México ratifica ante la ONU su apuesta por reducir las muertes viales hacia 2030 - Pasajero7

México ratifica ante la ONU su apuesta por reducir las muertes viales hacia 2030

ONU

México refrendó ante las Naciones Unidas su compromiso de reducir en 50 por ciento las muertes y lesiones ocasionadas por siniestros de tránsito hacia 2030, al tiempo que reconoció que el principal desafío ya no es construir un marco jurídico sólido, sino lograr que éste se traduzca en infraestructura más segura, financiamiento suficiente y políticas públicas capaces de salvar vidas.

Durante la Reunión de Alto Nivel de las Naciones Unidas sobre la Mejora de la Seguridad Vial Mundial, celebrada en Nueva York, Sylvia Paola Mendoza Elguea, representante de la Misión Permanente de México ante las Naciones Unidas, presentó el posicionamiento oficial del país, en el que destacó que México cuenta con una de las transformaciones institucionales más relevantes de los últimos años en materia de movilidad y seguridad vial.

“México reafirma su compromiso con el objetivo mundial de reducir a la mitad las muertes y lesiones ocasionadas por siniestros de tránsito hacia 2030. Estamos convencidos de que ninguna muerte o lesión grave en las vías debe considerarse un costo aceptable de la movilidad”, expresó la representante mexicana al iniciar el mensaje oficial.

En su intervención, recordó que el reconocimiento del derecho a la movilidad en la Constitución, aprobado en 2020, marcó un cambio de paradigma al colocar a las personas como eje de las políticas públicas y establecer que los desplazamientos deben realizarse bajo condiciones de seguridad, accesibilidad, inclusión y sostenibilidad.

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La representante explicó que esa reforma constitucional dio origen a instrumentos que hoy constituyen la columna vertebral de la política nacional en la materia, entre ellos la Ley General de Movilidad y Seguridad Vial (LGMSV), el Sistema Nacional de Movilidad y Seguridad Vial y la Estrategia Nacional de Movilidad y Seguridad Vial 2023-2042, todos ellos sustentados en el enfoque internacional de Sistema Seguro, cuyo objetivo es reducir al máximo las consecuencias fatales de los errores humanos en las vías.

Asimismo, destacó que el país ha fortalecido su marco técnico mediante normas para el diseño de calles y la señalización vial, además de impulsar este año la Cruzada Nacional por la Seguridad Vial, con el propósito de acelerar la implementación de estas políticas en las entidades federativas.

No obstante, México reconoció que la existencia de un marco normativo robusto no garantiza, por sí sola, una reducción en la siniestralidad.

“Hoy, nuestro principal desafío es traducir este marco normativo en resultados concretos. Para ello, es indispensable fortalecer la coordinación entre instituciones, orientar la inversión hacia infraestructura segura, consolidar sistemas de información y priorizar a las personas en situación de mayor vulnerabilidad”, afirmó Mendoza Elguea.

La representante también subrayó que alcanzar los objetivos de la Segunda Década de Acción para la Seguridad Vial requerirá recursos permanentes, cooperación entre países y el intercambio de experiencias que permitan acelerar la implementación de políticas públicas eficaces.

“México reconoce que alcanzar las metas de 2030 exige financiamiento sostenible, cooperación internacional e intercambio de conocimientos. Reiteramos nuestra disposición para seguir trabajando con las Naciones Unidas y con todos los Estados miembros para construir sistemas de movilidad más seguros, inclusivos y sostenibles, que coloquen la vida en el centro de la movilidad y garanticen que todas las personas puedan ejercer su derecho a desplazarse en condiciones de seguridad vial”, concluyó.

La participación de México en esta reunión internacional ocurre en un momento clave para la implementación de la LGMSV. Aunque el país cuenta con un marco constitucional y legal alineado con las recomendaciones internacionales, uno de los principales retos sigue siendo que las entidades federativas armonicen su legislación, consoliden capacidades institucionales y destinen recursos suficientes para convertir los principios del Sistema Seguro en acciones concretas que contribuyan a reducir las más de 15 mil muertes anuales que provocan los siniestros de tránsito en el país.




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