A más de cuatro años de la publicación de la Ley General de Movilidad y Seguridad Vial (LGMSV), Baja California continúa sin armonizar su legislación local con el marco federal, una omisión que organizaciones civiles consideran un obstáculo para fortalecer las políticas públicas de prevención de siniestros de tránsito y garantizar el derecho a una movilidad segura. Frente a este escenario, la Coalición Movilidad Segura en Baja California anunció que prepara una iniciativa ciudadana para que el Congreso del Estado retome la reforma pendiente.
La propuesta busca incorporar a la legislación estatal los principios establecidos por la LGMSV, entre ellos la participación ciudadana en la toma de decisiones, la planeación integral del territorio, el diseño de infraestructura vial con enfoque de Sistema Seguro, la protección de las víctimas de hechos de tránsito, la generación de información para la formulación de políticas públicas y mecanismos permanentes de financiamiento para proyectos de movilidad y seguridad vial.
Te recomendamos leer: Destinos turísticos inteligentes: la oportunidad pendiente del transporte público
Elizabeth Hensley, integrante de la Coalición Movilidad Segura, recordó que, aunque entre 2022 y 2024 se presentaron diversas iniciativas relacionadas con la armonización legislativa, ninguna logró avanzar en el Congreso local, por lo que las organizaciones decidieron impulsar un nuevo esfuerzo desde la ciudadanía.
“Seguimos trabajando a través de la Coalición Movilidad Segura en el tema de la armonización del marco normativo estatal con la Ley General de Movilidad y Seguridad Vial. En nuestro estado perdemos un promedio de 400 personas al año en hechos de tránsito y este impacto se multiplica cuando consideramos a todas las familias y comunidades afectadas”, señaló.
El llamado de la organización ocurre en un contexto de alta siniestralidad vial. De acuerdo con el Informe sobre la Situación de la Seguridad Vial en México 2022, Baja California registró un incremento de 27.5 % en la tasa de mortalidad por siniestros de tránsito entre 2020 y 2021. En ese último año se contabilizaron 264 personas fallecidas por lesiones derivadas de hechos viales, mientras que la entidad se ubicó entre las de mayor motorización del país, con 521.3 vehículos por cada mil habitantes, una condición que incrementa la presión sobre la infraestructura vial y exige políticas públicas orientadas a proteger a los usuarios más vulnerables.
Además de la reforma legislativa, la Coalición informó que mantiene un trabajo conjunto con la Secretaría de Movilidad Urbana Sustentable y con la autoridad de Inspección y Seguridad Vial para actualizar el Reglamento de Tránsito y Movilidad Vehicular. Las modificaciones propuestas están enfocadas principalmente en mejorar las disposiciones que regulan la circulación de bicicletas y otros vehículos de movilidad no motorizada.
“Nos enfocamos en el articulado relacionado con el uso de las bicicletas y otros vehículos de movilidad sin motor. Hay aspectos que consideramos pueden fortalecerse y avanzar poco a poco siempre será mejor que mantener el marco normativo sin cambios”, explicó Hensley.
Entre los temas que la organización busca reforzar se encuentran una mayor protección para las personas ciclistas, reglas más claras de convivencia vial y disposiciones que favorezcan una infraestructura más segura para quienes realizan sus desplazamientos sin utilizar vehículos motorizados.
La Coalición adelantó que continuará las mesas de trabajo con autoridades estatales y municipales para impulsar tanto la armonización de la legislación como la actualización del reglamento de tránsito. El objetivo, señalaron sus integrantes, es consolidar un marco jurídico alineado con los principios nacionales de movilidad segura y contribuir a reducir las muertes y lesiones ocasionadas por los siniestros de tránsito en Baja California.
