ESCRITO POR: Mtra. Itzel Hernández / Especialista en Movilidad y Espacio Público UNAM
El sector del transporte, y específicamente el transporte público, ha sido históricamente masculinizado, lo que representa un obstáculo significativo para el desarrollo sostenible y la igualdad de género. La incorporación de las mujeres en la fuerza laboral de este sector no es solo una forma de reducir las brechas de género, sino una manera de promover mejoras en diferentes dimensiones, como la económica, social y de movilidad, entre otras.
La participación de las mujeres en el transporte público sigue siendo limitada, especialmente en roles técnicos y de liderazgo, lo que afecta tanto su desarrollo profesional como la calidad y equidad del servicio.
Diversos países han implementado programas exitosos con enfoque de género, desde capacitaciones hasta cambios estructurales, que demuestran que una transformación es posible con voluntad política y colaboración multisectorial.
La falta de mujeres en roles operativos y de liderazgo también tiene implicaciones sobre el diseño y la calidad del servicio, ya que limita la incorporación de las necesidades reales de las usuarias en los procesos de planificación. La presencia de mujeres aporta perspectivas diferenciadas en aspectos como el diseño de rutas, la configuración de estaciones o los tiempos de transbordo, particularmente relevantes para quienes realizan viajes multipropósito o con responsabilidades de cuidado. Además, su participación contribuye a mejorar la percepción de seguridad y confianza en el sistema. Por ejemplo, en Dublín se reportó un 38% menos de quejas hacia las conductoras de autobús en comparación con sus colegas hombres.
La percepción del transporte como un “trabajo de hombres” disuade a las mujeres desde la educación, limitando su matriculación en carreras STEM (Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas). La falta de modelos femeninos a seguir y la creencia de que se requiere gran fuerza física, aunque obsoleta por la tecnología, perpetúan esta imagen.
La violencia de género y el acoso son una barrera primordial. Seis de cada diez mujeres en ciudades latinoamericanas reportan acoso físico en el transporte público, y en Sri Lanka, el 90% ha experimentado acoso sexual. Los incidentes son frecuentes, perpetrados por colegas (44%), gerentes (35%) y clientes (13%).
Muchos lugares de trabajo carecen de instalaciones básicas para mujeres, como baños separados y privados, vestuarios y salas de lactancia. Además, los equipos de protección personal suelen estar diseñados para hombres, lo que compromete la seguridad de las mujeres.
Los horarios largos, irregulares y las jornadas nocturnas dificultan a las mujeres conciliar el trabajo con sus responsabilidades de cuidado no remuneradas, que son desproporcionadamente asumidas por ellas. La falta de políticas de apoyo, como horarios flexibles, teletrabajo o licencias parentales generosas, agrava esta situación.
Persiste una brecha salarial, incluso en puestos similares, a menudo debido a la subrepresentación de mujeres en roles técnicos mejor pagados y a la menor capacidad de trabajar horas extras por sus responsabilidades de cuidado.
Por otro lado, la falta de recolección de datos sobre la participación de las mujeres en el sector, así como la documentación de sus contribuciones, representa un obstáculo para el diseño de acciones puntuales que busquen abordar problemáticas específicas.
Esta situación se experimenta a nivel global y es también a nivel global que se han adoptado medidas para incrementar la participación de las mujeres en el sector.
En la Ciudad de México, el Gobierno presentó el Plan Estratégico de Género y Movilidad, que establece líneas de acción para incorporar la perspectiva de género en el sector transporte. Entre sus ejes estratégicos se incluye el impulso a la paridad de género y la promoción de una cultura institucional sensible al género, reconociendo la problemática e impulsando acciones específicas para atenderla.
En Argentina, en 2020 se creó la Dirección de Género y Diversidad dentro del Ministerio de Transporte, estableciendo áreas de género en los organismos vinculados e integrando este enfoque de manera transversal en las políticas del sector. Como parte de estas acciones, se solicitó formalmente a las empresas vinculadas la designación de una representante de género, lo que permitió establecer espacios institucionales dedicados al tema. Adicionalmente, en 2021 se implementó el Programa para la Promoción e Inclusión de Mujeres en la Actividad de Transporte Automotor, cuyo objetivo es promover la igualdad de oportunidades y la permanencia en el empleo mediante un registro de conductoras profesionales, capacitaciones, financiamiento de licencias de conducción especial y un registro voluntario de empresas dispuestas a contratar conductoras.
En República Dominicana, la Oficina Metropolitana de Servicios de Autobuses desarrolló un programa de reconversión laboral que permitió capacitar a mujeres previamente empleadas como cajeras en funciones de conducción de autobuses. Las mujeres formadas fueron asignadas al Corredor de la Mujer, actualmente operado de forma exclusiva por mujeres, con cuatro corredores en el Gran Santo Domingo. Además, el Ministerio de Obras implementó medidas para fomentar la participación de MIPYMES lideradas por mujeres en los procesos de licitación pública, estableciendo requisitos diferenciados y garantizando que al menos uno de los tres cargos clave en las empresas adjudicatarias esté ocupado por una mujer.
En Santiago de Chile, el sistema de transporte público Transantiago impulsó el programa Mujeres Conductoras, a través de becas estatales para formación profesional. Desde su inicio en 2007, cuando contaba con solo 40 conductoras, el programa ha logrado incrementar la participación femenina a más de 1,500 mujeres en 2023, alcanzando un 8.5% de participación en el total de conductoras.
En Bogotá, se implementó una estrategia para promover la participación de mujeres en oficios no convencionales a través de la creación de La Rolita, la operadora distrital de transporte público con un fuerte enfoque de igualdad de género. Esta iniciativa ha generado un aumento del 245% en los empleos verdes ocupados por mujeres dentro del sistema, alcanzando las 430 conductoras de buses eléctricos en 2024.
En el caso del Metro de Quito, se destaca un modelo integral de inclusión laboral de mujeres. Actualmente, el 40% de su personal está compuesto por mujeres, participando en cargos gerenciales, estratégicos, operativos, así como en áreas tradicionalmente masculinizadas como mantenimiento ferroviario y operación de trenes. La implementación de un Plan Organizativo y de Empleo dentro del contrato con el operador estableció la obligación de mantener un mínimo del 20% de representación femenina en todos los niveles organizacionales. Además, se adoptaron medidas proactivas como la implementación de protocolos de respuesta ante situaciones de acoso, códigos éticos y alianzas estratégicas con universidades nacionales para alinear la formación profesional a las necesidades del sector con perspectiva de género. El proceso de reclutamiento prioriza la experiencia y las competencias, lo que ha permitido conformar una plantilla más diversa. Asimismo, se creó un Comité de Diversidad e Inclusión bajo la Dirección de Recursos Humanos, encargado del seguimiento del plan y el cumplimiento de los compromisos asumidos. Este proyecto, financiado por el Banco Mundial, el BID, la CAF y el Banco Europeo de Inversiones, evidencia la relevancia de la colaboración público-privada y el acompañamiento técnico especializado para avanzar en la igualdad de género en el sector transporte.
El sector transporte ofrece oportunidades relevantes para las mujeres, por lo cual resulta clave implementar medidas que fomenten su incorporación como fuerza laboral. Este ámbito permite, por ejemplo, acceder a esquemas de horarios más flexibles y locaciones de trabajo cercanas, lo que facilita la conciliación con las tareas de cuidado que muchas mujeres asumen, así como con otras actividades personales o familiares. Además, la expansión de la electromovilidad ha traído consigo unidades mejor adaptadas, con condiciones ergonómicas y de seguridad que favorecen el desempeño de las operadoras. El acceso a roles tradicionalmente ocupados por hombres, como la conducción de vehículos de gran tamaño, genera procesos de empoderamiento, fortaleciendo la confianza y visibilizando su aporte tanto en las dinámicas urbanas como en el desarrollo de sus comunidades.
En este sentido, existen diversas medidas afirmativas que pueden fortalecer el rol de las mujeres en el sector transporte. Resulta fundamental promover desde etapas tempranas una imagen positiva del sector, mediante campañas de sensibilización, programas de becas y pasantías orientadas a mujeres, así como procesos de reclutamiento libres de sesgos, con descripciones de puestos neutras en cuanto al género y revisiones ciegas de currículos.
Dentro de los entornos laborales, es imprescindible establecer políticas efectivas de prevención y sanción del acoso, acompañadas de capacitaciones de sensibilización y canales de denuncia seguros. La adecuación de infraestructura, tales como baños, vestuarios y equipo de protección personal adaptado, junto con políticas de conciliación como horarios flexibles y servicios de cuidado infantil, resultan igualmente prioritarias. Asimismo, debe garantizarse la igualdad salarial por trabajo de igual valor.
Para facilitar el acceso de las mujeres a posiciones técnicas y de liderazgo, se requieren programas de capacitación, mentoría y desarrollo de habilidades, acompañados de acciones afirmativas que desafíen los estereotipos de género persistentes. Iniciativas como Mujeres en Movimiento han avanzado hacia ese objetivo, brindando acompañamiento a las mujeres para reforzar su empoderamiento y capacidad de incidencia.
Es fundamental adoptar políticas integrales que incluyan condiciones laborales justas, infraestructura adecuada, prevención de la violencia y recolección de datos, para garantizar un sector transporte más inclusivo, seguro y equitativo.
En el plano normativo, corresponde a los gobiernos, de los niveles competentes, revisar y eliminar las restricciones legales que limitan el acceso de las mujeres al sector, promulgar leyes efectivas de igualdad salarial y de protección contra el acoso, así como establecer incentivos para la contratación de mujeres, particularmente en ámbitos tradicionalmente masculinizados.
El diseño e implementación de estas políticas debe sustentarse en la recopilación sistemática de datos desagregados por sexo, que permitan identificar brechas, monitorear avances y evaluar la eficacia de las intervenciones.
Finalmente, el impulso de la participación femenina requiere de un enfoque colaborativo entre gobiernos, empresas, sindicatos, instituciones educativas, organizaciones de la sociedad civil y organismos internacionales, generando alianzas que favorezcan el intercambio de conocimientos y la construcción de soluciones integrales.
La incorporación de mujeres en el sector transporte trasciende el ámbito de la equidad de género: es una estrategia esencial para construir sistemas de transporte más eficientes, seguros, inclusivos y sostenibles. Aunque en años recientes se han dado pasos importantes, persiste una limitada representación femenina, especialmente en los niveles de toma de decisiones y en los segmentos técnicos y operativos.
Los desafíos son múltiples y operan en distintos planos: estructurales, institucionales y también socioculturales, incluyendo los condicionamientos que surgen desde los propios entornos familiares. Por ello, superar estas barreras exige intervenciones integrales, que combinen reformas normativas, cambios organizacionales, políticas de conciliación laboral y familiar, inversión en formación técnica y programas que promuevan el liderazgo femenino.
La evidencia internacional demuestra que los sistemas de transporte ganan calidad, eficiencia y legitimidad social cuando incorporan las voces, experiencias y capacidades de las mujeres en todas las etapas de su operación y planificación. Además, la ampliación de la participación femenina libera un potencial económico y social que favorece no solo a las propias trabajadoras, sino al conjunto de la sociedad.
La oportunidad de generar una transformación sustantiva requiere de un compromiso continuo, coordinado y multisectorial por parte de gobiernos, empresas, sindicatos y organismos internacionales, entre otros, para construir sistemas de transporte más justos, representativos y sostenibles para todos.
