El Congreso de Baja California Sur recibió una iniciativa para modificar la Ley de Transporte estatal y cambiar la forma en que se financian las tarifas preferenciales del transporte público.
La propuesta plantea mantener el descuento de 50% para estudiantes, personas adultas mayores y personas con discapacidad, pero establecer un mecanismo mediante el cual el Gobierno del Estado y los municipios compensen económicamente a los concesionarios por la diferencia entre la tarifa autorizada y el monto que pagan estos usuarios.
La iniciativa fue presentada por los diputados Omar Torres Orozco, Fernando Hoyos Aguilar, Alondra Torres García, Guillermina Díaz Rodríguez, Gabriela Montoya, Karina Olivas Parra y Arlene Moreno Maciel, integrantes de la fracción parlamentaria del Partido del Trabajo.
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El planteamiento central es crear el Sistema Estatal de Compensación Tarifaria del Transporte Público, con el que los descuentos dejarían de representar exclusivamente un costo para quienes prestan el servicio.
El diputado Omar Torres Orozco sostuvo que la propuesta no busca eliminar ni reducir las tarifas preferenciales, sino modificar el mecanismo mediante el cual son financiadas. Según explicó al presentar la iniciativa, el objetivo es que el Estado asuma esa responsabilidad y que los concesionarios reciban la compensación correspondiente.
“No pretende reducir ni eliminar los beneficios ni los descuentos a los sectores prioritarios, como estudiantes y adultos mayores; por el contrario, la iniciativa los reconoce”.
¿Cómo funcionaría el nuevo esquema?
Actualmente, el artículo 35 de la Ley de Transporte establece la obligación de aplicar el descuento de 50%, pero, de acuerdo con los promoventes, no determina quién debe cubrir la diferencia entre la tarifa general y el pago preferencial, ni establece un mecanismo específico para calcularla y entregarla.
La propuesta plantea que el Gobierno del Estado y los ayuntamientos garanticen anualmente los recursos necesarios para cubrir estas compensaciones. El fondo también podría recibir recursos provenientes de programas estatales o federales de movilidad, convenios, rendimientos financieros, publicidad y otras fuentes vinculadas legalmente con el transporte público.
El planteamiento contempla además reconocer expresamente en la Ley de Transporte el derecho de los concesionarios a recibir la compensación económica por las tarifas preferenciales.
El costo de los descuentos
Uno de los argumentos utilizados para sustentar la iniciativa es el peso que tienen las tarifas preferenciales dentro del sistema de transporte de La Paz.
Los promoventes señalan que aproximadamente siete de cada 10 pasajeros utilizan una tarifa preferencial, por lo que una parte significativa del costo de esta política social recae actualmente sobre los concesionarios.
La iniciativa también compara la evolución de algunos costos entre 2016 y 2026. De acuerdo con sus cifras, el precio del diésel aumentó 96.66%, el salario mínimo 331.33%, la licencia de chofer 98.57% y la revista vehicular 189.47%.
En ese mismo periodo, la tarifa general habría pasado de 10 a 12 pesos, equivalente a un incremento de 20%.
Torres Orozco argumentó que mantener el esquema actual puede presionar las condiciones económicas de las concesiones y, con ello, aspectos como la renovación de unidades y el mantenimiento del servicio.
“Hoy la situación compromete la rentabilidad de las concesiones, la renovación de unidades, el mantenimiento y la calidad del servicio”.
Las tarifas preferenciales entrarían en el cálculo tarifario
La iniciativa también propone modificar las disposiciones relacionadas con la determinación de las tarifas del transporte público.
El objetivo es que el costo de las tarifas preferenciales sea considerado en los estudios utilizados para establecer las tarifas, junto con la suficiencia financiera necesaria para mantener la operación del servicio.
De esta manera, el costo de los descuentos tendría que formar parte del análisis económico del sistema y no quedar separado del cálculo de la tarifa.
De acuerdo con lo planteado por los legisladores, el nuevo mecanismo de financiamiento sería asumido por la administración estatal a partir de 2028.
La propuesta incluye disposiciones transitorias para expedir la reglamentación correspondiente, constituir el fondo y contemplar los recursos necesarios dentro de los presupuestos públicos.
También establece la posibilidad de comenzar con pagos provisionales a los concesionarios sin esperar a que termine la implementación tecnológica necesaria para registrar y contabilizar los viajes realizados bajo tarifa preferencial.
El planteamiento todavía corresponde a una iniciativa de reforma, por lo que el esquema tendría que avanzar en el proceso legislativo antes de convertirse en una obligación legal.
Un cambio en la distribución del costo
En términos prácticos, la propuesta no modifica el descuento que reciben los usuarios contemplados por la legislación. El cambio está en quién asumiría el costo de esa tarifa reducida: en lugar de que la diferencia recaiga directamente sobre los concesionarios, el proyecto busca que sea cubierta mediante recursos públicos estatales y municipales.
