La transición hacia un sistema de transporte con menores emisiones quedó incorporada al marco jurídico de Michoacán. El Congreso del Estado aprobó reformas a la Ley de Movilidad y Seguridad Vial para reconocer la electromovilidad como uno de los principios que deberán orientar el desarrollo de las políticas públicas en la materia, con el propósito de impulsar un modelo de movilidad más limpio, eficiente y accesible para la población.
El dictamen, elaborado de manera conjunta por las comisiones de Movilidad y Comunicaciones y de Desarrollo Sustentable y Medio Ambiente, modifica los artículos 5 y 89 de la legislación estatal para establecer que la incorporación de tecnologías eléctricas deberá realizarse siempre que exista viabilidad técnica y material, sin alterar los recorridos ni comprometer la continuidad y calidad del servicio de transporte público.
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Con la reforma, la legislación define la electromovilidad como el conjunto de políticas públicas, acciones, infraestructura y tecnologías orientadas al uso de vehículos impulsados total o parcialmente por energía eléctrica, así como a los sistemas de recarga necesarios para su funcionamiento, con el objetivo de reducir emisiones contaminantes y promover un modelo de movilidad más sostenible en la entidad.
El nuevo marco normativo también establece que las autoridades estatales y municipales deberán impulsar acciones para difundir el conocimiento y los beneficios de la electromovilidad y de las tecnologías de bajas o cero emisiones, incorporándolas como parte de las estrategias de movilidad sustentable. Además, la información relacionada con estas políticas deberá ponerse a disposición de la ciudadanía mediante formatos accesibles y con pertinencia cultural y lingüística.
Michoacán fortalece su legislación en materia de movilidad al integrar criterios ambientales dentro de la planeación del transporte, buscando equilibrar la reducción de emisiones con la obligación del Estado de garantizar un servicio público accesible, continuo y eficiente. La reforma también abre la puerta para el desarrollo futuro de proyectos de electrificación del transporte y la infraestructura necesaria para respaldar su operación en la entidad.
