El acceso al transporte público volvió al centro del debate en Hidalgo luego de que el Cabildo de Pachuca comenzara el análisis de una iniciativa que plantea transformar la manera en que se fijan las tarifas del servicio. La propuesta, presentada por la regidora Karla Stephanie Mota Ulaje, pretende incorporar el concepto de tarifa social dentro de la Ley de Movilidad y Transporte del estado, con el objetivo de que el precio que pagan los usuarios no dependa exclusivamente de los costos de operación, sino también de las condiciones económicas de la población.
La iniciativa, turnada a comisiones durante la Cuadragésima Sexta Sesión Ordinaria Pública del Ayuntamiento, plantea la creación de un Fondo de Subsidio para la Movilidad, mecanismo mediante el cual el Estado podría absorber parte del costo del servicio para garantizar descuentos o exenciones a sectores considerados prioritarios, entre ellos estudiantes, personas adultas mayores, personas con discapacidad, niñas y niños menores de cinco años, personas cuidadoras, así como integrantes de corporaciones de seguridad pública e inspectores de movilidad durante el desempeño de sus funciones.
Durante la presentación del proyecto, la regidora sostuvo que la discusión sobre el transporte público debe trascender el análisis de costos operativos y enfocarse en el derecho de las personas a desplazarse en condiciones accesibles.
“La movilidad debe entenderse como un derecho y no únicamente como un tema de tarifas o rutas. Las decisiones sobre el transporte público deben construirse con la participación de los distintos órdenes de gobierno, especialistas, personas usuarias y ciudadanía. Hoy el debate se ha concentrado en cuánto cuesta prestar el servicio, dejando de lado el impacto que los incrementos tarifarios tienen en la economía de las familias hidalguenses.”
Como parte de la reforma también se propone incorporar el artículo 127 Bis a la legislación estatal para establecer una metodología que diferencie entre la tarifa técnica, calculada a partir de los costos reales de operación del sistema, y la tarifa social, determinada con base en la capacidad de pago de la población. Bajo este esquema, el subsidio gubernamental cubriría la diferencia cuando fuera necesario, con reglas y criterios previamente definidos.
La propuesta parte de un diagnóstico que refleja el peso que representa el transporte en la economía familiar. De acuerdo con los datos presentados por la promovente, alrededor de 650 mil personas utilizan diariamente el transporte público en Hidalgo, de las cuales más de 379 mil son trabajadores y aproximadamente 269 mil estudiantes, mientras que los hogares destinan cerca del 20 % de su gasto al pago de traslados.
Durante la discusión surgieron cuestionamientos sobre la viabilidad del proyecto. El regidor Manuel Canales Pérez reconoció que la iniciativa busca proteger el derecho a la movilidad, pero advirtió que, en su redacción actual, presenta vacíos técnicos y financieros que deberán atenderse antes de continuar su proceso legislativo.
“La propuesta tiene un propósito legítimo; sin embargo, presenta deficiencias técnicas, jurídicas y financieras. Modifica la Ley de Movilidad y Transporte, pero no contempla adecuaciones al reglamento donde actualmente se regula el procedimiento tarifario, además de que carece del estudio de impacto presupuestario que exige la legislación para crear un fondo de subsidios.”
El edil también recordó que el sistema metropolitano ya opera con algunos mecanismos de apoyo, como los beneficios para personas adultas mayores mediante la credencial del INAPAM, aunque reconoció que persisten dificultades para hacer efectivo ese derecho. Asimismo, advirtió que ampliar la gratuidad o los descuentos sin establecer un esquema claro de compensación económica para concesionarios y operadores podría comprometer la sostenibilidad financiera del servicio.
Con el turno a comisiones inicia ahora una etapa de análisis técnico y jurídico que definirá si Hidalgo avanza hacia un modelo de tarifas diferenciadas respaldado por subsidios públicos, una política que ha sido implementada en distintas ciudades para ampliar el acceso al transporte, pero que requiere mecanismos sólidos de financiamiento para garantizar tanto la protección de los usuarios como la continuidad operativa del sistema.
