El derecho al transporte público podría incorporarse de manera específica a la Constitución mexicana mediante una reforma al artículo 4º, con el objetivo de establecer condiciones mínimas que deberán cumplir los servicios de transporte de pasajeros en el país.
La iniciativa presentada por la diputada Patricia Armendáriz Guerra turnada a la Comisión de Puntos Constitucionales, plantea diferenciar este derecho del derecho a la movilidad, aunque reconoce que ambos mantienen una relación de interdependencia y conexidad.
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El proyecto establece que toda persona tendría derecho a un transporte público sostenible que contribuya a mejorar su calidad de vida y facilite el acceso a centros de trabajo, educación, salud y actividades de ocio. Entre los criterios que propone incorporar se encuentran la proximidad, disponibilidad, capacidad, calidad, accesibilidad, velocidad, multimodalidad y conexión entre distintas zonas.
La propuesta también plantea modificar la distribución de responsabilidades entre los tres órdenes de gobierno. La Federación tendría la rectoría del transporte público; las entidades federativas serían responsables de su implementación, y los municipios deberían adoptar las medidas necesarias para garantizar el ejercicio efectivo de este derecho, de acuerdo con los criterios constitucionales y la legislación secundaria.
Uno de los argumentos de la iniciativa es que, aunque los gobiernos federal, estatales y municipales han avanzado en la armonización de sus leyes, persisten problemas relacionados con la suficiencia presupuestaria, el crecimiento de las ciudades y la amplitud de los temas que actualmente comprende el derecho a la movilidad.
El planteamiento señala que la movilidad abarca actualmente ámbitos como el transporte público, la seguridad vial, el transporte de carga y el financiamiento. Aunque la legislación establece una jerarquía que prioriza a peatones y usuarios del transporte público, la iniciativa advierte que todavía existen “esquemas obsoletos orientados al vehículo privado” que han desplazado las necesidades colectivas.
El proyecto conservaría el reconocimiento constitucional del derecho a la movilidad en condiciones de seguridad vial, accesibilidad, eficiencia, sostenibilidad, calidad, inclusión e igualdad, pero añadiría de manera diferenciada el derecho al transporte público.
En materia de infraestructura, la iniciativa propone privilegiar instalaciones de calidad que favorezcan también los desplazamientos no motorizados y plantea criterios de cobertura vinculados con la densidad poblacional y la distancia de los viajes.
Para trayectos inferiores a cinco kilómetros, propone priorizar transportes de menor capacidad; para recorridos superiores a cinco y menores de diez kilómetros, servicios de mediana capacidad, y para viajes de más de diez kilómetros, sistemas masivos en zonas metropolitanas o de alta densidad poblacional. En zonas de baja densidad, estos umbrales se duplicarían.
La propuesta establece que las autoridades deberán “perseguir la disminución progresiva de las emisiones de gases de efecto invernadero” y adoptar medidas económicas, legislativas y administrativas que permitan avanzar hacia un transporte público más sostenible.
De aprobarse, la reforma establecería obligaciones para que las autoridades impulsen un sistema de transporte con mayor disponibilidad, conexión interurbana y capacidad, además de una planeación orientada a mejorar las condiciones de vida de la población.
La iniciativa se encuentra ahora en proceso legislativo y plantea reformar el párrafo vigésimo primero del artículo 4º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
