En el transporte público solemos discutir los síntomas: unidades viejas, tarifas insuficientes, menos pasajeros o falta de inversión. Pero pocas veces nos detenemos a revisar el origen del problema. Y quizá ahí esté la conversación que Guanajuato necesita.
Han pasado más de veinte años desde que la responsabilidad del transporte público quedó en manos de los municipios. La decisión tenía lógica: acercar las decisiones a cada ciudad y responder mejor a sus necesidades. Sin embargo, el contexto de hoy es muy distinto al de entonces. Las ciudades crecieron, aparecieron nuevas formas de movilidad, los usuarios cambiaron sus hábitos y la tecnología transformó por completo la manera de operar un sistema de transporte.
El problema es que modernizar un sistema de transporte toma mucho más tiempo que una administración municipal.
Tres años alcanzan para identificar los problemas, elaborar diagnósticos, gestionar recursos y, con suerte, comenzar algunos proyectos. Difícilmente alcanzan para consolidar una transformación. Cuando llega una nueva administración, cambian las prioridades, los equipos técnicos y, en ocasiones, también la visión. Muchos proyectos simplemente vuelven a empezar.
Esa falta de continuidad termina debilitando a las propias autoridades. Resulta muy difícil construir instituciones técnicas, profesionalizadas y con visión de largo plazo cuando el reloj político corre más rápido que el reloj de la movilidad.
Pero el costo tampoco lo absorbe únicamente el gobierno.
Los concesionarios viven las consecuencias todos los días. La incertidumbre sobre las concesiones, la ausencia de esquemas permanentes de financiamiento y la falta de políticas públicas estables limitan su capacidad para invertir, renovar flotas, profesionalizar sus empresas e incorporar nuevas tecnologías. Empresas financieramente débiles difícilmente pueden ofrecer un servicio fuerte.
Y al final, quien termina pagando esa fragilidad institucional es la ciudad: la pierde el usuario que espera más tiempo un autobús, la pierde el operador que trabaja con herramientas insuficientes, la pierde el empresario que ve reducirse su capacidad de inversión y la pierde el propio gobierno cuando el transporte deja de ser una alternativa competitiva frente al automóvil o la motocicleta.
Ahora bien, tampoco sería correcto concluir que la municipalización, por sí misma, fracasó. León demuestra exactamente lo contrario. Su sistema se convirtió en un referente nacional porque logró construir instituciones, proyectos y una visión que trascendieron los cambios de administración y a pesar de ello, resiente, desde hace años, la falta de respaldo que una estructura estatal podría brindar al transporte en esa ciudad.
Guanajuato tiene hoy una oportunidad poco común: abrir una discusión de fondo sobre el modelo institucional del transporte público. Sería un error reducirla a un debate entre control estatal o municipal. La verdadera prioridad es construir instituciones con capacidad técnica, estabilidad financiera y una visión de largo plazo; instituciones que sobrevivan a los ciclos políticos y den continuidad a los proyectos. Solo así podrán fortalecerse las empresas, consolidarse las autoridades, mejorar el servicio y garantizar el derecho a la movilidad de millones de personas.
