La urgencia de la acción climática es un tema central en las deliberaciones anuales de la Conferencia de las Partes de las Naciones Unidas (COP). Durante la reciente COP 28, se enfatizó la importancia de la rendición de cuentas. Sin embargo, se ha identificado que el mecanismo de rendición de cuentas, crucial para la implementación de la agenda climática en el ámbito de la movilidad y el transporte urbano en México, está FRACTURADO.
- Falta de transparencia: Se observa una notable falta de transparencia en la gestión, planificación y divulgación de los resultados de las políticas de movilidad y transporte, especialmente en lo que respecta a su impacto en la agenda climática. Aunque es de conocimiento general que el sector del autotransporte en México es un emisor principal de gases de efecto invernadero (GEI), frecuentemente se omite la información detallada sobre los impactos ambientales y sociales que se acumulan año tras año.
- Responsabilidades no definidas: Actualmente, las responsabilidades de los distintos actores en el sector del transporte, en relación con los objetivos climáticos, no están claramente establecidas. Al examinar las dependencias responsables en cada entidad del país, se observa que, aunque algunas cuentan con cierto grado de atribuciones en la materia, otras no poseen formalmente áreas especializadas. Esta falta de claridad en la asignación de responsabilidades afecta la transversalidad necesaria para abordar la agenda climática en áreas críticas como medio ambiente, energía, movilidad y transporte, desarrollo urbano y salud.
- Ausencia de evaluación: Existe una notable falta de sistemas de evaluación para medir y ajustar el impacto de las políticas de transporte en el cambio climático. En este contexto, el sistema de transporte público Metrobús se distingue a nivel nacional, siendo el único que ha obtenido la certificación de reducción de emisiones NM0258 otorgada por las Naciones Unidas. Esta certificación subraya la efectividad de Metrobús en la disminución de emisiones, marcando un referente de credibilidad y progreso continuo en la implementación de políticas de transporte. En un panorama donde predomina la limitada evaluación del impacto climático, el caso de Metrobús resalta la relevancia de incorporar prácticas certificadas en la gestión del transporte sostenible.
- Carencia de participación pública: En México, la creación o actualización de planes y programas de acción climática raramente incorpora un proceso de gobernanza que involucre de manera activa a la ciudadanía y a las partes interesadas en el desarrollo de políticas de transporte sostenible. Un ejemplo de esto fue en la Ciudad de México en 2020, cuando se llevó a cabo un proceso participativo para su Estrategia y Programa de Acción Climática. No obstante, estos espacios estuvieron dominados principalmente por académicos y organizaciones especializadas en el tema, marginando una participación más amplia del sector del transporte público.
- Tecnologías inadecuadas: En algunas entidades del país como es el caso de Nuevo León, Querétaro en su Ley de Movilidad y en el estado de Morelos en su Programa Estatal de Desarrollo se considera el uso del gas natural o LP como una tecnología limpia y eficientes en el transporte urbano para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero. Es decir, una adopción incongruente con las acciones que exige la reducción de GEI a partir de fuentes de energía renovables.
- Uso ineficiente de recursos: Entre 2011 y 2017, el Instituto de Políticas para el Transporte y el Desarrollo realizó un seguimiento de cómo se distribuyó el financiamiento federal en las principales zonas metropolitanas del país para movilidad y transporte. Durante este período, el 71% de los fondos (valor promedio) se orientó hacia la movilidad en automóviles particulares, mientras que el resto se asignó a la movilidad urbana sostenible, de la cual solo un 5% benefició al transporte público. Dicha asignación es contradictoria, considerando que en zonas urbanizadas, la mayoría de la población depende del transporte público. Este análisis revela que los recursos disponibles para la movilidad y el transporte urbano no se están utilizando de manera eficiente ni están alineados con los objetivos de sostenibilidad y reducción de emisiones.
- Reacción tardía a los desafíos climáticos: A pesar de que México incrementó su meta de reducción de gases de efecto invernadero del Acuerdo de París de 2015, elevándola del 22% al 35% para 2030, fue apenas en 2023 cuando se comenzaron a promover a nivel federal programas de transporte limpio. Un gran desafío se presenta a nivel estatal, donde prevalece el modelo operativo hombre-camión en el transporte público. Este modelo se caracteriza por el uso de flotas con tecnologías ambientales obsoletas, la dependencia de combustibles fósiles y la falta de viabilidad financiera y operativa para adquirir unidades nuevas que mitiguen la emisión de GEI. Un ejemplo claro de esto es que el 50% de la flota de transporte público en el Estado de Puebla ha superado su vida útil según lo establecido en su marco regulatorio.
- Acceso desigual a transportes sostenibles: En México, las soluciones de movilidad sostenible no se ofrecen de manera equitativa para todos los sectores de la sociedad. Actualmente, solo la Ciudad de México, Jalisco y Nuevo León cuentan con sistemas de transporte público basados en ferrocarril. Además, solo 12 estados disponen de sistemas estructurados de transporte público del tipo BRT (Bus Rapid Transit), entre ellos Baja California (SITT), Chihuahua (Metrobús Chihuahua/ Bowí), Ciudad de México (Metrobús), Guanajuato (Optibús), Guerrero (Acabús), Hidalgo (Tuzobús), Jalisco (Macrobús), Estado de México (Mexibús), Nuevo León (Ecovía /TransMetro), Puebla (RUTA), Querétaro (Qrobus) y Tabasco (Transbus).
- Desarrollo sostenible ausente: En México, cada entidad federativa debería respaldar su marco legislativo en materia climática y de sostenibilidad con siete instrumentos legales. Sin embargo, el 44% de las 32 entidades cuenta con menos de la mitad de estos instrumentos. Esta deficiencia en la legislación impacta negativamente en la priorización del desarrollo sostenible, en la planificación y ejecución de políticas de transporte y movilidad urbana, comprometiendo la atención a la agenda climática.
- Oportunidades de mejora no aprovechadas: Durante años, académicos y organizaciones de la sociedad civil han instado a las autoridades con atribuciones pertinentes a identificar y capitalizar oportunidades para incrementar la eficiencia y sostenibilidad del transporte urbano. A pesar de estos llamados, la respuesta ha sido irregular y carece de medidas contundentes que consigan reducir significativamente las emisiones desde el sector de transporte y movilidad urbana. Un claro ejemplo de oportunidad son los sistemas de transporte público estructurados como es el caso de Metrobús de la Ciudad de México, que ha demostrado que entre el 15% y el 17% de sus usuarios optan por dejar sus automóviles en casa, contribuyendo así a una reducción del 95% en las emisiones de gases de efecto invernadero.
En conclusión, el análisis de la situación actual en México respecto a la rendición de cuentas en la implementación de la agenda climática en el ámbito de la movilidad y el transporte urbano revela deficiencias significativas y retos considerables. La falta de transparencia, la ausencia de responsabilidades claramente definidas, la carencia de evaluación efectiva, la limitada participación pública, el uso de tecnologías inadecuadas y la gestión ineficiente de recursos, todo ello contribuye a un panorama en el que el potencial de mejorar la sostenibilidad del transporte urbano y reducir las emisiones de GEI no se está aprovechando plenamente.
Es fundamental que México emprenda un camino más decidido hacia la mejora en estos aspectos, integrando de manera efectiva a todos los actores relevantes, desde las autoridades gubernamentales hasta la sociedad civil y el sector privado. La implementación de políticas y prácticas más transparentes, la definición clara de responsabilidades, la evaluación rigurosa de las políticas de transporte, la inclusión activa de la ciudadanía en el proceso de toma de decisiones y la optimización de los recursos disponibles son pasos esenciales para lograr un transporte urbano más sostenible y eficiente.
La experiencia de algunos sistemas de transporte muestra que la mejora es posible, pero se necesita un compromiso más firme y generalizado para lograr un impacto real en la lucha contra el cambio climático.
