Reconocer a los pueblos originarios ha sido una lucha que duró décadas, liderada por miles de personas que defendían sus raíces y la esencia de sus antepasados. Esto es cierto. Sin embargo, las decisiones arbitrarias y centralistas de los administradores del poder, desde sus escritorios, han dejado a estos pueblos fuera de muchos proyectos. En muchos casos, aquellos que se oponían terminaron encarcelados, desaparecidos o muertos.
Durante años, la gran lucha se centró en transformar la vida rural, desplazándola por desarrollos urbanos como viviendas, industria y comercio. Esta modernización, lejos de beneficiar, trajo consigo la pérdida de identidad, además de generar graves problemas como la escasez de agua, drenajes saturados y servicios públicos colapsados. A su vez, las vialidades se congestionaron con una infraestructura que rompió la armonía de las zonas. Como resultado, se incrementaron las horas perdidas en el tráfico y se deterioraron las calles, lo que dificultó las actividades tradicionales de las comunidades. Lo más preocupante, quizás, fue el aumento de vehículos que colapsaron el espacio disponible.
A medida que crecía la población en las zonas urbanizadas, también se incrementaron las rutas de transporte, que invadieron las arterias principales de los pueblos originarios. Esto contribuyó a la expansión desmedida de la mancha urbana, que al principio parecía ser una bendición, pues favoreció al comercio local y aumentó las ganancias. Sin embargo, no se anticipó la llegada de grandes inversiones que transformaron el panorama. Cuando los intereses de estos inversionistas comenzaron a desplazar a la población local, la “felicidad” que traía consigo el crecimiento dio paso a una lucha por conservar las costumbres y tradiciones de los pueblos originarios.
La creación de la Ciudad de México como entidad política independiente reforzó aún más esta lucha, especialmente en cuanto a la preservación de los usos y costumbres. En este contexto, los transportistas locales, muchos de ellos reconocidos en sus comunidades, se convirtieron en actores clave en la defensa de sus territorios. Con la llegada de nuevas opciones de transporte, como los taxis de montaña y mototaxis, se creó una “muralla” de servicios que, aunque en algunos casos beneficiosos, también generaron resistencias y conflictos.
Con la Constitución de la Ciudad de México, se reconoció la participación de los pueblos originarios, pero también se estableció claramente que la movilidad debe ser gestionada por el gobierno central, con el apoyo de las alcaldías. No hay justificación para que los transportistas utilicen este reconocimiento como un escudo o una excusa para desobedecer las leyes. La Ley de Movilidad y su reglamento deben ser el marco de actuación, y existe una Secretaría y órganos de transporte encargados de regular este sector.
No obstante, la falta de transparencia de los funcionarios ha dificultado una coordinación efectiva con las comunidades y los representantes de los pueblos originarios. Esta situación ha impedido que se logre una transformación real en el sector del transporte. El modelo “hombre-camión”, que sigue predominando en muchas zonas, es obsoleto y no permite el progreso. Los transportistas, atrapados en esta modalidad, reportan pérdidas, lo que impide la modernización de sus unidades y afecta la calidad del servicio que prestan a las comunidades.
En la capital del país, durante años, la gran lucha se centró en transformar la vida rural, desplazándola por desarrollos urbanos como viviendas, industria y comercio. Esta modernización, lejos de beneficiar, trajo consigo la pérdida de identidad.
Es necesario reconocer que estamos en un momento crucial para el sector. Con acercamientos, diálogo y armonización, los transportistas pueden entender que lo mejor es adoptar proyectos que les brinden solidez y futuro, tanto para ellos como para sus familias y comunidades. Solo así podrán superar los retos actuales y garantizar una movilidad más eficiente y adaptada a las necesidades de los pueblos y barrios originarios.
Las decisiones arbitrarias y centralistas de los administradores del poder, desde sus escritorios, han dejado a los pueblos originarios fuera de muchos proyectos de movilidad.
El modelo “hombre-camión”, que sigue predominando en muchas zonas, es obsoleto y no permite el progreso.
