
El Gobierno del Estado de México amplió nuevamente el plazo para la regularización del transporte público, al permitir que concesionarios concluyan sus trámites pendientes hasta el 18 de diciembre de 2026. La decisión responde a un rezago acumulado desde 2021 que ha impedido normalizar por completo la operación del sector.
De acuerdo con la Secretaría de Movilidad del Estado de México, la prórroga —publicada en la Gaceta de Gobierno— está dirigida a concesionarios que iniciaron procesos administrativos sin concluirlos, así como a aquellos cuyas concesiones vencieron sin renovación en tiempo y forma.
La medida permitirá avanzar en trámites clave como el otorgamiento de concesiones, autorizaciones de bases, terminales, derroteros, lanzaderas y modificaciones de rutas, con el objetivo de garantizar la continuidad del servicio, considerado de interés público.
El acuerdo establece que solo podrán acceder a esta ampliación quienes acrediten haber iniciado su trámite previamente, cuenten con interés jurídico y hayan cubierto los derechos correspondientes. Además, deberán cumplir con los requisitos vigentes.
Uno de los puntos relevantes es la posibilidad de acceder a prórrogas provisionales condicionadas, incluso sin contar de momento con el visto bueno técnico. Esto será posible mientras se actualizan disposiciones relacionadas con revisión físico-mecánica, geolocalización, videovigilancia y botones de pánico, elementos vinculados a la modernización del sistema.
Una vez concluido el plazo, los concesionarios deberán cumplir plenamente con las disposiciones técnicas y operativas, incluyendo la renovación de unidades fuera de vida útil, la adecuación a la cromática oficial y la incorporación de sistemas tecnológicos de seguridad.
Quienes busquen regularizarse deberán cubrir adeudos acumulados desde el vencimiento de sus concesiones y completar la integración de sus expedientes técnicos.
El trámite deberá realizarse a través del portal oficial de la Secretaría de Movilidad del Estado de México y será evaluado por la autoridad correspondiente, que advirtió que la prórroga no garantiza una resolución favorable, ya que dependerá del cumplimiento integral de los requisitos.
La nueva ampliación confirma que, a pesar de los esfuerzos regulatorios, una parte relevante del transporte público en la entidad continúa operando bajo condiciones administrativas irregulares.



































