El Frente Nacional de Usuarios para un Transporte Público Digno, Accesible, Eficiente, Seguro y Sostenible lanzó un posicionamiento nacional que cuestiona de fondo el modelo de transporte público en México y exige la intervención del gobierno federal para reconfigurar su operación.
El documento, dirigido a la presidenta Claudia Sheinbaum, plantea que el sistema actual ha dejado de responder a un enfoque de derecho social para convertirse en un esquema dominado por intereses privados. Desde esta perspectiva, advierten que la movilidad en México “no ha sido tratada como un derecho fundamental, sino como una mercancía”.
Entre las principales exigencias destaca la recuperación progresiva de la rectoría estatal sobre rutas estratégicas, así como la transición hacia modelos de operación más estructurados que sustituyan el esquema conocido como “hombre-camión”, al que responsabilizan de prácticas como la “guerra del centavo”, caracterizada por la competencia directa entre operadores por captar pasajeros.
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El pliego también subraya la necesidad de redirigir la inversión pública hacia infraestructura peatonal, ciclista y de transporte colectivo, así como impulsar sistemas integrados que garanticen accesibilidad, seguridad y sostenibilidad. En este sentido, los colectivos plantean incluso la creación de empresas de propiedad ciudadana y fondos específicos de financiamiento para movilidad.
Otro de los ejes centrales es la dimensión social del transporte. Las organizaciones demandan tarifas preferenciales para grupos vulnerables, servicios gratuitos para estudiantes y condiciones laborales dignas para operadores, en contraste con esquemas actuales que —afirman— precarizan el empleo y elevan los riesgos operativos.
El documento también introduce una narrativa más amplia al vincular la movilidad con problemáticas de seguridad y derechos humanos. Advierte que la falta de infraestructura adecuada y vigilancia en rutas puede estar asociada a fenómenos como la desaparición forzada y la violencia en zonas periféricas, lo que eleva el debate más allá de la eficiencia del servicio.
En paralelo, los colectivos denuncian la criminalización de la protesta social en entidades como Nuevo León y Jalisco, donde —según señalan— ciudadanos han enfrentado detenciones tras manifestarse contra incrementos tarifarios.
Más allá del diagnóstico, el Frente Nacional plantea una batería de acciones que van desde la electromovilidad y la integración tarifaria hasta la transparencia en concesiones y la participación ciudadana vinculante en la toma de decisiones.
El documento concluye con una exigencia directa al Ejecutivo federal: emitir una respuesta formal y establecer un cronograma de acciones que permita avanzar hacia un sistema de transporte público que deje de operar bajo lógicas de mercado y se consolide como un derecho garantizado.
El frente es integrado por:
No al tarifazo Edomex, Estado de México.
Colectivo la voz de los usuarios, Nuevo León.
Colectivo Transporte Digno Saltillo, Coahuila.
Más Metro y Tren ligero, Ciudad de México.
Consejo de Representantes Estudiantiles FESC, Estado de México.
Observatorio Socio-Ambiental de Morelia, Michoacán.
Si a la modernización del Transporte en Juárez, Chihuahua.
Chilpancingo Urbano, Guerrero.
Proyecto Migala, Nacional.
Unión de Pasajeros del Oriente, Estado de México.
Constituyentes, Baja California.
Laboratorio Fronterizo de participación e Incidencia, Chihuahua. Transporte y Movilidad MID, Yucatán
