El Observatorio Ciudadano de Coatzacoalcos (OCC) manifestó su respaldo al programa estatal de reordenamiento y regularización del transporte público anunciado por el gobierno de Veracruz, al considerar que la medida podría contribuir a disminuir delitos cometidos mediante unidades que operan fuera de norma.
El presidente del organismo señaló que el problema del transporte irregular ha sido expuesto de manera reiterada en reuniones con autoridades estatales y municipales, particularmente por el uso de vehículos sin documentación en actividades delictivas.
“La verdad aplaudimos todo lo que sea operativos y este proceso de regularización, que es una tarea titánica y compleja. Qué bueno que la Gobernadora asumió el compromiso y lo va a hacer”, expresó el representante del OCC al referirse al plan impulsado por la administración estatal.
De acuerdo con la estrategia presentada, el operativo se desarrollará en dos etapas. La primera se aplicará de junio a diciembre de este año y abarcará unidades de carga, transporte de pasajeros y servicio mixto rural.
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La segunda fase iniciará en enero y concluirá en diciembre de 2027, enfocándose exclusivamente en la regularización de taxis que actualmente operan sin concesiones actualizadas o fuera de los registros oficiales.
Durante el posicionamiento del organismo ciudadano, se advirtió que una parte importante de los delitos registrados en la región involucran unidades irregulares que no pueden ser plenamente identificadas por las autoridades.
“El 80 por ciento de los delitos se cometen en taxis irregulares, clonados o que no tienen la documentación correspondiente, así como en motocicletas que tampoco están regularizadas”, afirmó el representante del OCC.
Añadió que la falta de placas, tarjetas de circulación y registros oficiales dificulta el seguimiento de investigaciones y limita la capacidad de rastreo de vehículos involucrados en hechos delictivos.
Actualmente, en Coatzacoalcos continúan los operativos de revisión documental a motocicletas, donde autoridades han detectado casos de propietarios que no han podido acreditar la legal posesión de las unidades.
