Por Cristela Gutiérrez
La Zona Metropolitana de Monterrey vive una de sus peores crisis en materia de transporte público, ya que no solo se ha afectado el servicio que se ofrece a los habitantes, sino que la falta de acuerdos, los intereses políticos y la crisis económica que aseguran vivir los transportistas, ha puesto en riesgo la administración del servicio y la continuidad de un proyecto de reestructura del transporte público que inició el 6 de mayo de 2016, como una de las grandes apuestas de la administración del Gobernador Jaime Rodríguez Calderón, y que representó inversiones por parte de los concesionarios y permisionarios que ahora enfrentan la posibilidad de que el estado les retire sus rutas.
Luego de tres años de que autoridades y transportistas trabajaran en la reestructura del modelo de transporte y renovaran unidades en casi un 65% el negocio dejó de ser rentable, por las inversiones, las ampliaciones de las rutas y el incremento del diésel, según explicaron los operadores del transporte a este medio, por lo que comenzaron a pedir un incremento a la tarifa, lo que les fue negado por el Gobernador bajo el argumento de que no se puede afectar el bolsillo de los ciudadanos.
Fue el pasado 29 de abril que la crisis llegó a su punto más álgido, pues como método de presión ante la negativa de un aumento de tarifas, los empresarios del transporte público decidieron no otorgar su servicio. De acuerdo a lo evaluado por la Caintra y la Canaco, la suspensión del transporte público afectó al menos a 700 mil trabajadores y causó pérdidas económicas cercanas a los 570 millones de pesos. Derivado de ello, los transportistas anunciaron que no podían mantener el 100% de sus autobuses en circulación por falta de recursos, estimando que un 30% de estos están parados, y que además recortaron los horarios.
“El transporte público incide directamente en la productividad de las ciudades, y no teniendo un esquema sano desde el punto de vista económico, esto tarde o temprano va a golpear a la productividad y a la eficacia de una ciudad, que es lo que está pasando. Qué más quisiéramos nosotros que tener todas las unidades en la calle, pero no podemos hacerlo por la forma como nos ha impactado directamente el costo tan alto del diésel y el costo de las refacciones que originan que tengamos muchas unidades encerradas en los patios”, detalló José Alberto Almaraz González, Consejero Técnico de la Asociación de Transporte Público de Pasajeros de Nuevo León.
Esta situación generó que el Gobernador Jaime Rodríguez Calderón anunciara su intención de comprar rutas y crear un órgano estatal regulador del transporte; para hacerlo, solicitó al congreso local su respaldo para adquirir deuda por 4 mil 910 millones de pesos, con cargo a las partidas presupuestales 2020- 2021, mismo que le fue negado por considerar que ya tiene las atribuciones para “controlar y ordenar el transporte, y no lo está haciendo”, señaló la Diputada integrante de la Comisión de Transporte, Mariela Zaldívar Villalobos.
Un negocio que salió mal
Por casi tres años, el Gobierno trabajó con los empresarios transportistas para implementar un nuevo sistema de transporte que incluyó entre otros aspectos, la independencia de las diferentes rutas de sindicatos como la CROC, transformación de rutas suburbanas a rutas urbanas para llegar a 18 municipios, atendidos por 10 consorcios, con lo que se estima que las familias comenzaron a ahorrar 77% del costo pasaje.
“Fuimos vendiendo la idea de la necesidad de la regulación, de evitar la competencia desleal entre transportistas, y esto fue ganándose poco a poco a los adeptos, de tal suerte que al año ya estamos trabajando en coordinación con los diferentes grupos… la transformación comenzó entendiendo que la ley actual está rebasada, ya que contempla siete municipios como zona metropolitana y nosotros, para garantizar una mejor y más económica movilidad, ampliamos la cobertura a 18 municipios, lo que sin duda benefició a muchos usuarios en tiempo y dinero”, precisó Jorge Longoria Treviño, quien fuera el Director General de la Agencia Estatal de Transporte y Vialidad de Nuevo León, al momento de esta entrevista, aunque presentó su renuncia al cargo el pasado viernes 7 de junio.
Al ampliar la cobertura y cubrir los municipios de la periferia, requirió que algunas rutas pasarán de ser suburbanas a urbanas y por lo tanto cobraran la tarifa estándar de 12 pesos y no 58 pesos o más como lo hacían.
“Un habitante por llegar al centro, es decir, por salir de la periferia pagaba en promedio 58 pesos, más el retorno; además, dedicaba dos o más horas para desplazarse por la escasez de transporte. Con los cambios y ampliaciones de rutas, esto cambió para los habitantes de las periferias… el primer ejercicio, lo iniciamos en García con la transferencia de pasaje con 8 unidades de prueba y ahora tiene 42 unidades ese ramal; y así lo replicamos en el resto de los municipios de la periferia.
Sin embargo, pese a la disposición de los transportistas, las cosas salieron mal.
Longoria Treviño, reconoció que al arrancar este proyecto los transportistas se unieron al esfuerzo “y le apostaron, de tal suerte que cuando iniciamos el proceso de reestructura teníamos un 65% de las 4 mil 800 unidades de transporte obsoletas, viejas y en mal estado; y ahora se voltearon los números, el 65% de los autobuses que circulan por la ciudad tienen menos de 5 años de servicio”.
Fue entonces que los transportistas comenzaron a solicitar un incremento a las tarifas y les fue negado.
“La postura del Gobernador es que no se va a autorizar ningún incremento … hicimos una referencia histórica de los incrementos de las tarifas y vimos que siempre estuvieron por arriba de la inflación y que iban en deterioro las unidades. Entonces los transportistas que renovaban sus flotas y eran organizados gestionaban incrementos y se beneficiaba a quienes no estaban aportando calidad al servicio, por eso no hay incremento a la tarifa, hasta que exista una reflexión por parte de los transportistas”.
El Consejero Técnico de la Asociación de Transporte Público de Pasajeros de Nuevo León, José Alberto Almaraz González, comentó que le apostaron a la reestructura del transporte, pero que muchas rutas han dejado de ser negocio puesto que la zona metropolitana se ha extendido demasiado “y hay rutas que tienen más de 80 kilómetros por viaje redondo y eso provoca que el índice de pasajeros por kilómetro desmerezca en exceso; nosotros tenemos el IPK más bajo de todos, entre las ciudades más importantes”.
Enrique Moreno Martínez, representante de las Rutas 51 y 68, es uno de los transportistas “nuevos”, ya que hace menos de dos años le apostó al proyecto de transporte de este gobierno, y considera que la crisis que enfrenta pone en riesgo su patrimonio.
“Dicen que las tarifas que tenemos son de las más caras del país y difiero de eso, por los beneficios que pueden tener quienes sí utilizan la tarjeta feria, que incluye un transbordo al 50% del costo y un segundo gratis, hablamos de una tarifa ponderada que ronda los 10.50 pesos… Son los insumos los que nos están comiendo, ampliamos las rutas y estamos aforando 5 o 6 mil pesos y de ahí le ponemos a la unidad de 180 a 200 litros de diésel que estamos pagando a poco más de 21 pesos por litro; aunado a esto hay que contemplar refacciones, la mensualidad de la unidad y el salario de dos conductores por unidad, pues no, no nos está dando. Nosotros le entramos a este proyecto con fe y disposición de acompañar al gobierno, pero nunca firmamos nada, nuestro compromiso fue de palabra y ahora nos están dejando solos, en nuestro caso, con una inversión reciente que está en riesgo”, lamentó.
Los empresarios del transporte coinciden en estar dispuestos a devolver las concesiones o permisos de algunas rutas, de no encontrar respaldo, ya que no pueden mantener el servicio al 100%.
Tarifa o subsidio
Desde el punto de vista de los transportistas, si el Gobierno busca proteger el bolsillo del usuario pero también reordenar el transporte, es necesario pensar en subsidios para mantener la calidad de un servicio.
“Somos conscientes de que no es la mejor situación para los usuarios porque en términos generales todo ha subido, al grado de que su capacidad económica se ha deteriorado de una manera tan importante que se ha frenado y politizado el poder lograr un ajuste a las tarifas. Esto es derivado de políticas públicas que no están bien alineadas a las necesidades y a la realidad del país”, expresó el Consejero Técnico de la Asociación de Transporte Público de Pasajeros de Nuevo León.
Agregó que la movilidad como una necesidad y derecho humano, debe der ser atendida por el gobierno a través de subsidios.
“Pueden ser subsidios cruzados o subsidios directos, pero debe haber recursos específicamente etiquetados a la movilidad, al transporte masivo. En México, desafortunadamente, no tenemos nada de esto, tal vez algunas ciudades tienen subsidios, pero nosotros no, aquí el empresario vive una realidad económica que le impacta directamente y hace que tome decisiones para hacer ajustes en su negocio, porque la final del día queramos o no, es la libre empresa la que está operando el transporte”.
Un proyecto que se gesta sin respaldo
Ante los hechos y desacuerdos antes narrados, el Gobierno de Jaime Rodríguez, busca crear un organismo estatal operado por especialistas para tomar el control de las rutas del transporte público, pese a que las experiencias que hay en otras entidades del país demuestran que el servicio operado por la autoridad, suele terminar en quiebra y rodeado de corrupción.
“El gobierno ya tomó la decisión de qué va a ir por el control de todo el transporte; aquí hay varios escenarios o se requisa el transporte, o se les compra o se les deja operar pero bajo las condiciones del gobierno, hay varias alternativas; como lo ha dicho el gobernador, no se trata de pisotear a nadie en su ejercicio empresarial, pero tampoco podemos permitir el que al final de cuentas sea el usuario quien termine pagando todos los errores de los transportistas, de una mala administración de las rutas. Por eso queremos crear un organismo para controlar todo el transporte asesorados por especialistas”, puntualizó Longoria Treviño.
Añadió que, de aprobarse el crédito, adquirirían alrededor de “3 mil 500 autobuses para ofrecer el servicio, reorganizar las rutas y reordenar todo a manera de garantizar a los ciudadanos”, además integrarían un organismo administrador.
“Se crearía un organismo dentro de la propia agencia que es la que está facultada por Ley y se tendría una nueva dirección de acuerdo a este tipo de administración; queremos que el Gobierno tome el control, ordene rutas, establezca mecanismos de administración y transparencia del sistema, eso es lo que estamos buscando”, explicó.
Para lograrlo, el estado necesita el respaldo de la cámara de Diputados, pero ahí ya encontró la puerta cerrada.
“No vamos a apoyar desde el Congreso ningún endeudamiento para adquirir unidades chatarra, porque el gobierno estatal lo que quiere es comprar las rutas y unidades que no han resultado negocio para los transportistas; ese proyecto no será respaldado, como tampoco el de que sea el estado quien administre el servicio para que tome el control de todas las rutas”, señaló la Diputada integrante de la Comisión de Transporte, Mariela Zaldívar Villalobos.
Añadió que el Gobernador ahora tiene todas las facultades para tomar el control sin necesidad de endeudarse.
“El Gobernador si quisiera, podría retirar los permisos o concesiones, podría tomar las rutas sin necesidad de tomar nada; podría poner orden, no lo hace; tiene un brazo técnico para la toma de decisiones de mejoría del servicio, no los toma en cuenta; él es el que da las concesiones y se sigue trabajando de una manera informal con permisos; mientras tanto vivimos en la incertidumbre por un gobernador que concentra el poder y no hace nada”.
Nuevos concesionarios
Mientras el gobierno estatal piensa en tomar el control de las rutas, los diputados frenan las propuestas de éste y no legislan en materia de transporte público, y los transportistas se sienten traicionados por el estado y algunos han decidido aumentar los dos pesos a la tarifa sin autorización, y los usuarios se ven afectados por la falta de unidades y horarios reducidos de servicio, hay voces que aseguran que empresarios del transporte ya pusieron el ojo en Monterrey y están dispuestos a invertir.
“Nosotros hemos pedido la requisa del transporte público y el gobierno nos pide aprobar el endeudamiento, que no vemos nada factible porque finalmente lo pagaría la ciudadanía, entonces lo que estamos pidiendo al gobierno es que se convoque a nuevos concesionarios”, añadió Julia Espinosa de los Monteros, Presidenta de la Comisión de Transporte de Nuevo León.
Si bien el gobierno estatal aún no contempla la llegada de nuevos inversionistas, los transportistas reconocen que es una posibilidad, incluso han escuchado hablar de empresas como Omnibus de México y Grupo Senda, así como transportistas australianos y británicos, pero aseguran que no tienen miedo porque al analizar la plaza sabrán que no hay negocio.
“Sabemos que podrían llegar nuevos empresarios, son empresas nacionales y también se ha hablado de una licitación internacional y de grupos británicos que podrían estar interesados, por nuestra parte son bienvenidos, pero no existen las condiciones para que esto sea realmente un negocio; no estamos encaprichados con un incremento sin razón, no estamos devolviendo algunas rutas porque dejen ganancias, estamos cubriendo una de las zonas metropolitanas de mayor extensión y el transporte público está dejando de ser negocio”, apuntó José Alberto Almaraz González.
“Quienes quieran entrarle al negocio, entenderán en cuanto vean los números que no es conveniente; yo entré a esto con mucha ilusión y hoy enfrentó las consecuencias de haber invertido en un sistema de transporte que no deja ganancias, así que quien quiera entrarle es bienvenido, aquí todos estamos perdiendo”, enfatizó Enrique Moreno Martínez.
La renuncia
En compañía del Secretario General de Gobierno, Manuel González, y en medio de la crisis del transporte en el Monterrey, Jorge Longoria anunció su retiro comentando que se va satisfecho. “Reconocer que se termina un ciclo con resultados por demás contundentes y medibles, que pudieron haber sido mejores, sin duda, pero la mayor satisfacción, mi mayor satisfacción, es haber extendido el transporte a un millón de personas que no contaban con el servicio”, declaró ante los medios de comunicación. Durante la rueda de prensa se anunció que Noé Chávez Montemayor ocupará el puesto de la Agencia para la Racionalización y Modernización del Sistema de Transporte Público de Nuevo León. Ante los cambios en la administración, Enrique Moreno Martínez, detalló para Pasajero7 que han comenzado a tomar las medidas legales necesarias para “evitar una invasión o dobleteo de rutas, o bien una requisa”.
