El llamado viene desde autoridades federales como las secretarías de Comunicaciones y Desarrollo Territorial, pero no se podrá concretar si las autoridades de las diversas ciudades del país que controlan el transporte público, impiden la participación de todos los sectores sociales, que incluyen a las propias instituciones de gobierno, autoridades responsables del transporte y la movilidad, prestadores de servicios, empresas, industria automotriz, organizaciones no gubernamentales, la academia y los usuarios.
Este llamado se refiere a alinear todos los instrumentos, tanto de ordenamiento territorial, de desarrollo urbano, como de movilidad y transporte público a nivel nacional, para diseñar una política que integre la planeación de la movilidad, en especial del transporte público así como de otros modos de traslado no motorizados, para que todas las personas tengan acceso a una movilidad en condiciones de seguridad vial, accesibilidad, eficiencia, sostenibilidad, calidad, inclusión e igualdad, tal como lo indica la reforma del 18 de diciembre de 2020 al artículo 4° Constitucional.
¿Por qué es necesario dar este paso?
Primero, porque de acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), de 2000 a 2022, en México el parque de automóviles particulares creció más de 260%, al pasar de 10.1 millones de unidades a 36.5 millones, lo cual equivale a una tasa de crecimiento media anual de 6 % (esto, cuando la población total del país solo creció 30%). Es decir, de acuerdo con estas cifras, en el territorio nacional confluyen múltiples intereses que han privilegiado el transporte privado en automóvil, en lugar de beneficiar a la población usuaria de los servicios de transporte colectivo.
En segundo lugar, porque, derivado de esta situación, que proviene de muchas décadas, llegamos a la conclusión de que ya no hay futuro posible y que, si no atendemos los Objetivos de Desarrollo Sustentable al 2030 diseñados por la Organización de las Naciones Unidas (ONU), rebasaremos el límite de la temperatura global de 1.5° C en fecha próxima, y ya no habrá marcha atrás.
Ante este escenario, en la última década se ha comenzado a entender la importancia de apostar por el transporte público y no el privado y ha crecido rápidamente la diversidad de modos de desplazamiento, desde los masivos y semi-masivos, hasta los colectivos de mediana o baja capacidad.
Sin embargo, en el ámbito del transporte público, en la actualidad todavía el 85% de los servicios operan bajo un modelo de concesión individual conocido como “hombre-camión”, lo que significa baja calidad, tiempos de traslado excesivos, pago de la tarifa en efectivo, inseguridad, competencia desleal por el pasaje y altos costos ambientales.
En este contexto llega el llamado gubernamental, descrito en el documento, Política Nacional del Transporte Público Colectivo Urbano (PNTPCU), que ofrece una guía para alinear las prioridades, acciones y actividades encaminadas para mejorar el servicio de transporte público seguro, eficiente, incluyente con amplia cobertura e integración a otros modos de transporte.
La propuesta plantea que la planeación y regulación quede a cargo de las autoridades gubernamentales, las cuales buscarán dedicar recursos y llevar a cabo la rectoría de la regulación, actualización del marco normativo, planeación coordinada, territorial, urbana, definir mecanismos de financiamiento, otorgamiento de concesiones, evaluación de la operación y mejora continua.
Este llamado se refiere a alinear todos los instrumentos, tanto de ordenamiento territorial, de desarrollo urbano, como de movilidad y transporte público a nivel nacional, para diseñar una política que integre la planeación de la movilidad, en especial del transporte público.
Por su parte, los organismos operadores de transporte público serán corresponsables de cumplir con las reglas y condiciones establecidas en las concesiones, garantizar la calidad de los servicios al cumplir estándares de calidad, seguridad, sostenibilidad, equidad e inclusión.
Para cada una de las ciudades la visión se materializará para que los servicios de transporte público contribuyan a generar condiciones favorables, estables y confiables que permitan el derecho humano a la movilidad, según sus necesidades específicas, además de contar con la infraestructura vial para el transporte público, facilitar la operación y fomentar el accesos de todas las personas a este servicio.
De igual forma, el documento guía, señala que se deberán homologar las rutas de servicios bajo las mismas reglas de operación, marco normativo, priorizar la oferta del transporte público a los servicios de todas las personas; la atención a los usuarios, buscará disminuir los esquemas de operación deficientes en favor de sistemas basados en concesiones a empresas que privilegien la eficiencia, la seguridad, la innovación, el uso de tecnología actualizada, así como la sostenibilidad, el cuidado del medio y la justicia social.
No obstante, el esquema no funcionará si no cuenta con el apoyo de todos los sectores sociales: las empresas, la industria automotriz, las organizaciones no gubernamentales, la academia y los usuarios.
En el caso de los empresarios, el cambio deberá provenir desde las cámaras que los agrupan, donde será necesario crear o perfeccionar sus propias comisiones de movilidad, de modo que puedan establecer alianza con las instancias gubernamentales tanto locales, como federales.
Corresponde a las empresas aportar capacidad técnica, inversión en tecnologías limpias y modelos operativos sustentables e innovadores. La industria automotriz debe entender las necesidades del sector, invertir en investigación y desarrollo, colaborar con el gobierno para establecer estándares más estrictos de emisiones y seguridad vial, así como proponer modelos de negocio y otorgar alternativas de financiamiento.
Los organismos no gubernamentales deberán promover e influir en políticas favorables a la movilidad sustentable, organizar procesos de educación, creación de capacidad técnica y conciencia, apoyar a los gobiernos y empresas para desarrollar acciones concretas, así como facilitar procesos y espacios de interacción.
