ESCRITO POR: Gilberto A. Hernández González / Abogado Fiscalista y Especialista en Transporte Público / gilbertohergon@gmail.com
Por su naturaleza, la movilidad es un derecho humano y un tema absolutamente crucial e impostergable. No se puede seguir discutiendo, aplazando ni dejando en el olvido. Se trata de un derecho reconocido constitucionalmente (artículo 4°, vigésimo primer párrafo) y constituye una muestra clara de que optimizar las condiciones de movilidad es una herramienta clave para construir entornos con mayor justicia social.
Lamentablemente, la invasión del espacio público en gran parte de los centros urbanos del país es una realidad creciente que contribuye al deterioro de la imagen urbana. Esto responde, en buena medida, a la falta de visión para mejorar las condiciones de movilidad. Si bien es cierto que todos los días hacemos uso del espacio público de diversas maneras —para caminar, acudir al lugar de estudio, trabajar o simplemente pasear—, también es cierto que en muchos casos no existen condiciones adecuadas para transitar por él. En pocas palabras, numerosos espacios públicos, ya sean de competencia municipal, estatal o federal, se encuentran abandonados, sin regulación efectiva o sin intervenciones e inversiones que permitan transformarlos en proyectos de infraestructura en beneficio de toda la población. Como resultado de la falta de atención e interés de las autoridades, muchos de estos espacios permanecen en condiciones paupérrimas.
En ese sentido, por citar algunos ejemplos, encontramos banquetas intransitables con escombros, heces fecales, registros expuestos, contenciones dañadas, jardineras construidas por propietarios colindantes, viviendas de cartón, domos o techos destinados a actividades informales, estacionamientos privados, escaleras de caracol instaladas sobre las banquetas, así como la ocupación de estos espacios para exhibir productos, colocar letreros, mesas o carpas. En suma, existe una invasión y apropiación desmedida del espacio público por parte de actores del sector formal, informal e incluso de instituciones del propio Estado.
Además de reflejar una imagen urbana asociada al atraso y la pobreza, esta situación obliga al Estado a asumir el reto de recuperar estos espacios públicos para destinarlos al uso, disfrute y aprovechamiento colectivo. Al tratarse de bienes del dominio público, inalienables, imprescriptibles e inembargables, deben cumplir con el propósito de promover y fortalecer la interacción social, la inclusión, el intercambio económico, la expresión cultural, el bienestar y la salud.
En otras palabras, la suma de quienes se trasladan caminando y en transporte público al lugar de estudio representa el 78.7% de la población de tres años y más, es decir, prácticamente tres cuartas partes de este grupo. Asimismo, 59.9% de las personas de 12 años y más se desplazan caminando o en transporte público hacia su lugar de trabajo (INEGI, 2021).
La mayoría de la población estudia o trabaja desplazándose a pie o en transporte público, por lo que las políticas y la inversión pública deberían priorizar estos modos de movilidad.
Estas cifras revelan la importancia de mejorar las condiciones de movilidad, eliminando las brechas de desigualdad existentes mediante políticas públicas orientadas al desarrollo de acciones en favor de la movilidad sostenible, que garanticen plenamente la accesibilidad, el desarrollo y el desplazamiento de las personas.
Bajo este contexto, resulta evidente que uno de los principales retos para las autoridades es recuperar el espacio público y destinarlo prioritariamente a mejorar las condiciones de movilidad peatonal, movilidad activa y transporte público. De este modo, el presupuesto debe asignarse de manera equitativa a proyectos de infraestructura que generen beneficios para toda la población y no únicamente a iniciativas que funcionan como paliativos temporales. Tal es el caso de algunas ciudades que reducen carriles vehiculares para implementar ciclovías improvisadas, poniendo en riesgo a miles de personas diariamente y generando congestión vial, aun cuando existe espacio suficiente para desarrollar proyectos integrales que garanticen condiciones dignas y seguras para peatones, ciclistas y usuarios del transporte público.
Por consiguiente, las autoridades deben replantear sus prioridades, ya que gran parte del presupuesto continúa destinándose a infraestructura vial —como calles, carreteras, pasos a desnivel y sistemas semafóricos— que, en gran medida, beneficia al automóvil particular, dejando en segundo plano lo que realmente importa: la manera en que nos movemos todas y todos.
En resumen, la recuperación del espacio público es una tarea pendiente para la mayoría de las ciudades mexicanas. Los planes de desarrollo aún distan considerablemente de las necesidades y demandas de la población. Si bien los esfuerzos y objetivos planteados en la Ley General de Movilidad y Seguridad Vial representan avances importantes, la falta de voluntad política continúa siendo un obstáculo para consolidar las bases de una política pública centrada en las personas.
Por último, Luis Bonifaz et al. (2016, págs. 125-126) concluyen al destacar que: “Los responsables institucionales deben dejar de denominarse ‘Secretarios de Transporte’, para serlo de ‘Movilidad y Gestión del Espacio Público’. No es posible continuar con políticas de intervención aisladas y estrictamente sectoriales, puesto que la mejora de las condiciones de vida y de movilidad responde a un mismo objetivo. La visión debe ser holística, multicomprensiva e integradora del urbanismo, el transporte, los proyectos de intervención en el espacio público, las decisiones estratégicas de localización de actividades y la distribución horaria y diaria de usos y actividades ciudadanas. En definitiva, la política de movilidad implica la gestión de las necesidades y deseos de desplazamiento, la adopción de modelos de movilidad, así como inversiones y gasto público coherentes con el modelo elegido y con una visión global del funcionamiento de la ciudad, para establecer sinergias que afecten positivamente a los ciudadanos, tanto de manera individual como colectiva.”
La recuperación del espacio público es indispensable para garantizar accesibilidad, inclusión y justicia social.
