El precio del transporte público en Michoacán podría dejar de depender únicamente de una decisión administrativa. El Congreso estatal busca establecer criterios objetivos para determinar futuros ajustes a la tarifa, tomando como referencia variables como el salario mínimo, el precio de los combustibles y el costo de los insumos que enfrenta el sector.
La propuesta parte de un problema que suele enfrentar dos posiciones difíciles de conciliar: los transportistas necesitan mayores ingresos para mantener y renovar sus unidades, mientras que los usuarios deben absorber cualquier incremento en el costo de sus traslados.
Hugo Rangel Vargas, diputado y presidente de la Comisión de Movilidad y Comunicaciones del Congreso de Michoacán, explicó que una iniciativa presentada por el Legislativo contempla precisamente los parámetros que deberían considerarse al momento de revisar la tarifa.
“Es una facultad totalmente del Ejecutivo, nosotros en una iniciativa de ley incluimos los criterios con los cuales debería hacerse una revisión para el aumento, como insumos, variación en el salario mínimo, variación en la gasolina”, refirió.
La discusión ocurre después del incremento más reciente al pasaje, que llevó la tarifa de 11 a 12 pesos. De acuerdo con el legislador, esta modificación fue determinada por el Poder Ejecutivo estatal y se encuentra sustentada en la publicación correspondiente en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Michoacán.
El ajuste anterior había ocurrido el 16 de abril de 2025, cuando el costo del viaje pasó de 10 a 11 pesos.
Para el Congreso, establecer una metodología permitiría que las futuras revisiones de la tarifa tengan elementos de referencia definidos y no dependan exclusivamente de una determinación aislada.
Pero detrás de la discusión tarifaria existe otro desafío: la renovación del parque vehicular. Rangel Vargas reconoció que los transportistas requieren ingresos suficientes para acceder a unidades nuevas, aunque también enfrentan dificultades para obtener financiamiento destinado a modernizar sus vehículos.
“Yo te diría que es una espada de doble filo el tema de la tarifa, si se plantea y se dice que hay necesidad de modernizar el parque vehicular, pero para los transportistas no es tan fácil acceder a un crédito para esta renovación y ambos tienen sus argumentos”, explicó.
El legislador planteó así una de las principales tensiones de la política tarifaria: un servicio más moderno tiene un costo, pero trasladar ese costo directamente al usuario puede representar una presión adicional para quienes dependen diariamente del transporte público.
Desde la perspectiva del sector transportista, mayores ingresos pueden facilitar la renovación de unidades y mejorar las condiciones de operación. Del lado de los pasajeros, el aumento de la tarifa genera la expectativa de que exista una correspondencia entre el precio pagado y la calidad, seguridad y disponibilidad del servicio.
Rangel Vargas consideró que el incremento vigente no carece de sustento y señaló que el Ejecutivo actuó dentro de sus atribuciones.
“Es una facultad netamente del Ejecutivo, yo leí la publicación en el periódico oficial, me parece que está muy bien fundamentada y desde el Legislativo somos respetuosos de las facultades que tiene el titular del Poder Ejecutivo”, concluyó.
La propuesta que analiza el Congreso coloca así la tarifa en una discusión más amplia sobre cómo financiar la modernización del transporte público sin desvincular el precio del servicio de la capacidad económica de sus usuarios.
El reto para el Legislativo será definir qué variables deben incorporarse a una eventual fórmula de actualización, con qué periodicidad deberían revisarse y cómo evitar que un incremento en los costos de operación se traduzca automáticamente en una mayor carga para los pasajeros.
Por ahora, el aumento vigente se mantiene en 12 pesos, mientras el Congreso busca establecer las reglas que podrían determinar cómo se revisará el costo del transporte público en Michoacán en los próximos años.
