En un esfuerzo por garantizar la movilidad de los sectores más vulnerables en Jalisco, el diputado Alberto Alfaro García presentó una iniciativa para reformar el artículo 15 de la Constitución Política del Estado, con el objetivo de hacer gratuito el transporte público para adultos mayores, estudiantes y personas con discapacidad.
El legislador calificó esta propuesta como un avance en materia de inclusión y justicia social, al considerar que permitiría a miles de ciudadanos acceder sin restricciones económicas a oportunidades laborales, servicios de salud, educación y, en general, a una mejor calidad de vida.
Sin embargo, la viabilidad financiera de esta medida es un tema que requiere análisis. Alfaro García sugirió que los recursos provengan del Paquetazo 3×1, una fuente de ingresos gubernamental que, solo en enero de este año, recaudó más de 990 millones de pesos. Según el diputado, estos fondos podrían reorientarse para financiar la gratuidad del transporte en lugar de destinarse a proyectos “discrecionales” que no impactan directamente en la población más necesitada.
Pese a la relevancia social de esta propuesta, el desafío radica en su implementación. Expertos han señalado que, si bien garantizar el acceso universal al transporte público es una meta deseable, se requieren estudios técnicos y financieros sólidos para evitar que esta política se vuelva insostenible a largo plazo.
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Alfaro García hizo un llamado a sus compañeros legisladores para respaldar la iniciativa, asegurando que el acceso gratuito al transporte para los sectores vulnerables es un derecho que debe ser garantizado. No obstante, la discusión ahora recae en el Congreso local, donde se analizará si esta medida cuenta con los recursos suficientes y si su aplicación es viable sin afectar otras prioridades del presupuesto estatal.
