La incorporación progresiva de unidades accesibles para personas con discapacidad en los sistemas de transporte público podría convertirse en una obligación establecida en la Ley General de Movilidad y Seguridad Vial, de acuerdo con una iniciativa presentada en el Congreso de la Unión.
La propuesta plantea adicionar un cuarto párrafo al artículo 43 de dicha legislación para establecer que las flotas de transporte público incorporen elementos de accesibilidad universal, entre ellos señalización, dispositivos auditivos y espacios reservados adaptados para garantizar desplazamientos autónomos e independientes.
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La iniciativa fue presentada por la diputada Ana González González, quien señaló que las condiciones actuales de infraestructura y operación del transporte representan barreras para millones de personas con discapacidad o alguna limitación.
De acuerdo con las cifras citadas en la propuesta, con base en información del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), en México viven más de 7.1 millones de personas con discapacidad y 13.5 millones tienen alguna limitación, lo que representa una población conjunta superior a 20.7 millones de personas.
En Nuevo León, la legisladora señaló que más de 405 mil personas viven con alguna discapacidad y que buena parte de las rutas urbanas y paraderos carecen de rampas funcionales, unidades de piso bajo y señalización táctil o auditiva.
“Esta falta de accesibilidad se convierte en una barrera estructural que frena el acceso a la educación, la salud y la inclusión laboral”, expuso.
La iniciativa también advierte sobre las consecuencias económicas que enfrentan las familias cuando los sistemas de transporte público no ofrecen condiciones adecuadas de accesibilidad. Entre ellas, señala la necesidad de recurrir a servicios privados o depender de otras personas para realizar traslados cotidianos.
Uno de los principales alcances de la reforma consiste en establecer que las autoridades de los tres órdenes de gobierno condicionen el otorgamiento y la renovación de concesiones de transporte público al cumplimiento de estándares de accesibilidad universal.
De aprobarse, la modificación incorporaría estos requisitos como parte de las obligaciones normativas para los prestadores del servicio, con el propósito de avanzar hacia sistemas de transporte que permitan a las personas con discapacidad desplazarse con mayor autonomía.
