México tiene grandes retos en materia de transporte público y movilidad rumbo al 2030 y para avanzar en ellos el papel de las autoridades y los tomadores de decisiones es clave, por lo que el concepto de Gobernanza del Transporte toma relevancia en una carrera rumbo a una movilidad sostenible.
La Gobernanza del Transporte se refiere al conjunto de políticas, regulaciones y acciones coordinadas por diversas entidades gubernamentales y actores involucrados para planificar, gestionar y supervisar el sistema de transporte. Incluye la creación de marcos legales y normativos, la definición de roles y responsabilidades de autoridades a diferentes niveles (federal, estatal y municipal), y la participación de la ciudadanía y expertos, algo que en los últimos cuatro años ha dado pasos agigantados con la publicación de la Ley General de Movilidad y Seguridad Vial, así como la Política Nacional de Transporte Público Colectivo, y la Estrategía Nacional de Movilidad y Seguridad Vial, que establecen entre otros factores, el rol de cada una de las autoridades para mejorar la infraestructura y los sistemas de transporte.
Sería injusto no reconocer que en el país ha evolucionado significativamente en los últimos años el tema de la gobernanza, y evidenciando su eficiencia, muestra de ello son los avances en renovación, integración, tecnificación y avances en materia de electromovilidad que se registran en entidades como Jalisco, Nuevo León, Ciudad de México, Yucatán y Querétaro; avances se que han alcanzado debido a que las autoridades han entendido su papel en la integración de un buen servicio de transporte, y han optado por tomar las riendas e invertir en este rubro.
Sin embargo, pese a la legislación vigente y los ejemplos de gobiernos que están cumpliendo con su función en materia de transporte, aún falta un mayor compromiso y participación de las autoridades en la mayoría de los estados del país para garantizar sistemas de movilidad eficientes, seguros y sostenibles.
Al respecto, Fernando Paez, director de WRI Colombia, señala que: “Para lograr una movilidad verdaderamente sustentable, es esencial que las autoridades no solo establezcan marcos normativos, sino que también se involucren activamente en la ejecución y supervisión de estas políticas. La participación y el compromiso continuo son clave para transformar nuestro sistema de transporte.”
Por su parte, Juan Pérez, investigador del Instituto de Políticas para el Transporte y el Desarrollo (ITDP) México, subraya que: “Una gobernanza efectiva del transporte es fundamental para avanzar hacia una movilidad sustentable. Sin una coordinación adecuada y un compromiso real de las autoridades en todos los niveles, las políticas de movilidad corren el riesgo de ser ineficaces. Es vital que las autoridades no solo diseñen políticas, sino que también aseguren su implementación y monitoreo constante.”
La Gobernanza del Transporte se refiere al conjunto de políticas, regulaciones y acciones coordinadas por diversas entidades gubernamentales y actores involucrados para planificar, gestionar y supervisar el sistema de transporte.
Un marco legal transformador
La Ley General de Movilidad y Seguridad Vial, aprobada en abril de 2022, representa un hito en la historia de la movilidad en México. Esta ley busca establecer un marco normativo que promueva la movilidad segura, accesible, eficiente y sostenible, abordando las necesidades de todos los usuarios de la vía pública, incluyendo peatones, ciclistas y usuarios del transporte público.
Fernando Páez, destaca que “la aprobación de esta ley es un paso fundamental hacia la creación de ciudades más humanas y sostenibles. Al delimitar claramente las responsabilidades de cada nivel de gobierno, se facilita la implementación de políticas coherentes y efectivas que beneficien a toda la población.”
No obstante, a pesar de los avances en la normativa, Páez resalta que “la ley por sí sola no es suficiente. Necesitamos un compromiso real y continuo de las autoridades para llevar estas políticas del papel a la realidad.”
Complementando la ley, la Estrategia Nacional de Movilidad y Seguridad Vial se presenta como una hoja de ruta para los próximos años. Esta estrategia establece objetivos claros y medibles para reducir los accidentes de tránsito, mejorar la calidad del aire y fomentar el uso de medios de transporte sostenibles.
La Estrategia Nacional es una herramienta esencial para la planificación a largo plazo,” refiere Páez. “Permite a las autoridades locales y estatales alinear sus esfuerzos con una visión común, garantizando que las inversiones y las políticas se dirijan hacia la mejora continua del sistema de movilidad.”
Aun así, la implementación efectiva de esta estrategia enfrenta varios desafíos. Juan Pérez, investigador del Instituto de Políticas para el Transporte y el Desarrollo (ITDP) México, comenta: “A menudo vemos que las estrategias bien intencionadas no se traducen en acciones concretas debido a la falta de recursos y la resistencia al cambio. Es crucial que las autoridades demuestren un compromiso genuino para superar estos obstáculos.”.
Delimitación de responsabilidades
Uno de los aspectos más relevantes de estas iniciativas es la delimitación clara de las responsabilidades de las autoridades a nivel federal, estatal y municipal. Anteriormente, la falta de coordinación entre estos niveles de gobierno resultaba en políticas fragmentadas y una gestión ineficiente del transporte público.
Con la nueva legislación, el gobierno federal tiene la responsabilidad de establecer las normas y directrices generales, mientras que los gobiernos estatales y municipales son responsables de la implementación y supervisión de estas normas. Esta estructura permite una mayor coherencia en la aplicación de políticas y facilita la cooperación entre diferentes niveles de gobierno.
La claridad en las responsabilidades es crucial,” afirma Paola Méndez, experta en movilidad urbana. “Permite que cada nivel de gobierno se enfoque en sus competencias específicas, evitando duplicidades y mejorando la eficiencia en la gestión del transporte público.”
Sin embargo, Méndez advierte que “la falta de participación activa y el compromiso de algunas autoridades locales siguen siendo un impedimento significativo para la implementación exitosa de estas políticas.”
Para lograr una movilidad verdaderamente sustentable, es esencial que las autoridades no solo establezcan marcos normativos, sino que también se involucren activamente en la ejecución y supervisión de estas políticas.
La necesidad de un enfoque inclusivo
La participación activa de la ciudadanía y de expertos en movilidad es otro pilar fundamental de la nueva gobernanza del transporte público. La Ley General de Movilidad y Seguridad Vial establece mecanismos para la consulta y participación ciudadana, garantizando que las políticas respondan a las necesidades y expectativas de los usuarios.
“Un enfoque inclusivo es esencial para el éxito de cualquier política de movilidad”, destaca Juan Pérez. “Involucrar a la ciudadanía no solo mejora la aceptación de las políticas, sino que también proporciona información valiosa para su diseño e implementación.”
Mariana Rodríguez, coordinadora de movilidad de Greenpeace México, añade que “la falta de participación ciudadana puede llevar a políticas que no reflejan las verdaderas necesidades de los usuarios. Es fundamental que las autoridades fomenten un diálogo constante y constructivo con la comunidad.”
Gobernanza efectiva
Como se señaló al inicio de este documento, son varias las entidades que están transformando su sistema de transporte urbano respaldados en una gobernanza eficiente, y tienen en común las siguientes características:
- Visión a Largo Plazo: El diseño de sus sistemas de transporte es parte de un plan maestro de movilidad a largo plazo que buscaba transformar la movilidad de las ciudades.
- Integración con otros sistemas de transporte: Buscan que las diferentes rutas o sistemas de transporte y modos de movilidad no motorizados estén integrados, lo que facilita el acceso y la conectividad para los usuarios.
- Participación pública y privada: La gobernanza del transporte incluye una cooperación eficaz entre el sector público y el sector privado, lo que puede asegurar una gestión eficiente y sostenible del sistema.
- Participación ciudadana: Se realizan consultas públicas para entender las necesidades de los usuarios y adaptar el sistema en consecuencia.
- Reducción de emisiones: Al sustituir autobuses antiguos por vehículos más modernos y menos contaminantes, se contribuye significativamente a la r
- educción de emisiones de CO2 en las ciudades.
- Eficiencia y accesibilidad: Con infraestructura adecuada y un sistema integrado de pago, se mejora la eficiencia y accesibilidad del transporte público.
Invertir en movilidad sostenible no solo mejora la calidad de vida, sino que también es fundamentalpara combatir el cambioclimático y promover un desarrollo urbano equitativo.
Impacto en la calidad de vida
La mejora del transporte público y la movilidad sostenible tiene un impacto directo en la calidad de vida de los ciudadanos. Sistemas de transporte más eficientes y seguros reducen el tiempo de desplazamiento, disminuyen los costos asociados al transporte y contribuyen a la reducción de la contaminación ambiental.
El transporte público de calidad es un derecho y una necesidad para cualquier sociedad moderna”, asegura Marian Rodríguez. “Invertir en movilidad sostenible no solo mejora la calidad de vida, sino que también es fundamental para combatir el cambio climático y promover un desarrollo urbano equitativo.”
A pesar de los avances, la implementación de estas políticas enfrentan diversos desafíos. La falta de recursos financieros, la resistencia al cambio y la necesidad de modernizar la infraestructura existente son algunos de los obstáculos que deben superarse.
“Es crucial que las autoridades no solo se comprometan en el discurso, sino que también asignen los recursos necesarios para la implementación de estas políticas,” apunta Ricardo Gutiérrez, consultor en movilidad sostenible. “La innovación tecnológica es una aliada clave. Nos permite optimizar los sistemas de transporte, reducir costos y mejorar la experiencia del usuario.”
En proceso de transformación
La gobernanza del transporte público en México está en un proceso de transformación profundo, impulsado por la Ley General de Movilidad y Seguridad Vial, la Estrategia Nacional de Movilidad y Seguridad Vial y, recientemente, la Política Nacional de Transporte Público Colectivo. Estas iniciativas no solo buscan mejorar la eficiencia y seguridad del transporte público, sino también promover una movilidad más sostenible y equitativa.
Empero, para que estas políticas tengan un impacto real y duradero, es necesario un mayor compromiso y participación de las autoridades a todos los niveles. La delimitación clara de las responsabilidades, junto con la participación activa de la ciudadanía y los expertos, son elementos fundamentales para el éxito de estas políticas.
Por último, Fernando Páez subrayó: “Estamos en el camino correcto, pero el éxito dependerá de nuestra capacidad para trabajar juntos, innovar y mantener el compromiso con una movilidad segura y sostenible para todos.”
