El reclamo por la formalización del transporte de barrio escaló al ámbito legislativo. Más de 2,700 operadores de mototaxi se movilizaron a las afueras de la Cámara de Diputados para demandar un marco legal que reconozca su actividad, con el respaldo de 250 mil firmas ciudadanas.
En respuesta, el diputado federal Gabriel García Hernández sostuvo un encuentro con representantes del gremio, acompañado de autoridades federales y del Estado de México, donde se instaló una mesa de trabajo para canalizar sus demandas y revisar la viabilidad de una iniciativa de ley.
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Durante el diálogo se presentó el Plan de Justicia para el Transporte de Barrio, una propuesta estructurada en 12 ejes que plantea mejorar las condiciones laborales y operativas del sector. Entre los puntos clave se incluyen acceso a seguridad social, esquemas de financiamiento, vivienda, aseguramiento, capacitación e integración a la economía popular.
El legislador subrayó el origen ciudadano de la propuesta y descartó intereses partidistas: “Aclaro, esto no es partidario… este es un esfuerzo ciudadano e independiente”. No obstante, también señaló que, en recorridos territoriales, operadores denunciaron prácticas de uso político, al afirmar que suelen ser convocados únicamente en contextos de movilización.
Tras la reunión, representantes del gremio insistieron en que la regulación no solo busca el reconocimiento de sus derechos, sino también mejorar el servicio en zonas donde el transporte público convencional resulta insuficiente. “Merecemos derechos y merecemos reconocimiento”, expresaron.
Indicaron además que las firmas recabadas reflejan el respaldo de usuarios y familias que dependen de este servicio para su movilidad cotidiana, por lo que consideraron urgente avanzar hacia un marco normativo que garantice orden, seguridad y certeza jurídica para el sector.
