El pasado 8 de febrero el Gobierno de México, a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), lanzó una iniciativa sin precedentes para la electrificación del transporte en nuestro país, detonando el esfuerzo binacional de articulación más ambicioso para el sector automotriz desde la negociación del T-MEC, con el objetivo de mantener a esta industria vigente y atractiva para la inversión extranjera, así como para su promoción en el exterior.
El proyecto señala que en todo el mundo se vive la imperiosa necesidad de reducir las emisiones de carbono, ante el peligro de desequilibrar todo el sistema ecológico y sufrir una catástrofe global, lo que conlleva a considerar el diseño de nuevos sistemas de transporte en las ciudades, incluyendo el transporte público cero-emisiones, así como regulaciones y estándares regionales para los vehículos con motor de combustión interna que seguirán predominando en el parque vehicular por muchos años.
Desde esa perspectiva, agrega la iniciativa de la SRE, la electrificación de la industria automotriz es una tendencia mundial cuya implementación demanda a México alinear todos los esfuerzos posibles en todos los niveles, para estar a la altura de la transformación que se vive y se vivirá en todo el mundo.
Para esta dependencia, México se encuentra inmerso en una dinámica global que precisa sumar esfuerzos multilaterales tanto de la academia, la iniciativa privada y el gobierno, para llevar a cabo una transición ordenada hacia la electromovilidad.
Sin embargo, el proyecto reconoce que esta acelerada transición requiere prever el surgimiento de nuevos jugadores y centros de producción que han invertido de manera temprana en el desarrollo de las baterías eléctricas, en la extracción de materiales esenciales, en modelos de negocio innovadores y en una infraestructura industrial que les ha permitido ganar ventaja en el mercado global.
Y que a este escenario atienden los recursos naturales estratégicos (litio, níquel, grafito, grafeno, cobalto) y la clusterización (organización de empresas con gobiernos locales), temas que ya están en desarrollo, pero que precisan, por parte de gobierno y especialistas, llevar a cabo más estudios.
En la actualidad, reconoce la SRE, fenómenos globales como la Industria 4.0 y el cambio climático, aunado a la disrupción de las cadenas de producción a causa de la pandemia de COVID-19, están creando escenarios de incertidumbre para nuestras poblaciones, gobiernos y economías. Es por ello que la transición industrial hacia la electromovilidad es un ejemplo de la transversalidad que requieren las nuevas soluciones tecnológicas, en este caso enfocadas al uso eficiente de la energía y empleo de tecnologías verdes.
Concluye que los retos del cambio climático demandan que la industria automotriz en México no sólo cubra las necesidades de movilidad básica, sino que lo haga de manera sostenible, segura, accesible y sin emisiones perjudiciales a la salud de la población, por lo que alcanzar este objetivo significa transformar los procesos industriales de toda la cadena de valor del sector, para así avanzar hacia una economía más competitiva y eficiente en el uso de los recursos.
Todo esto dibuja una compleja transición hacia la electrificación del transporte, que obliga a contar con marcos innovadores de cooperación para mantener la competitividad del sector.
En el panorama nacional, el escenario para los operadores de transporte público se complica aún más, tomando en cuenta que se trata de un sector que precisa financiamiento, tecnología, operación, infraestructura y otros componentes.
Asimismo, que es una actividad permanente y cotidiana que opera a través de créditos de las bancas de desarrollo, banca mundial, fondos de inversión, recursos económicos e inversión de los gobiernos federal y estatales, así como de la iniciativa privada.
En todo este escenario habría que considerar dos asuntos primordiales: primero, que en el esquema de electromovilidad sólo podrán participar operadores de transporte que se hayan integrado en una empresa formal, que cubra sus obligaciones fiscales, sus prestaciones y obligaciones con sus colaboradores, elementos sustanciales para considerarla una empresa competitiva y con un servicio de calidad.
Segundo, que un esquema como el descrito por la SRE, precisa un mecanismo de actualización de la tarifa mucho más cercano a la realidad, así como una ley nacional de tarifas, donde se establezca su valor en las diferentes zonas del país, que será distinto en todas, porque lo que define la tarifa son los usuarios que se mueven en cada vehículo.
Hay otro componente: el costo de los vehículos. Existen dos vías para tener transporte de calidad, pero hay que tener cuidado cuando se habla de tener transporte de primer mundo, si no estamos comprometidos con una tarifa de primer mundo. La tarifa tiene que acompañar el tipo de servicio, por lo cual, para tener un servicio de calidad en nuestro país y otras regiones, se requiere tener una tarifa competitiva o un subsidio.
No podemos esperar un transporte de calidad si no lo acompañamos con una tarifa competitiva o un subsidio del Estado. Cuando hablamos de elevar la movilidad como un derecho humano, estamos hablando de que, más allá del discurso, se debe acompañar de recursos económicos, tal como se hace con los temas de salud, educación, vivienda o seguridad.
Los subsidios pueden ser una respuesta adecuada, porque generan incentivos y, en entidades como México, existen posibilidades de mejorar, ya que a diario se realizan 100 millones de viajes, de los cuales el 60 por ciento se realizan en transporte público. La conjugación de transporte público y desarrollo urbano son temas inseparables para el impulso de ciudades sustentables, sostenibles y competitivas.
En suma, electromovilidad sí, pero mediante un modelo urbano que reduzca las necesidades de viajes en automóvil e incentive el transporte público por su rapidez y seguridad, bajo el criterio de sistemas de transporte público con calidad y accesibilidad.
