Falta de enfoque preventivo en la seguridad vial: gobiernos, regulaciones y políticas públicas priorizan la reacción y el negocio de los seguros por encima de atacar las causas estructurales de los siniestros.
A lo largo de los últimos años, se ha notado una disminución significativa en el interés por la prevención de la seguridad vial por parte de los gobiernos, a pesar de que la legislación lo exige. Y lo peor de todo es que se culpan unos a otros: la federación señala a los estados y viceversa. Con adecuaciones a leyes locales en los estados, la reglamentación sigue congelada. Y de los municipios ya ni hablar, ya que muchos tienen sus propias policías de tránsito, pero solo se limitan a crear infracciones o trámites después de las desgracias, y culpan a los estados y a la federación por no tener facultades para dar certidumbre a sus gobernados.
Es muy importante mencionar que el esfuerzo para crear una Ley Federal de Movilidad y Seguridad Vial se hizo con el empuje y la inyección del sector asegurador, por el crecimiento de vehículos en circulación, ya que las ventas de seguros les están funcionando, a precios altos por los riesgos que cubren las aseguradoras. Este cambio parece estar relacionado con una tendencia a priorizar todo, menos la prevención: se enfocan en cubrir los daños y no en el desarrollo de políticas integrales para atacar las causas de los siniestros de tránsito, como el consumo de alcohol y drogas, la escasa capacitación de conductores, la falta de exámenes médicos, cursos y evaluaciones de aptitudes.
En casos especiales, los transportes públicos, que de por sí son bastante informales, se la juegan al no tener documentos legales sino apócrifos, y a esperar que no pase nada, debido a que las aseguradoras no los cubren y sus condiciones están formuladas para el rechazo por cualquier motivo. Sin árbitro o supervisión social, cada uno hace lo que le da la gana. Los empresarios solo desean ventas, sin programas que realmente funcionen para mitigar siniestros.
De igual manera, la falta de campañas efectivas de concientización y educación vial ha generado que tanto conductores como peatones desconozcan las normas y los riesgos asociados a una conducción irresponsable. Es común que la inversión en infraestructura y señalización vial también sea insuficiente, lo que incrementa el peligro en las carreteras y calles de las ciudades mexicanas. Y si nos referimos a los modelos de cómo se otorgan licencias de conducir, estamos reprobados totalmente, ya que solo hay cursos digitales sin profundidad, que cualquier persona puede realizar a nombre del interesado y que no sirven para nada. Y en muchos casos, cuando todo está en orden, la corrupción está a todo lo que da. Lo único que ha cambiado es la suma de apoyos, pero la gente irresponsable sigue consiguiendo los documentos para conducir, aun cuando no sean aptos. Y algo tan simple como el sentido de la vista: ya nadie hace examen o revisión para saber si el solicitante se encuentra en condiciones adecuadas o requiere algún tipo de apoyo visual.
La ciencia avanza y los padecimientos de las personas tienen nombre y tratamientos; sin embargo, en el rubro de la conducción, herramienta central en la movilidad no hay seguimiento ni plan para limitar a quiénes no son capaces.
Deficiencias sistémicas en control, capacitación y supervisión (licencias, transporte público, infraestructura y evaluación de conductores) que agravan los riesgos y mantienen cifras de siniestralidad fuera de control.
La mayoría de los planes aplicados actualmente se centran en el aspecto comercial de los seguros, los cuales suelen tener cláusulas abusivas que buscan minimizar el gasto de las aseguradoras, en lugar de ofrecer soluciones reales. Además, factores como la edad y las condiciones mentales de los conductores son frecuentemente ignorados en las políticas públicas, lo que contribuye a una falta de atención preventiva en materia de seguridad vial. Es fundamental que los gobiernos reconsideren sus estrategias y otorguen mayor importancia a la prevención, educación y evaluación de los conductores para reducir los hechos de tránsito y sus consecuencias.
La ley de seguridad vial está encaminada al negocio del mercado de seguros y no al de los transportistas, tanto de pasajeros como de carga, ni a las necesidades de los propietarios y conductores para proteger a todas y todos en las calles. A tal grado que los propios privados ya se manejan como funcionarios, poniendo reglas a su mercado.
Estamos en un proceso que se debe corregir y atender, ya que, como se ha dicho en artículos anteriores, esta negación de las autoridades de darle la atención correspondiente ha llevado a problemas graves y consecutivos. Y las cifras están fuera de todo control, tanto en lesiones como en daños materiales.
Aun así, parece que esta negación está comprometida a que el error o el incidente va a suceder, y las tareas de prevención ya son solo lectura para presupuestos, ya que el desinterés es total.
Ante tal situación, es inaplazable retomar todas las acciones necesarias para la prevención de siniestros de tránsito, toda vez que estos hechos, en su mayoría, no son fortuitos, sino que son provocados por otros factores prevenibles que generan muertes, lesiones y daños. Asimismo, se deberán imponer sanciones ejemplares a los actores responsables en caso de persistir la negativa a atender esta problemática, sin importar si corresponde al ámbito federal, estatal o municipal.
Ante esta emergencia, es urgente disminuir inmediatamente los siniestros viales, por el bien de todas y todos, con una propuesta que evidencie las circunstancias que provocan las negligencias: incapacidades, drogas, alcohol, uso de celulares, fallas mecánicas por falta de mantenimiento y otros factores de distracción, así como los agentes que lo propician, como la infraestructura en malas condiciones, la iluminación, los baches, la señalización, entre otros, sin querer ocultar la triste realidad y la responsabilidad del Estado en todos sus niveles.
