Durante años hemos repetido la cómoda idea de que el transporte público en México está en crisis por la desigualdad. Aunque esto es verdad, resulta insuficiente, porque explica una parte del problema, pero no su origen.
La realidad es más directa y más incómoda: el transporte público está en crisis por omisión, lo cual no es una casualidad, sino consecuencia de decisiones acumuladas durante décadas. Decisiones que privilegiaron el crecimiento desordenado de nuestras ciudades, que apostaron por el automóvil particular como eje de desarrollo urbano y que relegaron al transporte público a un papel secundario, cuando debió ser el elemento estructurador del territorio.
Se construyeron ciudades dispersas, alejadas de los centros de trabajo, de los servicios y de las oportunidades; se expandieron vialidades, pero no sistemas de movilidad, y se permitió que millones de personas dependieran de trayectos cada vez más largos, más costosos y más inciertos. Hoy estamos pagando ese modelo.
El síntoma más evidente de estos antecedentes es la congestión; es decir, la consecuencia más visible es que las ciudades ya no se mueven. Pero todos debemos tener muy claro que el tráfico no es el problema, sino la consecuencia.
La congestión es el colesterol de nuestras ciudades: se acumula lentamente, sin hacer ruido, hasta que compromete todo el sistema. Hoy ya no solo afecta la movilidad, sino que también impacta la productividad, la competitividad y la calidad de vida de millones de personas.
Todo esto en el contexto de una paradoja: más del 70 % de la población se mueve en transporte público, pero más de la mitad de la inversión sigue orientada al automóvil particular.
Eso no es un error técnico, sino una decisión política que ha generado sistemas que operan al límite, con unidades que rebasan su vida útil, operadores bajo presión constante, usuarios que pierden horas de su vida en traslados y una infraestructura que no crece al ritmo de la demanda. Esto ha derivado en la normalización de que el transporte público no está a la altura de su gente.
No obstante, hablar de transporte público sin hablar de dinero es evadir la conversación central, ya que no existe transporte de calidad sin financiamiento suficiente, estable y bien diseñado.
Hoy, el modelo predominante está basado en tarifas sociales que no cubren los costos reales de operación. El resultado es un círculo vicioso: no hay recursos para renovar flota, no hay condiciones para invertir, el servicio se deteriora y el usuario termina pagando las consecuencias.
Y después, el operador es señalado. Pero hay que tener muy claro que el problema no es el operador, sino un modelo que no cierra.
Si queremos cambiar la calidad del servicio, necesitamos cambiar la lógica del financiamiento. Eso implica reconocer que el esquema tarifa–costo está agotado y que es indispensable avanzar hacia subsidios inteligentes, mecanismos de compensación y esquemas innovadores que den viabilidad al sistema. Porque la calidad no es gratuita: se financia.
Otro de los errores recurrentes ha sido plantear falsas dicotomías. Para nadie es un secreto que ni el gobierno puede resolver esto por sí solo ni el mercado lo hará de manera espontánea, ya que el transporte público requiere un modelo de corresponsabilidad.
Un Estado que planee con visión de largo plazo, que dé certeza jurídica y que articule la política pública; un operador que invierta, que se profesionalice y que eleve estándares de servicio; y, desde luego, un sistema que funcione bajo reglas claras, estables y transparentes.
Porque todos sabemos que sin certeza no hay inversión y sin inversión no hay transformación.
La crisis del transporte público no es solo resultado de la desigualdad, sino de decisiones estructurales y omisiones acumuladas en el modelo de desarrollo urbano y financiamiento.
Durante años se construyó una narrativa que colocó al transportista como el origen de los problemas del sistema, pero esa visión no solo es injusta, sino ineficiente. El operador no es el problema; es, en los hechos, parte de la solución.
Cuando existen condiciones adecuadas, el sector responde, porque se profesionaliza, incorpora tecnología, mejora procesos y eleva la calidad del servicio. La experiencia de empresas como Grupo CISA demuestra que la transformación es posible.
Pero también deja claro que, para hacer las cosas bien, se requieren recursos y condiciones.
Sin embargo, también debemos tomar en cuenta una problemática que se suma a los desafíos que enfrentamos y que aún no tiene la visibilidad necesaria: la escasez de conductores.
No se trata de un fenómeno aislado. El sector enfrenta dificultades crecientes para atraer y retener talento, lo que pone en riesgo la continuidad y calidad del servicio.
Resolverlo implica cambiar condiciones laborales, profesionalizar la actividad y abrir el sector a nuevas generaciones. Aquí, la inclusión —particularmente la incorporación de mujeres— no es solo una agenda de equidad, sino una necesidad estratégica.
Ahora bien, la transición energética es, sin duda, una de las grandes oportunidades del sector, pero también uno de sus mayores retos, porque hablar de electromovilidad sin hablar de infraestructura es construir sobre una base incompleta.
La transformación hacia sistemas de cero emisiones requiere mucho más que cambiar autobuses: exige red eléctrica suficiente, regulación clara, coordinación institucional y esquemas de financiamiento adecuados. Sin estos elementos, la transición no será sostenible.
México, como sabemos, se encuentra en un punto de inflexión, tanto por la presión ambiental como por el crecimiento urbano y los compromisos internacionales que están empujando un cambio que ya no puede posponerse.
El reto no es diagnosticar —eso ya lo hemos hecho durante años—, sino decidir si vamos a seguir reaccionando tarde o si vamos a construir, de manera coordinada, un sistema de transporte público a la altura del país que queremos.
Por lo tanto, lo que sigue son decisiones y no diagnósticos, en una agenda que a nadie sorprende:
La solución pasa por cambiar el modelo: financiamiento sostenible, corresponsabilidad entre Estado y operadores, y colocar al transporte público en el centro de la política urbana.
Con estas reflexiones se pretende aclarar que el transporte público no es el problema, sino la solución que hemos decidido no fortalecer, lo cual tiene que cambiar.
Porque mover autobuses no es lo esencial. Lo verdaderamente importante es mover oportunidades, cerrar brechas y construir ciudades más justas.
Si queremos transformar nuestras ciudades, el punto de partida es claro: poner al transporte público en el centro de las decisiones.
