Los siniestros viales no sólo dejan víctimas y lesiones: también representan una carga económica significativa para México. Un estudio elaborado por organizaciones de la sociedad civil y especialistas estimó que durante 2024 el costo de la atención médica y la pérdida de productividad asociadas a lesiones viales se ubicó entre 55 mil y 92 mil millones de pesos.
En el escenario de mayor impacto, esta cantidad equivale aproximadamente a 0.3 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB) del país o a 4.4 por ciento del gasto total en salud. La estimación, sin embargo, no contempla otros costos derivados de los siniestros, como los daños materiales ni la atención médica de largo plazo que pueden requerir las personas lesionadas.
Belén Sáenz de Miera Juárez, docente e investigadora de la Universidad Autónoma de Baja California Sur, explicó que el cálculo contempla únicamente dos componentes: la atención médica y las pérdidas asociadas con la reducción de productividad. Aun bajo ese criterio limitado, señaló, el impacto económico alcanza decenas de miles de millones de pesos.
La magnitud del problema adquiere mayor relevancia porque los siniestros viales afectan de manera importante a personas en edad productiva. De acuerdo con el estudio, los siniestros de tránsito continúan entre las principales causas de muerte de personas de entre 5 y 44 años, lo que amplía su repercusión económica al interrumpir trayectorias educativas y laborales y generar pérdidas de productividad.
Los especialistas insistieron, además, en que una parte importante de estos costos puede prevenirse. Mejorar las condiciones de seguridad vial permitiría reducir lesiones y muertes, pero también liberar recursos públicos y familiares que actualmente se destinan a enfrentar las consecuencias de los siniestros.
Entre los factores de riesgo identificados aparecen la conducción bajo los efectos del alcohol, el exceso de velocidad y la ausencia de dispositivos de seguridad, como cascos certificados, cinturones y sistemas de retención infantil. Para Erick Antonio Ochoa, director de Salud Justa Mx, el problema no debe entenderse como una sucesión inevitable de hechos fortuitos.
“No son accidentes, ni situaciones imprevistas del azar; son la consecuencia de vacíos en la infraestructura, errores en la regulación y carencia de control sobre los factores de riesgo”.
El estudio también pone el foco sobre quienes utilizan las vías en condiciones de mayor vulnerabilidad. En contextos urbanos, peatones, ciclistas y motociclistas representan alrededor de 80 por ciento de los decesos, de acuerdo con las cifras presentadas durante la exposición.
Frente a este escenario, las organizaciones participantes plantearon la necesidad de acelerar la aplicación de la Ley General de Movilidad y Seguridad Vial, aprobada en 2022, y reforzar las políticas orientadas a reducir los principales factores de riesgo.
Entre las medidas señaladas están los controles de alcohol al volante, límites de velocidad, estándares más estrictos de seguridad vehicular e infraestructura que considere las necesidades de quienes caminan, utilizan bicicleta o motocicleta.
Los especialistas también plantearon actualizar las regulaciones de seguridad de los vehículos para incorporar tecnologías capaces de prevenir o reducir la gravedad de los atropellamientos y colisiones, entre ellas sistemas de protección para peatones y frenado autónomo de emergencia.
El llamado trasciende la incorporación de nuevas tecnologías. La discusión apunta a que la seguridad vial debe asumirse como una política pública permanente y no únicamente como una respuesta posterior a los siniestros.
Andrés Atayde Rubiolo, presidente de la Junta de Coordinación Política del Congreso de la Ciudad de México, resumió esa responsabilidad en una frase: “La seguridad vial debe ser considerada una política estatal”.
Más allá de la cifra económica, el estudio plantea una conclusión de fondo: cada lesión vial tiene un costo humano que puede traducirse también en una presión para los sistemas de salud, las familias y la economía. Reducir los siniestros no sólo significa salvar vidas; también implica evitar que recursos que podrían destinarse a otras necesidades terminen financiando las consecuencias de hechos prevenibles.
