ESCRITO POR: Gilberto A. Hernández González / Abogado Fiscalista y Especialista en Transporte Público / gilbertohergon@gmail.com
El transporte público es uno de los principales indicadores de la calidad de vida de la población, tratándose de la primera carta de presentación de una ciudad. Por consiguiente, su regulación es de suma importancia para que este servicio sea visto como un eje configurador en una sociedad moderna, y pueda ser brindado con calidad, satisfaciendo las necesidades de desplazamiento que los usuarios requieren. Si bien es cierto, el crecimiento demográfico, el bajo nivel adquisitivo de la población, el aumento en el precio de los combustibles, la polarización económica, entre muchas otras causas, son el motivo del aumento en la demanda de usuarios por el servicio de transporte público urbano de pasajeros.
De acuerdo con los datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (2021), en Chiapas el transporte público es el principal medio de transporte, 53.5% de la población lo utiliza para llegar al trabajo, mientras que un 75.9% hace uso del transporte público para ir al lugar de estudios.
Es decir, el transporte público, más allá de realizar un simple traslado, es la puerta que nos brinda el acceso a diversos derechos fundamentales; lo que, sin duda alguna, lo coloca como la respuesta para asegurar en las personas el acceso a los múltiples beneficios que brinda una ciudad.
A diferencia de otros medios de transporte, como el automóvil, este es el que menos peso monetario recarga sobre los usuarios, lo que lo convierte en el medio que más desmercantiliza la movilidad (Hernández D., 2017).
En Chiapas, el transporte público presenta múltiples deficiencias, como unidades inadecuadas, invasión de rutas y tarifas elevadas, lo que aumenta la desigualdad.
Ahora bien, el servicio de transporte público en la modalidad de pasajeros es un servicio público que le corresponde al Estado proporcionar a sus habitantes; sin embargo, opta en ocasiones por establecer las reglas de concesionamiento a particulares, tal como se precisa en el párrafo décimo primero del artículo 28 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, fijando las modalidades y condiciones que permitan asegurar su certeza y debida regulación. En el caso de Chiapas, se hace alusión en el artículo 31 de la Ley de Movilidad y Transporte del Estado de Chiapas, y a nivel nacional, con la publicación de la Ley General de Movilidad y Seguridad Vial, se viene a direccionar e instaurar los fundamentos y principios rectores para legitimar el camino hacia una movilidad más justa y humana.
Por ello, la mejora continua del servicio público de transporte requiere de la participación de la autoridad, empresarios y usuarios del transporte público, en la búsqueda de soluciones que atiendan y combatan los problemas y rezagos actuales en el transporte público urbano de pasajeros y, con esto, se brinde certeza a las necesidades de la población, contribuyendo de esa forma al fortalecimiento y bienestar de la entidad.
Por lo tanto, para dar paso al proceso modernizador, uno de los principales objetivos es lograr la combinación de recursos públicos y privados, con esquemas de inversión atractivos y bien elaborados, para que la autoridad se interese primeramente por el ofrecimiento de un servicio accesible, de calidad, aceptable para las y los ciudadanos; y, por otro lado, que la rentabilidad de los servicios garantice la funcionalidad y el mantenimiento del sistema de transporte.
Durante la última década, el sector del transporte público concesionado en Chiapas sigue siendo un tema pendiente, ya que las brechas de desigualdad se siguen elevando, siendo los usuarios los más afectados. Por citar algunos ejemplos, hemos vivido la desaparición del Conejobús en la capital chiapaneca, debido al mal manejo de su administración; la propagación desmedida de aproximadamente 500 unidades irregulares de transporte público urbano de pasajeros en San Cristóbal de Las Casas, que no pagan ningún tipo de contribución —por citar uno de los municipios con mayor incidencia—; las invasiones de ruta por parte de los mismos concesionarios; y el aumento desmedido de la tarifa del transporte público de pasajeros, que actualmente cuesta 10.00 pesos, lo que, en promedio, para un padre o madre de familia con dos hijos, representa entre un 20 y 25% de sus ingresos mensuales, considerando que perciban, por lo menos, el salario mínimo.
En ese tenor, el 100 % del transporte público urbano de pasajeros se realiza por medio de unidades tipo panel de la marca Toyota Hiace o Nissan Urvan, debido a que los transportistas buscan economizar en el costo de la unidad, el consumo de combustible y las refacciones. Sin embargo, estas unidades son fabricadas especialmente para transportar mercancías y no usuarios.
Por lo tanto, resulta necesario hacer un replanteamiento y apostar por la modernización adecuada del transporte público, garantizando la calidad del servicio, la seguridad de los usuarios y mejores condiciones laborales para los operadores. En conclusión, el transporte público es la única herramienta que provee a la sociedad movilidad, confianza y accesibilidad al empleo, escuelas, servicios urbanos, actividades deportivas y recreativas, por lo que es indispensable formular estrategias y planes de acción que coadyuven a garantizar un sistema de movilidad urbana eficiente y renovado, con un transporte público a la vanguardia, observando al Estado como un cuerpo impulsor de cambios, y no como la muralla que imposibilita la ejecución.
Es urgente modernizar el sistema mediante inversiones públicas y privadas que aseguren calidad, accesibilidad y sustentabilidad del servicio.
