
El transporte público urbano de San Juan del Río enfrenta un nuevo episodio de tensión entre concesionarios y autoridades regulatorias. A través de avisos colocados en diversas unidades, operadores del servicio informaron que a partir del próximo 15 de junio la tarifa general pasará de 10 a 13 pesos por usuario, una decisión que justifican por la falta de actualización tarifaria durante los últimos ocho años y la ausencia de acuerdos con las autoridades estatales responsables del sector.
La medida fue dada a conocer mediante comunicados impresos instalados al interior de los autobuses que diariamente prestan servicio en distintas colonias del municipio. En ellos, los concesionarios sostienen que han operado bajo protesta durante varios años debido al incremento sostenido de los costos de operación, situación que, aseguran, ha afectado la viabilidad financiera de las empresas transportistas.
De acuerdo con los operadores, el ajuste anunciado busca responder a una realidad económica que se ha vuelto cada vez más compleja para el sector, particularmente por el aumento en los precios de combustibles, refacciones, mantenimiento, salarios y otros insumos indispensables para la prestación del servicio.
“Durante ocho años el sistema ha absorbido incrementos constantes en sus costos operativos sin que exista una actualización de la tarifa que permita equilibrar las finanzas del servicio. Esta situación ha generado un desgaste económico que hoy obliga a tomar decisiones para garantizar la continuidad de la operación”, señalaron los concesionarios a través de los avisos difundidos entre los usuarios.
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Los transportistas también hicieron referencia a la falta de diálogo con la Agencia de Movilidad del Estado de Querétaro (AMEQ), organismo responsable de analizar y autorizar cualquier modificación tarifaria en el transporte público. Según expresaron, las solicitudes presentadas por el sector no han derivado en soluciones concretas que permitan atender las necesidades operativas que enfrenta el sistema.
El anuncio abre nuevamente el debate sobre la sostenibilidad financiera del transporte público en ciudades medias, donde los operadores argumentan que los ingresos actuales resultan insuficientes para cubrir los costos de operación y avanzar en procesos de modernización, mientras que los usuarios enfrentan el impacto directo que un incremento tarifario tendría sobre su economía familiar.
En los próximos días se espera una postura oficial por parte de la autoridad estatal respecto al anuncio realizado por los concesionarios y sobre la viabilidad legal de la medida, toda vez que la autorización de tarifas corresponde exclusivamente a los organismos reguladores del transporte público en Querétaro.


































