Hay debates que conviene dejar atrás. Uno de ellos es si la motocicleta debe o no formar parte del sistema de movilidad. La realidad ya respondió esa pregunta. Millones de personas la utilizan todos los días para ir a trabajar, estudiar, llevar a sus hijos a la escuela o generar ingresos. La motocicleta dejó de ser una alternativa; para muchos mexicanos se convirtió en una necesidad.
Y las razones son evidentes. En numerosas ciudades, los tiempos de traslado son cada vez mayores. No siempre existe una ruta de transporte público que conecte origen y destino de manera eficiente; los transbordos consumen tiempo, la cobertura aún tiene vacíos y el crecimiento urbano ha llevado a miles de personas a vivir cada vez más lejos de sus centros de trabajo. Frente a ese escenario, la motocicleta ofrece algo que hoy vale tanto como el dinero: tiempo.
Por eso, reducir el fenómeno al incumplimiento de reglas o a las cifras de siniestralidad sería analizar apenas una parte del problema. El crecimiento de las motocicletas refleja una necesidad legítima de movilidad que las ciudades aún no han resuelto.
Eso no significa ignorar los riesgos. Las estadísticas muestran que los siniestros en motocicleta representan un desafío creciente para la seguridad vial y que es indispensable actuar. Pero la respuesta no pasa por estigmatizar a quienes utilizan este medio de transporte, sino por incorporarlo de manera inteligente a las políticas públicas.
En esa dirección apunta la Agenda Moto Segura impulsada por la Coalición Movilidad Segura. Su propuesta no busca desincentivar el uso de la motocicleta, sino hacer que su crecimiento ocurra bajo mejores condiciones: capacitación para obtener la licencia, cascos certificados, motocicletas con estándares mínimos de seguridad, mejores registros de información y vialidades diseñadas para una convivencia más segura entre todos los usuarios.
Porque esa convivencia exige responsabilidades compartidas. El motociclista debe conducir con prudencia y utilizar equipo de protección adecuado. Los automovilistas y operadores de transporte público deben reconocer que la motocicleta tiene el mismo derecho a ocupar la vía y respetar su espacio. Las autoridades, por su parte, tienen la obligación de diseñar infraestructura segura y aplicar reglas claras, técnicas y consistentes.
La discusión de fondo no es si habrá más motocicletas en nuestras calles. Todo indica que seguirán creciendo porque responden a una necesidad real de millones de personas. El verdadero reto consiste en que ese crecimiento vaya acompañado de mejores políticas públicas, educación vial e infraestructura, para que la solución a un problema de movilidad no termine convirtiéndose en un problema de seguridad.
Las ciudades modernas no pueden darse el lujo de enfrentar unos modos de transporte contra otros. Su responsabilidad es lograr que todos convivan de manera segura, eficiente y con respeto mutuo. Ahí está el desafío, y también la oportunidad.
