En Nuevo León, casi cuatro personas son atropelladas cada día. Entre 2020 y 2024 se contabilizaron 7 mil 952 casos, de acuerdo con información del INEGI, una cifra que llevó al Congreso estatal a plantear nuevas medidas para contener los riesgos asociados con la velocidad en las calles.
La diputada de Movimiento Ciudadano, Melisa Peña, presentó un Punto de Acuerdo para exhortar a los 51 Ayuntamientos del estado a reforzar las acciones de prevención y seguridad vial, particularmente en los puntos donde existe una mayor exposición para peatones, ciclistas y motociclistas.
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La propuesta plantea que los municipios revisen sus vialidades para identificar zonas de riesgo y, a partir de estudios técnicos, determinen qué intervenciones son necesarias para reducir la velocidad y prevenir siniestros.
Entre las medidas planteadas están la instalación, rehabilitación y mantenimiento de reductores de velocidad, topes, señalización preventiva, bordes y otros dispositivos de control vial.
La legisladora señaló que estas intervenciones deberían concentrarse en lugares donde existe una mayor presencia de personas o donde los atropellamientos se repiten con mayor frecuencia. La lista incluye zonas escolares, hospitales, centros de salud, parques, espacios deportivos, áreas habitacionales y cruces peatonales.
“Que los Ayuntamientos revisen sus vialidades para identificar los puntos de mayor riesgo y, previo estudio técnico, determinen las intervenciones necesarias. Entre las medidas contempladas se encuentran la instalación, rehabilitación y mantenimiento de bordes, reductores de velocidad, topes, señalización preventiva y otros dispositivos de control vial”, mencionó.
El planteamiento parte de que la velocidad no solo influye en la posibilidad de que ocurra un siniestro, sino también en la gravedad de sus consecuencias. Para Peña, reducirla en zonas de alta exposición puede marcar la diferencia entre un incidente con lesiones menores y uno con consecuencias graves.
La diputada sostuvo que la seguridad vial debe abordarse como una política de protección de la vida, debido a que los siniestros pueden ocasionar lesiones graves, discapacidades permanentes y muertes.
“La prevención debe adelantarse al accidente y no esperar a que ocurra una tragedia para actuar. Contar con calles más seguras permitirá que niñas y niños lleguen con mayor seguridad a sus escuelas, que las personas adultas mayores puedan cruzar las calles con tranquilidad y que quienes utilizan bicicleta o motocicleta tengan menores riesgos al trasladarse”, dijo.
El exhorto pone la responsabilidad de la intervención principalmente en los gobiernos municipales, que deberán identificar las vialidades con mayor riesgo y determinar, mediante estudios técnicos, las soluciones que correspondan a cada punto.
Más allá de la colocación de dispositivos aislados, la propuesta plantea utilizar la información sobre atropellamientos para definir dónde y cómo intervenir las calles, con especial atención en los espacios donde conviven vehículos con usuarios vulnerables de la vía.
