En Aguascalientes, la movilidad comienza a posicionarse como un componente clave del acceso a derechos. Bajo esa premisa, el gobierno estatal puso en marcha “Taxi Solidario”, una estrategia que busca garantizar traslados gratuitos a personas en situación de vulnerabilidad, particularmente para quienes requieren atención médica o servicios esenciales.
El programa, coordinado por el Sistema DIF Estatal en conjunto con la Agencia de Movilidad, contempla la realización de más de 54 mil viajes al año. Para ello, se prevé la participación de alrededor de 4 mil 500 operadores de taxi, quienes deberán cumplir con al menos un servicio mensual como parte de sus obligaciones.
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La iniciativa tiene sustento en la reciente reforma al artículo 124 de la Ley de Movilidad, lo que permitió ampliar el alcance del programa “El Gigante Transporta”. A partir de este ajuste normativo, el padrón de beneficiarios incorpora no solo a adultos mayores y personas con discapacidad, sino también a pacientes en tratamiento médico, mujeres que acuden a instancias de justicia, usuarios de programas sociales y población migrante.
En términos operativos, el DIF estatal será responsable de integrar los padrones de usuarios en coordinación con distintas dependencias, mientras que la Agencia de Movilidad gestionará la asignación de los servicios mediante un sistema de control y seguimiento.
La presidenta del DIF estatal, Aurora Jiménez, subrayó que el objetivo central es reducir las barreras económicas que limitan el acceso a servicios como terapias, hemodiálisis o procesos legales, especialmente en contextos donde el costo del transporte puede ser determinante.
Actualmente, el DIF moviliza a cerca de 3 mil personas al mes; sin embargo, con la ampliación del programa se espera incrementar de forma significativa la cobertura. En este proceso, la colaboración del gremio taxista ha sido un factor relevante para la viabilidad del modelo.
Pese a ello, la estrategia enfrenta desafíos operativos. Entre ellos destacan la necesidad de fortalecer la capacitación de los conductores, mejorar el equipamiento de las unidades para atender a personas con discapacidad y evaluar posibles incentivos que aseguren la sostenibilidad del esquema a largo plazo.
