Las personas mayores fueron olvidadas en la movilidad en México, a pesar de ser un derecho de todos.
El derecho a la movilidad es un principio fundamental que garantiza que todas las personas puedan desplazarse libremente y sin restricciones.
Este derecho está estrechamente vinculado con la calidad de vida, la participación social y el acceso a servicios esenciales como la salud, la educación y el trabajo. Sin embargo, en México, el envejecimiento de la población presenta desafíos específicos para garantizar la movilidad de las personas mayores, quienes enfrentan limitaciones físicas, sociales y urbanas que complican su desplazamiento.
México es un país que envejece rápidamente. Según datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), en 2025, el 12.8% de la población mexicana tendrá más de 60 años. Como dato más preciso, la CONAPO (Consejo Nacional de Población), en mayo pasado, reportó 17.1 millones de personas adultas mayores.
La infraestructura y políticas de movilidad en México no están diseñadas considerando las necesidades específicas de la población adulta mayor, lo que perpetúa su exclusión y vulnerabilidad.
Se espera que esta cifra continúe creciendo en las próximas décadas. Este cambio demográfico conlleva importantes transformaciones en la manera en que las ciudades y los servicios son diseñados y administrados. Un ejemplo de esto es que, en la compra de un boleto o en una simple recarga de saldo de la tarjeta MI, se olvidaron de incluir a los adultos mayores.
Las personas mayores suelen experimentar una disminución en sus capacidades físicas, como reducción de la fuerza muscular, de la velocidad al caminar y del equilibrio, fatiga visual, entre otros. Estas limitaciones hacen que sus desplazamientos sean más lentos y, en muchos casos, menos seguros. A esto se suma que somos un país con un alto índice de enfermedades crónicas, algunas incluso degenerativas. Esta realidad, a nivel operativo, no se contempla adecuadamente por parte de ingenieros y técnicos al desarrollar logísticas más realistas. Es decir, aunque los nuevos transportes públicos ya contemplan rampas, espacios y accesibilidad para este tipo de personas, sus limitaciones provocan que el exceso de tiempo genere pérdidas y retrasos.
En muchas ciudades mexicanas, la infraestructura urbana no está adaptada para personas mayores. Las banquetas son estrechas, irregulares y, en ocasiones, están ocupadas por obstáculos como puestos ambulantes o vehículos estacionados. Los cruces peatonales con semáforos suelen carecer de tiempo suficiente para que las personas mayores puedan atravesar con seguridad, lo que incrementa el riesgo de accidentes. Es tan triste dimensionar esto que los propios activistas de la movilidad, al ser en su mayoría jóvenes, los excluyen de sus propuestas y luchas. Además, no hay un interés social ni calidad en los proyectos que se realizan; incluso las grandes obras de infraestructura del propio gobierno federal no contemplan planes que den solución para este creciente grupo poblacional con necesidades de movilidad.
En la Ciudad de México tenemos ejemplos de colonias que emergieron en los años 80 y cuya población es en su mayoría de adultos mayores. Esto se puede observar fácilmente, ya que las escuelas de nivel básico (primaria y secundaria) tienen una cantidad de alumnos muy reducida. Por extraño que parezca, la Alcaldía Iztapalapa es un ejemplo de lo descrito.
El acceso limitado al transporte público por falta de modernización, en muchos puntos del país —especialmente en pequeñas ciudades o en las periferias de las grandes urbes— no ha dado soluciones para los adultos mayores, creando grandes dificultades para realizar sus viajes. Las unidades de transporte suelen carecer de rampas, espacios para sillas de ruedas y asientos prioritarios. Además, las paradas de autobús y estaciones de metro están ubicadas en zonas de difícil acceso, lo que limita la independencia de las personas mayores. Y aquí es importante mencionar algo: muchos de estos adultos mayores están en la necesidad de moverse solos. Y esta situación seguirá creciendo ante los cambios en lo que entendemos como familia, es decir, muchos no tienen hijos ni nietos, y viven solos, o bien sus seres queridos han migrado a otros lugares lejos de su lugar de origen.
En México, las políticas de movilidad urbana aún no priorizan a las personas mayores. La planificación de ciudades y transporte tiende a enfocarse en la población activa. Sin embargo, un gran número de adultos mayores lleva una vida totalmente normal, con actividades de tiempo completo, y tienen necesidades de desplazamiento hacia sus lugares de trabajo. Esto representa un abandono y rezago por parte del Estado, dejando atrás las necesidades específicas de quienes tienen movilidad limitada. Esta omisión genera desigualdad y, en muchos casos, exclusión social.
Además de los retos físicos y de infraestructura, las personas mayores en México también enfrentan actitudes discriminatorias y actos de violencia que las menosprecian, tildándolas de lentas y estorbosas para la movilidad urbana. Este tipo de peligro y estigmatización las pone en riesgo, crea barreras para su integración en la vida cotidiana y reduce su confianza al utilizar espacios públicos. La situación es tan grave que se ha normalizado que, en la calle, sean víctimas sin apoyo ni garantías, ante un entorno que las abandona frente a los demás grupos etarios.
Las personas mayores pertenecen a la sociedad mexicana y, por lo tanto, se debe garantizar su derecho a la movilidad. Tienen tanto derecho como cualquier otro grupo social a desplazarse de manera segura, eficiente y digna. Para lograrlo, es imprescindible que las ciudades y la sociedad en general adopten un enfoque inclusivo que considere las diversas necesidades de este grupo poblacional. Aunque estamos rezagados, es urgente tomar este asunto con rapidez y seriedad, y comenzar a entender y dar soluciones a través de infraestructura accesible, transporte adaptado y políticas públicas empáticas. Nuestro país debe avanzar hacia un modelo de movilidad que refleje el respeto y la igualdad para todas y todos. Todos somos valiosos y merecemos igualdad.
Es urgente adoptar un enfoque inclusivo en el diseño urbano y del transporte público, con soluciones que respeten el derecho a la movilidad digna, segura y autónoma de las personas mayores.
