El desarrollo del primer vehículo eléctrico urbano impulsado por el Gobierno de México abrió un debate que trasciende la innovación tecnológica y coloca en el centro la seguridad vial. Organizaciones civiles especializadas y expertos en evaluación vehicular hicieron un llamado para que Olinia llegue al mercado con niveles de protección comparables a los que exigen las mejores regulaciones internacionales, evitando que la creación de una nueva categoría de vehículos implique reducir los estándares actualmente aplicables en el país.
Durante una conferencia de prensa, representantes de El Poder del Consumidor, Latin NCAP y la Coalición Movilidad Segura coincidieron en que el proyecto representa una oportunidad para fortalecer la industria nacional y acelerar la transición hacia una movilidad libre de emisiones. Sin embargo, enfatizaron que el éxito de esta iniciativa dependerá de que la seguridad de las personas sea un requisito de origen y no un elemento sujeto a negociaciones regulatorias.
Stephan Brodziak, especialista de El Poder del Consumidor, explicó que limitar la velocidad máxima del vehículo a 50 kilómetros por hora no elimina el riesgo de lesiones graves en caso de una colisión, especialmente si se considera que la unidad tendría un peso bruto cercano a una tonelada y media.
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“Reducir la velocidad disminuye la probabilidad de un siniestro, pero no evita que un impacto tenga consecuencias fatales. Por ello, cualquier regulación específica debe exigir sistemas de frenos ABS, estructuras capaces de proteger en impactos frontales y laterales, cinturones de seguridad de tres puntos en todos los asientos, anclajes para sistemas de retención infantil y, cuando corresponda, bolsas de aire y tecnologías de asistencia como el frenado autónomo de emergencia con detección de peatones”, señaló.
En el mismo sentido, Alejandro Furas, secretario general de Latin NCAP, sostuvo que la electrificación del parque vehicular no debe construirse a costa de disminuir las exigencias en materia de protección.
“La seguridad no puede ser la moneda de cambio de la movilidad eléctrica. Un choque a 30 kilómetros por hora puede generar lesiones equivalentes a una caída desde un primer piso y uno a 60 kilómetros por hora representa un impacto similar al de caer desde un quinto piso. La evidencia obtenida en pruebas de choque demuestra que incluso los vehículos urbanos de baja velocidad requieren superar evaluaciones de impacto frontal, lateral y protección a peatones”, afirmó.
El especialista añadió que incorporar estos dispositivos tendría un costo aproximado de 140 dólares por unidad —alrededor de 2 mil 450 pesos—, monto que calificó como reducido frente al beneficio que representa salvar vidas. Consideró, además, que si México adopta una regulación sólida desde el inicio del proyecto, Olinia podría convertirse en un referente internacional sobre cómo desarrollar vehículos eléctricos accesibles sin renunciar a la seguridad.
Por su parte, Areli Carreón, integrante de la Coalición Movilidad Segura, recordó que la descarbonización del transporte constituye una prioridad para reducir emisiones contaminantes, pero advirtió que este objetivo debe avanzar de la mano de la seguridad vial.
“Electrificar la movilidad es indispensable, pero hacerlo sin un piso mínimo de protección significaría resolver un problema mientras se genera otro. Cada año más de 16 mil personas pierden la vida y más de 150 mil resultan lesionadas en siniestros viales en México; por ello, Olinia debe nacer con legitimidad técnica, jurídica y con estándares que protejan tanto a quienes viajan en el vehículo como al resto de los usuarios de las vialidades”, concluyó.
