En México, el sector del autotransporte ocupa el segundo lugar en la generación de gases de efecto invernadero (GEI), contribuyendo con 13,402 Gg de CO2e, lo que representa el 19% del total emitido. Esta significativa generación de GEI se atribuye principalmente al uso excesivo del automóvil particular, lo cual resulta paradójico en un país donde entre el 60% y el 80% de la población utiliza transporte público, logrando una reducción de hasta un 90% en la emisión de CO2e en comparación con el uso del automóvil. No obstante, la atención a la agenda climática exige una mayor reducción de emisiones tanto en la movilidad privada como en la colectiva y pública.
Ante este panorama, en los últimos tres años, la agenda de electromovilidad en el país se ha consolidado como una de las soluciones más viables desde una perspectiva ambiental, económica y social. Tan es así que se ha iniciado la transición de flotas en corredores de transporte público, sustituyendo vehículos a diésel por unidades eléctricas. Además, se han comenzado a instalar estaciones de recarga en diversas entidades del país a favor del auto particular. Asimismo, en 2023 se publicó el Acuerdo por el que se expide la Estrategia Nacional de Movilidad Eléctrica y, en 2024, se abrieron espacios de discusión en el legislativo para reformar leyes vinculantes como la Ley General de Cambio Climático en relación con la electromovilidad.
A pesar de estos avances, persiste una asignatura pendiente: la falta de una definición clara, homologada y general de la electromovilidad en el marco legal de México. La ausencia de esta especificidad podría acarrear diversas consecuencias negativas:
- Inconsistencias regulatorias: Sin una definición unificada, diferentes estados y municipios podrían adoptar interpretaciones diversas de lo que constituye la electromovilidad. Esto puede llevar a una disparidad en las normativas locales, creando confusión y complicaciones para la industria, que tendría que cumplir con requisitos distintos en cada jurisdicción.
- Falta de coordinación en políticas públicas: La ausencia de una definición clara puede dificultar la formulación de políticas públicas coherentes y coordinadas a nivel nacional. Esto afecta la implementación de incentivos fiscales, regulaciones ambientales y programas de financiamiento, lo que podría ralentizar el desarrollo de la infraestructura necesaria para la electromovilidad.
- Dificultad en la atracción de inversiones: Los inversionistas suelen buscar estabilidad y claridad en el marco regulatorio antes de comprometer capital en nuevos proyectos. Si el concepto de electromovilidad no está bien definido, podría generar incertidumbre, lo que desalienta la inversión en infraestructura, manufactura de vehículos eléctricos y desarrollo tecnológico.
- Impacto en la innovación y desarrollo tecnológico: La falta de un marco legal bien definido puede limitar el apoyo gubernamental a la investigación y desarrollo en el área de la electromovilidad. Esto puede colocar a México en desventaja competitiva frente a otros países que cuentan con definiciones claras y políticas de apoyo a la innovación en este sector.
- Falta de protección al consumidor: Los consumidores podrían verse afectados si no existe una claridad en lo que se considera electromovilidad, ya que podría haber ambigüedades en la información sobre los productos que adquieren, así como en sus derechos y responsabilidades.
- Obstáculos para la descarbonización del transporte: Una definición poco clara puede retrasar los esfuerzos para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero del sector transporte.
Sin un marco legal que impulse notoriamente la transición hacia vehículos eléctricos, México podría no cumplir con sus compromisos internacionales de reducción de emisiones.
En este contexto, se propone una posible definición de electromovilidad y sus principios rectores:
La Electromovilidad se define como el conjunto de tecnologías, políticas y prácticas que promueven y facilitan el uso de vehículos impulsados exclusivamente por energía eléctrica. Estos vehículos, que van desde autos ligeros hasta transporte público y de carga pesada, operan sin motores de combustión interna, utilizando baterías eléctricas recargables o tecnologías de celdas de combustible como fuente de energía. La electromovilidad se orienta hacia la creación de sistemas de transporte de cero emisiones, contribuyendo a la reducción de la contaminación del aire, la mitigación del cambio climático y la mejora de la calidad de vida urbana.
Esta definición y los principios rectores pueden ser considerados en los comentarios de la Estrategia Nacional de Movilidad Eléctrica disponible en la página de la Comisión Nacional de Mejora Regulatoria (CONAMER) para su publicación final, estableciendo así una base sólida para guiar el desarrollo de la electromovilidad en México. En este sentido, resulta crucial reconocer que estamos en la encrucijada del cambio climático y frente a la urgente necesidad de una transición hacia una movilidad más sostenible.
La electromovilidad emerge como un pilar fundamental en la construcción de un futuro más limpio y equitativo. Sin embargo, para que esta transición sea efectiva y duradera, es imprescindible contar con un marco regulatorio claro y homogéneo que guíe los esfuerzos a nivel nacional. Solo así se podrán superar las barreras actuales y fomentar un entorno favorable para la inversión, la innovación y el desarrollo social, garantizando que los beneficios de la electromovilidad se extiendan a todos los sectores de la sociedad y contribuyan significativamente a los compromisos internacionales de reducción de emisiones. La electromovilidad no es solo una solución tecnológica; es una oportunidad para redefinir el camino hacia un desarrollo más sostenible y justo.
Pese a los avances en México, persiste una asignatura pendiente: la falta de una definición clara, homologada y general de la electromovilidad en el marco legal.
