El 32º Encuentro Nacional de Autoridades de Movilidad dejó claro que el futuro del transporte público en México pasa por tres grandes transformaciones: reconocerlo como derecho y política social, financiarlo con visión estructural y descarbonizarlo con metas claras y realistas.
Con una fuerte apuesta por redefinir el futuro del transporte público en México, los días 26 y 27 de junio se llevó a cabo el 32º Encuentro Nacional de Autoridades de Movilidad (ENAM), organizado por la Asociación Mexicana de Autoridades de Movilidad (AMAM). El evento reunió a representantes estatales, municipales y federales para discutir el rumbo de la movilidad en el país, con temas prioritarios como el financiamiento, la descarbonización, la revisión tarifaria y la movilidad como política social.
Durante los dos días de trabajo, uno de los temas más recurrentes fue la urgente necesidad de dejar atrás la visión de que los sistemas de transporte público pueden ser autosostenibles financieramente. Para Angélica Vesga, secretaria técnica de la AMAM y directora de Asuntos Públicos del WRI México, esta idea ha frenado la transformación del transporte en muchas ciudades.
Nos estamos equivocando al pensar que los sistemas de transporte pueden ser autosostenibles financieramente. Si queremos que sean seguros, de calidad y sin emisiones contaminantes, necesitamos meterle dinero público”, señaló en entrevista, Angelica Vesga.
La especialista fue enfática en que el transporte público debe considerarse como una política social, y por lo tanto, requiere financiamiento compartido entre usuarios y gobiernos. “El usuario no puede pagar toda la tarifa de un verdadero y buen sistema de transporte. Necesitamos políticas tarifarias y de subsidios basadas en técnica, modelos de operación claros y condiciones reales del servicio”, agregó.
Rumbo a una política nacional de subsidios
Uno de los acuerdos más relevantes del encuentro fue avanzar en la estructuración de políticas tarifarias con subsidios integrados de forma sistemática y no discrecional. En ese sentido, se discutió la posibilidad de incluir el subsidio al transporte público directamente en la Ley General de Movilidad y Seguridad Vial, así como en legislaciones estatales, para que no dependa del ánimo político de cada administración.
Lo que se busca es que el implementar o no subsidios no sea una decisión de la administración en turno, sino una política que rija de manera transexenal”, explicó Vesga.
La propuesta incluye alinear las fuentes de financiamiento actuales –como el control vehicular, licencias, impuestos sobre la nómina y verificación vehicular– para que puedan asignarse directamente al fortalecimiento del transporte público.
Sobre el presupuesto para el transporte público, la diputada federal y presidenta de la Comisión de Movilidad, Patricia Mercado, señaló durante la inauguración del encuentro que están trabajando con “Hacienda y la Sedatu” para hacer un anexo transversal de la movilidad en el presupuesto público para 2026.
“No se trata de mayor inversión o más dinero; implica identificar y ordenar, donde están los recursos para la movilidad en el presupuesto del país, por ejemplo, está en recursos transversales de políticas de género, está en anexo transversal de cambio climático. Estamos identificando dónde está el dinero y cómo redirigirlo, tal vez no lo logremos este año, si no al siguiente pero ya se está trabajando en eso”, aseguró.
Descarbonización más allá de la electromovilidad
Otro eje prioritario del encuentro fue la descarbonización del transporte, pero con una visión más amplia que solo centrarse en la electromovilidad. Si bien los vehículos eléctricos son una vía importante, no todas las entidades están en condiciones de adoptar esta tecnología de inmediato. Por ello, se habló de la necesidad de establecer planes graduales y realistas, donde convivan tecnologías como Euro VI con eléctricos, siempre con metas claras hacia la eficiencia y la reducción de emisiones.
Cuando hablamos de descarbonización no estamos hablando exclusivamente de electromovilidad. Hay que generar una coexistencia tecnológica con metas ambiciosas”, apuntó Vesga.
Participación internacional y nuevos integrantes
En esta edición del ENAM participaron representantes de Brasil y Colombia, quienes compartieron experiencias sobre movilidad eléctrica y política tarifaria. Asimismo, se anunció la adhesión de nuevos integrantes a la AMAM, entre ellos el estado de Sinaloa, el municipio de Corregidora y otras tres ciudades, lo que fortalece la red de colaboración entre autoridades.
El presidente de la AMAM, Ricardo Serrano Rangel, celebró este crecimiento de la comunidad y destacó la alineación del encuentro con los planes del nuevo gobierno federal encabezado por la presidenta Claudia Sheinbaum.
Estamos trabajando muy de la mano del Plan México y del enfoque de bienestar compartido. Desde la movilidad se habilitan otros derechos como el acceso a la salud, la educación o el empleo”, subrayó Serrano.
Además, enfatizó que no se puede depender exclusivamente del Ejecutivo Federal para financiar el transporte público, por lo que se deben explorar esquemas creativos e innovadores: “Hay que voltear a ver financiamiento internacional, fundaciones, esquemas locales e incluso mecanismos impositivos ya existentes para robustecer los fondos estatales y municipales de movilidad”, detalló.
Tecnología, equidad y casos destacados
En las distintas mesas de trabajo también se abordaron temas como la implementación tecnológica en el transporte público, el uso de datos abiertos como el GTFS para informar a los usuarios en tiempo real sobre rutas y frecuencias, y la gestión de licencias y revisiones físico-mecánicas como parte de un enfoque integral de calidad.
Se presentaron avances de entidades como Oaxaca, Estado de México y Quintana Roo, destacando políticas sobre movilidad activa y herramientas digitales que están mejorando la experiencia de los usuarios.
Asimismo, se puso énfasis en la equidad de género y en cómo el rediseño del transporte puede también contribuir a disminuir las brechas sociales y de seguridad que enfrentan las mujeres en el espacio público.
Urgencia de un cambio cultural
Uno de los consensos más firmes fue la necesidad de lograr un cambio de mentalidad en los gobiernos estatales y municipales, para que la movilidad deje de verse como un gasto y se reconozca como una inversión con impacto directo en la calidad de vida de las personas.
Tenemos que cambiar el chip. Esta es la mayor política social del país. Y es hora de respaldarla con presupuesto”, recalcó Vesga.
Para lograrlo, se propuso trabajar con modelos de pago por kilómetro, modernización de flota, mejores condiciones para los operadores y la implementación de pagos electrónicos que faciliten la gestión tarifaria sin afectar directamente al usuario.
Serrano coincidió en que los ajustes tarifarios podrían ser graduales, de apenas unos centavos anuales, si se cuenta con herramientas de cobro electrónico y se evita la dependencia exclusiva de la tarifa como única fuente de ingreso.
Hoy más que nunca tenemos que ser creativos. No podemos seguir esperando que todo venga del centro. Hay que construir presupuestos mixtos y sostenibles”, concluyó.
La AMAM y sus integrantes se comprometieron a seguir construyendo una hoja de ruta compartida que permita llevar estas ideas del papel a la calle, con resultados tangibles para millones de personas que, día a día, dependen del transporte público para ejercer sus derechos.
