Escrito por: Carlos Alcalde / Profesor de la UPIICSA del IPN
La historia del transporte eléctrico en México se remonta a más de un siglo. El tranvía y posteriormente el trolebús, demostró que era posible transportar pasajeros utilizando electricidad. Décadas después, sistemas de mayor capacidad, como el Metro y el Tren Ligero, ampliaron esa presencia y se convirtieron en parte de la identidad de la Ciudad de México.
Aunque estos sistemas concentran una parte importante de los viajes que se realizan en la metrópoli, otras modalidades cumplen una función esencial al alimentar sus grandes cuencas de movilidad. Aquí cobra renovado interés la incorporación de autobuses eléctricos, capaces de operar sin depender de una conexión permanente a cables aéreos ni de infraestructura férrea. Esta tecnología abre nuevas posibilidades para transformar rutas y corredores de transporte público, pero también plantea exigencias específicas en materia de inversión, infraestructura de carga, autonomía y gestión de flotas.
La electromovilidad va más allá de una moda o tendencia tecnológica: representa una transformación necesaria para avanzar hacia sistemas de transporte más sustentables. Su incorporación puede contribuir a reducir las emisiones contaminantes y gases de efecto invernadero, mejorar la calidad del aire y disminuir la dependencia de los combustibles fósiles. Pero, su verdadero valor no radica únicamente en sustituir motores de combustión por motores eléctricos, sino en lograr que la transición sea ambientalmente efectiva, operativamente viable y financieramente sostenible para quienes prestan el servicio.
La electrificación del transporte público requiere estrategias diferenciadas según el modelo de operación —gubernamental, concesionado estructurado o individual—, sus capacidades financieras, el régimen jurídico y las condiciones de inversión.
Una tecnología, distintas condiciones
El transporte público enfrenta realidades distintas ante la incorporación de nuevas fuentes de energía. Los retos van más allá de las buenas intenciones de los gobiernos y del compromiso de los prestadores del servicio, dependen de las características del servicio, su escala de operación y de manera particular, del modelo de gestión bajo el cual funciona.
Las condiciones de un sistema operado directamente por el gobierno no son las mismas que las de una empresa concesionaria ni las de un transportista que opera de manera individual. Por ello, la incorporación de tecnologías eléctricas requiere estrategias diferenciadas que respondan a las condiciones operativas, financieras y organizacionales de cada modalidad.
La transición energética debe ser ambientalmente efectiva y financieramente sostenible, con financiamiento, infraestructura de carga y certidumbre regulatoria que permitan mantener la continuidad, la seguridad y la calidad del servicio.
Para entender estas diferencias, es necesario considerar al menos tres factores: el régimen jurídico, si es gobierno o es un particular; la propiedad y disponibilidad de los espacios necesarios para el resguardo, mantenimiento y carga de las unidades; y en el transporte concesionado, la vigencia y las condiciones legales y económicas de la concesión. Este último factor incide directamente en la certidumbre de las inversiones, los plazos para recuperar el capital y los riesgos que asumen quienes prestan el servicio.
Las dificultades que enfrenta quien opera el servicio no se quedan en el ámbito empresarial o jurídico: pueden terminar reflejándose en la experiencia de las personas usuarias. Las limitaciones para financiar la flota, disponer de infraestructura adecuada o garantizar la continuidad de las inversiones pueden repercutir en la regularidad, la seguridad y la calidad del servicio. Por eso, la transición energética debe evaluarse no solo por la tecnología incorporada, sino también por la capacidad de sostener una operación eficiente, segura y confiable.
Identificamos entonces tres posibles modelos vigentes para un mismo servicio:
TRANSPORTE OPERADOR POR EL GOBIERNO
Estos sistemas suelen contar con respaldo institucional, acceso a inversión pública y mecanismos de planeación y coordinación entre dependencias que facilitan el desarrollo de proyectos de gran escala. La participación directa de la autoridad también puede favorecer la disponibilidad de terrenos e infraestructura para el resguardo, mantenimiento y carga de las unidades. Estas condiciones ofrecen ventajas para planear e incorporar flotas eléctricas; sin embargo, la implementación depende de las prioridades presupuestales, la capacidad de ejecución y las características de cada sistema.
TRANSPORTE CONCESIONADO ESTRUCTURADO
Aunque opera bajo un modelo empresarial, con una organización y capacidades de gestión definidas, la incorporación de autobuses eléctricos representa un reto de inversión y planeación financiera. Estas empresas deben resolver, con sus ingresos, recursos y compromisos financieros, la adquisición de unidades, la disponibilidad de infraestructura de carga y la continuidad de la operación durante la transición tecnológica. A ello se suman las responsabilidades frente a socios e inversionistas, el cumplimiento de las normas y obligaciones definidas en la concesión y reglas de operación, así como de los lineamientos establecidos por las distintas autoridades, no solo las que regulan el transporte. La vigencia y las condiciones de la concesión también influyen en la certidumbre necesaria para emprender inversiones de largo plazo.
TRANSPORTE CONCESIONADO INDIVIDUAL O DE MENOR ESCALA
En los servicios de taxi y en las unidades que operan bajo el esquema de hombre-camión en rutas o itinerarios fijos, la transición hacia la electromovilidad enfrenta restricciones financieras y operativas particulares. La adquisición del vehículo, el acceso a infraestructura de carga y el tiempo destinado a la recarga pueden afectar directamente los ingresos del transportista y la disponibilidad de la unidad para prestar el servicio.
A ello se suma la estrecha relación entre la demanda, los ingresos tarifarios y la capacidad de cubrir los costos de operación. Las condiciones de crédito, el costo del financiamiento y los gastos de mantenimiento pueden reducir aún más el margen disponible para invertir. La limitada disponibilidad de espacios para instalar cargadores, las dificultades para acceder a financiamiento y la incertidumbre sobre la vigencia y continuidad de la concesión también pueden desalentar inversiones de largo plazo. En este escenario, las condiciones regulatorias y el entorno político e institucional adquieren especial relevancia, pues influyen en la certidumbre necesaria para asumir compromisos financieros de esta magnitud.
El mensaje de fondo es contundente: no podemos aplicar una misma estrategia de electrificación a modelos de transporte que tienen dimensiones, estructuras financieras y condiciones de operación tan diferentes.
La transición requiere soluciones diferenciadas de financiamiento, infraestructura, regulación y gestión, acordes con la realidad de cada modalidad. De ello depende que la electromovilidad no se limite a incorporar nuevas tecnologías, sino que se convierta en una alternativa viable para quienes prestan el servicio y sostenible en el tiempo, sin comprometer la seguridad, la calidad ni la continuidad de los viajes de las personas usuarias.
