Representantes de organizaciones especializadas en movilidad, seguridad vial y salud pública manifestaron su rechazo a la iniciativa de reforma a la Ley de Movilidad y Seguridad Vial de la Ciudad de México, al considerar que el proyecto se aleja de los principios establecidos en la legislación federal y deja fuera elementos fundamentales para la prevención de muertes y lesiones en las calles.
Durante una conferencia de prensa, integrantes de la Coalición de Movilidad Segura señalaron que la propuesta legislativa presentada recientemente no fortalece el marco normativo local, sino que reduce alcances que ya se encuentran reconocidos en la Ley General de Movilidad y Seguridad Vial. Entre las principales preocupaciones destacaron la falta de definiciones claras sobre la regulación de velocidades y las restricciones al consumo de alcohol para quienes conducen vehículos.
Quetzalli Ramos, integrante de Polithink, sostuvo que la Ciudad de México tiene la obligación de construir una legislación más robusta que la federal y no una que elimine herramientas de protección para la ciudadanía.
“Lo que pedimos es que no se dictamine una iniciativa que deja fuera los principales factores de riesgo. Las leyes generales establecen un piso mínimo de protección para todos los órdenes de gobierno, pero las entidades federativas tienen la responsabilidad de ampliar esas garantías. Las leyes deben servir para proteger derechos, no para reducirlos”, enfatizó.
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José Arévalo, del Instituto del Sur Urbano, cuestionó que después de más de un año de análisis, mesas de trabajo y propuestas técnicas, el resultado sea una iniciativa que, a juicio de las organizaciones, no incorpora de manera adecuada los elementos que la evidencia internacional identifica como determinantes para reducir la siniestralidad vial.
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El debate también incluyó la necesidad de mantener controles estrictos sobre el consumo de alcohol al conducir. Alonso Robledo, de la Red de Acción sobre Alcohol, advirtió que relajar o dejar ambiguas estas disposiciones podría traducirse en un incremento de riesgos para peatones, ciclistas, usuarios del transporte público y automovilistas.
“Hoy la discusión no debería centrarse en cuántas copas son aceptables para manejar. La pregunta de fondo es cuánto riesgo estamos dispuestos a tolerar cuando existe evidencia científica suficiente sobre las medidas que salvan vidas. Cada disposición que se elimina o debilita puede convertirse en una lesión grave, una discapacidad permanente o una muerte que pudo evitarse”, afirmó.
Las organizaciones también hicieron un llamado directo a la administración capitalina para concluir de manera integral el proceso de armonización de la legislación local con la Ley General de Movilidad y Seguridad Vial. Areli Carreón, representante de Bicitekas, consideró que la capital del país ha retrasado durante casi cuatro años la actualización de su marco jurídico, pese a que fue una de las entidades impulsoras de la agenda nacional de seguridad vial.
Desde la perspectiva de los colectivos, aprobar una reforma sin incorporar plenamente los principios de la legislación federal significaría desaprovechar una oportunidad para fortalecer la protección de los usuarios más vulnerables de la vía pública. Por ello, solicitaron a las y los legisladores posponer cualquier dictaminación hasta que el texto incluya de manera explícita todos los factores de riesgo reconocidos internacionalmente y garantice estándares más altos de seguridad para quienes se desplazan diariamente por la capital.
