
La revisión del sistema de transporte en Tamaulipas dejó al descubierto un problema estructural que va más allá de unidades fuera de regla: la dificultad de supervisar y ordenar un sistema con miles de concesiones activas y una alta presencia de vehículos operando al margen de la normatividad.
De acuerdo con autoridades estatales, más de 4 mil unidades de transporte público y servicios auxiliares fueron detectadas en condiciones irregulares, incluyendo taxis, microbuses, transporte escolar y empresas de grúas. El hallazgo surge tras un proceso de verificación impulsado por la Subsecretaría del Transporte, luego de identificar que cerca de 4 mil concesiones registradas no se encontraban operando formalmente.
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Entre las unidades localizadas destacan aproximadamente mil vehículos de transporte escolar, mil microbuses y unidades de pasajeros, además de cerca de 2 mil taxis libres y de ruta.
Sin embargo, el alcance de la revisión también incluyó operativos y supervisiones encubiertas en rutas y plataformas digitales de transporte, donde se detectaron inconsistencias entre las unidades registradas y los vehículos que realmente prestaban el servicio.
“Solicitabas un vehículo en la plataforma y llegaba otro distinto; eso no es un tema menor”, sostuvo el secretario general de Gobierno, Héctor Joel Villegas González.
El funcionario subrayó que el objetivo del proceso no es únicamente administrativo, sino fortalecer las condiciones de seguridad y control operativo en el estado. “Lo más importante es la seguridad de todos, y necesitamos saber cómo se mueven, en qué se mueven y con quién se mueven”, afirmó.
El caso refleja uno de los principales retos de movilidad en distintas entidades del país, la coexistencia de servicios formales con esquemas de operación irregulares que impactan la seguridad, la calidad del servicio y la capacidad de supervisión institucional.
Además de la regularización del parque vehicular concesionado, la administración estatal plantea avanzar hacia una reorganización gradual del sistema de movilidad rumbo a 2027, en un contexto donde el control operativo y la trazabilidad de las unidades se han convertido en temas prioritarios para las autoridades.




































