El Congreso de Nuevo León comenzó a construir una propuesta de regulación para scooters, bicicletas y otros vehículos eléctricos de micromovilidad que circulan en las calles y avenidas de la Zona Metropolitana de Monterrey.
Las primeras mesas de trabajo fueron convocadas por la Comisión de Movilidad y reunieron a autoridades, especialistas en movilidad urbana, organizaciones civiles y representantes del sector privado para revisar la situación actual de estos vehículos, su impacto en la movilidad y las reglas necesarias para reducir riesgos y ordenar su utilización.
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La discusión parte de la expansión que han tenido estas alternativas de transporte en el estado y de la necesidad de establecer criterios que permitan incorporarlas al marco jurídico de movilidad.
La diputada Ailé Tamez, presidenta de la Comisión de Movilidad, señaló que el proceso busca incorporar distintas perspectivas antes de definir una regulación.
“Para nosotros es muy importante escuchar distintas perspectivas sobre este tema (…) Reconocemos que la construcción de una mejor regulación y de políticas públicas en materia de movilidad requiere de un diálogo abierto y de la participación de quienes, desde distintos ámbitos, conocen y viven de manera directa los retos y oportunidades que enfrenta Nuevo León”.
Uno de los objetivos planteados es establecer un marco normativo estatal que pueda incorporarse a la Ley de Movilidad de Nuevo León y que permita definir una base común para el uso de estos vehículos.
Tamez señaló que la regulación deberá considerar también las atribuciones de los municipios, particularmente porque Monterrey y San Pedro Garza García ya han comenzado a abordar el uso de scooters y otros vehículos de micromovilidad dentro de sus territorios.
“Sabemos que la micromovilidad llegó a Nuevo León para quedarse, y por ello debemos atenderla de la mejor manera; precisamente eso fue lo que vimos hoy”, afirmó.
La legisladora agregó que durante las mesas participaron representantes de municipios que ya han tomado medidas relacionadas con la micromovilidad y planteó que la legislación estatal establezca una base sobre la cual cada ayuntamiento pueda desarrollar sus propios lineamientos.
“Lo que buscamos es que haya un marco normativo para que luego cada municipio, dentro de su autonomía, puedan tener sus propios lineamientos, pero con una base que se defina aquí en el Congreso del Estado”, explicó.
Con este proceso, el Congreso estatal abrió la discusión sobre las condiciones de circulación, seguridad y regulación de los vehículos de micromovilidad, así como sobre la forma en que una eventual norma estatal se relacionará con las disposiciones que ya aplican o preparan los municipios de la zona metropolitana.
