ESCRITO POR: Cristela Gutiérrez / redaccion@pasajero7.com.mx
Nunca habían circulado tantas motocicletas en México, tampoco habían representado un desafío tan grande para la seguridad vial. En apenas dos décadas, el parque vehicular se multiplicó por 17, al pasar de poco más de 518 mil unidades a cerca de nueve millones, mientras que las muertes de personas usuarias de este vehículo crecieron de alrededor de dos mil casos anuales en 2012 a seis mil en 2023, un incremento de 163 por ciento de acuerdo con datos del INEGI. Hoy, los motociclistas representan aproximadamente el 35 por ciento de todas las víctimas mortales por siniestros de tránsito, una realidad que dejó de ser un problema exclusivo de quienes conducen estos vehículos para convertirse en uno de los mayores retos de salud pública y movilidad del país.
Sin embargo, el debate suele reducirse a una explicación aparentemente sencilla: culpar al motociclista. Para especialistas, esa lectura resulta insuficiente. El crecimiento acelerado de este medio de transporte también ha puesto en evidencia rezagos históricos en infraestructura, regulación, capacitación y planeación urbana. En otras palabras, el auge de la motocicleta no creó por sí mismo la crisis de seguridad vial; hizo visibles las debilidades de un sistema que no evolucionó al mismo ritmo que la movilidad de millones de personas.
Lo que antes era un vehículo asociado principalmente al ocio o a un grupo reducido de usuarios, hoy se convirtió en una herramienta indispensable para trabajar, estudiar o realizar trayectos cotidianos. La expansión de las plataformas digitales, el crecimiento de las ciudades, las deficiencias del transporte público en diversas regiones y la necesidad de acceder a una alternativa de transporte más económica aceleraron un fenómeno que difícilmente tendrá marcha atrás.
La motocicleta se ha vuelto una herramienta para muchas personas, para trasladarse en la ciudad y también para trabajar. Si bien ha sido una solución ante la falta de un sistema de transporte público eficiente y de otras alternativas de movilidad, también representa una de las problemáticas más urgentes en materia de seguridad vial. Muchas personas están optando por esta forma de trasladarse para realizar actividades tan cotidianas como ir al trabajo o a la escuela”, explica Alejandra Leal, codirectora de Céntrico e integrante de la Coalición Movilidad Segura.
Para Leal, el crecimiento del uso de la motocicleta también refleja profundas desigualdades sociales. La mayor parte de quienes hoy enfrentan los riesgos de circular en este tipo de vehículos son personas jóvenes que encontraron en ellos una alternativa para generar ingresos o reducir los tiempos de traslado, muchas veces porque no existían mejores opciones de movilidad.
El tema de la motocicleta en México atraviesa un problema de injusticia social. Quienes están más expuestos al riesgo son muchas de las personas que encontraron en la motocicleta una herramienta de trabajo, particularmente quienes realizan labores de reparto. Utilizan motocicletas económicas, con menores condiciones de seguridad y enfrentan jornadas laborales muy precarias. El reto es construir una estrategia integral que los proteja, porque los motociclistas también son víctimas: son atropellados por automovilistas, sufren las deficiencias de la infraestructura y, en ocasiones, también se ven involucrados en hechos que afectan a otros usuarios de la vía. Lo que necesitamos es una estrategia que atienda todas esas causas al mismo tiempo.”
La pandemia de COVID-19 aceleró todavía más esta tendencia. Miles de personas que perdieron su empleo encontraron en la motocicleta una oportunidad para incorporarse a los servicios de reparto y mensajería, mientras el comercio electrónico incrementó la demanda de entregas a domicilio. En ese proceso, el perfil tradicional del motociclista cambió y con él surgieron nuevos desafíos para la seguridad vial.
Muchísimas personas llegaron a la motocicleta por necesidad. Perdieron su empleo, comenzaron haciendo entregas a pie, después en bicicleta y finalmente se subieron a una motocicleta porque era la única forma de generar ingresos. Eso cambió completamente la comunidad motociclista. Quienes elegimos usar la moto por gusto normalmente buscamos capacitación, conocemos ciertas reglas de conducción y entendemos los riesgos. Quienes llegaron por necesidad muchas veces no tuvieron ese proceso de aprendizaje y comenzaron a circular sin conocer aspectos básicos para conducir con seguridad”, señala Adriana Peña, representante en México de la Unión Internacional por la Defensa del Motociclista.
El crecimiento acelerado del uso de la motocicleta refleja nuevas necesidades de movilidad, pero también ha incrementado los riesgos para uno de los grupos más vulnerables en las calles.
Aunque representan sectores distintos, ambas especialistas coinciden en un punto esencial: el crecimiento de la siniestralidad no puede explicarse únicamente por el comportamiento de quienes conducen una motocicleta. Detrás de cada hecho de tránsito convergen factores como la falta de capacitación, la infraestructura deficiente, la ausencia de estándares mínimos de seguridad para los vehículos, las condiciones laborales de los repartidores, el exceso de velocidad de otros conductores y la insuficiente aplicación de la ley. Entender esa complejidad es el primer paso para construir soluciones que permitan salvar vidas sin desincentivar un medio de transporte que ya forma parte de la movilidad cotidiana de millones de personas.
La seguridad vial no depende únicamente del motociclista, sino de un sistema que incluye infraestructura, regulación, capacitación, estándares de seguridad y responsabilidad compartida.
Un problema sistémico
Cada vez que ocurre un siniestro vial en el que participa una motocicleta, el debate público suele concentrarse en la conducta de quien la conducía, el exceso de velocidad, las maniobras indebidas o el incumplimiento del reglamento aparecen con frecuencia como las únicas explicaciones. Sin embargo, las especialistas advierten que esa visión resulta incompleta y, en muchos casos, impide atender las causas estructurales que están detrás del incremento de lesiones y fallecimientos.
Para Alejandra Leal, el reto consiste precisamente en dejar de analizar los hechos de tránsito como incidentes aislados y comenzar a entenderlos como el resultado de múltiples factores que interactúan entre sí.
Hay algo recurrente cuando desde los estados o las ciudades se quiere trabajar el tema de motocicletas, solamente se quiere hablar de ellas. Pero hay que hablar también de los automovilistas, de los excesos de velocidad de todos los vehículos motorizados, de la infraestructura, del estado de las calles y de las responsabilidades que tiene el Estado. Cuando se pone toda la atención únicamente sobre los motociclistas se pierde de vista que también ellos son víctimas. Los motociclistas también están siendo atropellados por automovilistas y muchas veces circulan en condiciones que incrementan el riesgo. Lo que necesitamos es una visión mucho más integral.”
Desde su perspectiva, la seguridad vial comienza mucho antes de que una motocicleta salga a circulación. Depende de que existan procesos adecuados para obtener una licencia, motocicletas con estándares mínimos de seguridad, calles bien diseñadas, pavimentos en buen estado, límites de velocidad efectivos y una autoridad capaz de hacer cumplir la ley. Cuando alguno de esos elementos falla, el riesgo aumenta para todos los usuarios de la vía, independientemente del vehículo que conduzcan.
Esa visión encuentra coincidencias con la experiencia cotidiana de quienes representan a la comunidad motociclista. Para Adriana Peña, uno de los principales cambios que trajo consigo el crecimiento acelerado del parque vehicular fue la incorporación de miles de personas que comenzaron a utilizar una motocicleta sin haber recibido capacitación previa.
Los datos nos dicen que muchas personas no tienen la capacitación necesaria para usar una motocicleta. Por eso insistimos en que la educación vial debe ser la prioridad. Hemos trabajado con repartidores para enseñarles cómo frenar, cómo reaccionar bajo la lluvia, cómo controlar la motocicleta y qué errores evitar. Muchos de los jóvenes que hoy sufren accidentes simplemente nunca tuvieron acceso a esa formación. No basta con entregarles una licencia; primero deben conocer el reglamento, aprender las maniobras básicas y entender que una motocicleta requiere habilidades específicas para conducirse con seguridad.”
Peña considera que la falta de preparación no es exclusiva de quienes utilizan motocicletas. A su juicio, los automovilistas también deberían acreditar evaluaciones teóricas y prácticas antes de obtener una licencia, ya que la convivencia segura depende de todos los actores que comparten el espacio público.
Otro de los factores que ambas especialistas identifican como un detonante de la siniestralidad son las condiciones laborales de quienes utilizan la motocicleta como herramienta de trabajo. La presión por cumplir tiempos de entrega cada vez más reducidos, particularmente en las plataformas digitales, obliga a muchos repartidores a circular bajo condiciones de riesgo permanente.
Se está premiando la rapidez y no la protección de la vida. Cuando una aplicación promete entregas en diez minutos, toda la presión recae sobre quien conduce la motocicleta; si está lloviendo, si el pavimento está en malas condiciones o si debe recorrer largas distancias, el riesgo sigue siendo para esa persona. No podemos construir un sistema donde la velocidad de una entrega valga más que la vida de quien realiza el servicio”, advierte Alejandra Leal.
Bajo esta lógica, argumentan que la seguridad vial deja de ser una responsabilidad exclusiva del motociclista para convertirse en una tarea compartida entre autoridades, fabricantes, empresas, plataformas digitales y todos los usuarios de la vía. Solo entendiendo esa red de responsabilidades será posible reducir una siniestralidad que hoy afecta, principalmente, a jóvenes en edad productiva y a miles de familias que dependen de la motocicleta para su movilidad o su sustento.
Las propuestas impulsadas desde la sociedad civil buscan fortalecer la capacitación, las licencias, el uso de cascos certificados, los estándares técnicos de las motocicletas y las políticas públicas de prevención.
La ruta hacia una movilidad más segura
El crecimiento de las motocicletas obliga también a replantear las políticas públicas. Para las especialistas, reducir la siniestralidad no pasa únicamente por aumentar las sanciones, sino por construir un sistema donde la seguridad sea una responsabilidad compartida entre autoridades, fabricantes, empresas y personas usuarias de la vía.
Con ese propósito, organizaciones de la sociedad civil, representantes de la comunidad motociclista, empresas y especialistas participaron en mesas de trabajo convocadas por la Comisión de Movilidad de la Cámara de Diputados, encabezada por la diputada Patricia Mercado, para fortalecer el marco jurídico en materia de seguridad vial para motocicletas.
La problemática de las muertes en motociclistas nos llevó a revisar las disposiciones de la Ley General de Movilidad y Seguridad Vial e identificar áreas de oportunidad para fortalecer la protección de quienes utilizan este vehículo. Presentamos una propuesta de reforma que hoy analiza la Comisión de Movilidad y cuyo objetivo es que exista un marco jurídico que obligue a implementar medidas efectivas de prevención. Cada día que pasa se siguen perdiendo vidas y necesitamos que las políticas públicas respondan a esa realidad”, explica Alejandra Leal.
La propuesta incorpora medidas como licencias con evaluaciones teóricas y prácticas, capacitación para conductores, cascos certificados, estándares mínimos de seguridad para las motocicletas —incluyendo tecnologías como frenos ABS y CBS—, fortalecimiento de los seguros, atención post siniestro y una mejor generación de información para orientar las políticas públicas.
Para Adriana Peña, ninguna reforma será suficiente si no va acompañada de educación vial. “Necesitamos motoescuelas donde las personas aprendan a conducir antes de salir a las calles. Ahí deben conocer el reglamento, practicar maniobras de emergencia y desarrollar las habilidades necesarias para controlar la motocicleta con seguridad. La capacitación debe extenderse también a los automovilistas, porque una movilidad segura depende de todos los usuarios de la vía.”
Experiencias internacionales muestran que ese enfoque integral es posible. Países como España y el Reino Unido exigen procesos de capacitación y licencias progresivas para determinados tipos de motocicletas, mientras que diversas ciudades han fortalecido los estándares de seguridad de los vehículos y del equipamiento de protección.
Ambas especialistas coinciden en que el desafío es construir un modelo de movilidad donde la motocicleta siga siendo una alternativa accesible y eficiente, pero dónde regresar a casa con seguridad deje de depender de la suerte.
La motocicleta llegó para quedarse. Hoy representa una herramienta de trabajo, una alternativa de movilidad y, para millones de personas, la opción más viable para desplazarse. El desafío es garantizar que ese cambio vaya acompañado de mejores políticas públicas, infraestructura, capacitación y corresponsabilidad entre todos los actores. Porque una movilidad más eficiente solo será verdaderamente exitosa cuando también sea una movilidad que proteja la vida.
