, financiamiento y modernización del servicio, sin eliminar por completo la participación de los municipios.
Daniel Villaseñor sostiene que el transporte público debe dejar de verse como un servicio que puede sostenerse únicamente con la tarifa pagada por los usuarios.
Mientras otros estados destinan miles de millones de pesos para subsidiar la movilidad, en Guanajuato el presupuesto estatal para transporte público es de cero pesos. Así es muy difícil competir, renovar unidades y ofrecer un mejor servicio sin trasladar todos los costos al usuario.”
La comparación presupuestal que presentamos en nuestro primer gráfico, donde se mencionan algunas de las entidades que cuentan con presupuesto para el transporte muestra una diferencia significativa. Para los concesionarios de Guanajuato, esa inversión no representa un gasto, sino una política pública destinada a garantizar el derecho a la movilidad.
Entre las medidas que los transportistas consideran prioritarias destacan la creación de subsidios permanentes para evitar que el costo total recaiga sobre la tarifa; programas de renovación y chatarrización de unidades; créditos blandos para la adquisición de autobuses nuevos; apoyos al combustible y mecanismos financieros en los que participe el Gobierno Federal, que permitan renovar la flota sin comprometer la viabilidad económica de las empresas.
También plantean resolver uno de los problemas que, aseguran, ha frenado la inversión durante años: la incertidumbre jurídica sobre las concesiones.
Neal Ávalos explica que muchos municipios aún enfrentan procesos inconclusos derivados de la municipalización, lo que genera incertidumbre para realizar inversiones de largo plazo.
Los entrevistados reconocen que el sector también debe transformarse. La incorporación de nuevas tecnologías, mejores prácticas operativas, profesionalización de los operadores, modernización administrativa y esquemas empresariales más sólidos forman parte de los cambios que consideran indispensables para recuperar la confianza de los usuarios, saben que ellos deberán tomar acciones que marquen la diferencia.
Nosotros estamos dispuestos a subirnos al barco. Tenemos que profesionalizarnos, mejorar nuestros procesos y cumplir con estándares de calidad. Lo que ya no es sostenible es pensar que toda la modernización puede financiarse únicamente con la tarifa que paga el usuario”, apuntó, Alejandro Zavala.
Lo que está en juego es la definición del papel que debe asumir cada nivel de gobierno frente a un servicio considerado esencial para la movilidad cotidiana de millones de personas.
Para los transportistas, mantener el esquema actual significaría seguir administrando una crisis que cada año reduce pasajeros, envejece las unidades y limita la capacidad de inversión. Cambiar el modelo, sostienen, implicaría reconocer que el transporte público no es únicamente una actividad económica, sino una política pública que requiere planeación, financiamiento y una visión de largo plazo.
Lo que está en juego
Mes con mes las cifras que da a conocer el INEGI muestran una tendencia que ya no debe ignorarse: el transporte público de Guanajuato pierde pasajeros, opera con flotas cada vez más envejecidas y depende de municipios con presupuestos insuficientes para sostener su operación y modernización. Los transportistas advierten que, si el Gobierno del Estado no toma la rectoría del transporte el deterioro del servicio continuará. La decisión, sostienen, no solo definirá el futuro del sector, sino también la movilidad cotidiana de millones de personas en las ciudades guanajuatenses.
