La micromovilidad es el traslado de bienes y personas a través de vehículos ligeros —como bicicletas o patines— que pueden ser de tracción humana o eléctrica. Actualmente, se habla mucho sobre los múltiples beneficios de la micromovilidad y cómo impacta positivamente en diferentes ámbitos, tales como:
Parece innegable que estos vehículos son una solución para zonas urbanas con alta densidad de viajes y que reducen el tiempo de traslado, el costo monetario y los factores cualitativos de las personas; es decir, disminuyen el costo generalizado del transporte.
No obstante, a pesar de que la micromovilidad eléctrica requiere menos energía y reduce las emisiones contaminantes en comparación con los viajes en automóviles, este modo de transporte trae consigo nuevos retos en términos de infraestructura, regulación y cultura de todos los ciudadanos. Actualmente, para estos vehículos no se requiere licencia de conducir, circulan por ciclovías y banquetas, y son utilizados sin ninguna regulación, a pesar de que algunos de ellos alcanzan velocidades superiores a los 25 kilómetros por hora, lo que pone en riesgo la seguridad no solo de los conductores, sino también de otros usuarios de la vía.
La micromovilidad eléctrica requiere menos energía y reduce las emisiones contaminantes en comparación con los viajes en automóviles, sin embargo, este modo de transporte trae consigo nuevos retos en términos de infraestructura, regulación y cultura.
Pero… ¿Qué relación tiene la micromovilidad con la distribución urbana de mercancías? Por las características de la micromovilidad, esta se asocia al transporte de último kilómetro (o last mile); por lo tanto, la compra de estos vehículos es un mercado emergente. Un sector muy importante en la utilización de estos vehículos —como resulta evidente al transitar por el centro de la Ciudad de México y los barrios aledaños que tienen gran tradición en la venta de diversos productos— es el comercio informal, ya que en este sector se están aprovechando las bondades de la micromovilidad eléctrica para el traslado y la distribución urbana de mercancías.
Para establecer la magnitud de este mercado, se puede considerar que, de acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), cerca del 55.4% de la población ocupada en México se encuentra en condiciones de informalidad, y este tipo de economía participa con el 24.4% del Producto Interno Bruto nacional en valores corrientes.
Entonces, sin continuar con estos números alarmantes y regresando a los vehículos de la micromovilidad eléctrica, por cerca de cuarenta mil pesos se pueden adquirir triciclos eléctricos que, según su ficha técnica, indican una capacidad de peso bruto de media tonelada, autonomía de más de 50 kilómetros y baterías que funcionan con 72 volts (V) a 32 amperes por hora (Ah). Si calculamos el consumo eléctrico, multiplicando la capacidad de la batería (mAh) por el voltaje (V) y dividimos entre un millón para obtener el resultado en kilowatt-hora (kWh), tenemos que, teóricamente, estos vehículos tendrán un consumo de 32,000 mAh * 72 (V) / 1,000,000 = 2.304 kWh, y si lo multiplicamos por la tarifa eléctrica de consumo excedente ($3.711), tendríamos un costo de $8.50 por hora de carga. En total, por seis horas de carga al día, se obtendría un costo cercano a los $51.30 pesos diarios.
Esta cantidad parece representar un ahorro económico en comparación con el esfuerzo y costo de los modos tradicionales como lo son las carretillas (mejor conocidas como diablitos) y los triciclos de pedales, o con el consumo de combustibles fósiles. No obstante, es común observar que —por ejemplo, en tianguis y puestos callejeros— los comerciantes adquieren su energía eléctrica de forma irregular, conectándose a los postes de luz; por lo que, además de utilizar esta energía para sus negocios, ahora también cargan sus vehículos de esta manera. En otras palabras, hay un grupo de comerciantes que están obteniendo la energía de sus vehículos a través del robo de electricidad.
En suma, la micromovilidad eléctrica trae consigo un conjunto de externalidades negativas que deben ser consideradas durante su regulación. Si bien ofrece beneficios significativos en términos de equidad y reducción de emisiones contaminantes, es necesario regular la utilización de estos vehículos y contemplar el costo social en términos de seguridad y accidentes de tránsito, de tal forma que estos sistemas sean utilizados con el máximo beneficio posible y el balance entre las externalidades resulte positivo.
Así, además de que se deben estudiar los costos derivados de los accidentes que imponen estos crecientes modos de transporte, es necesario legalizar la carga de energía eléctrica, evitando que se convierta en otra forma de tolerancia y, por ende, en otro círculo vicioso de irregularidad-presión-posterior reconocimiento gubernamental, y un consumo ilegal imposible de erradicar.
La micromovilidad eléctrica trae consigo un conjunto de externalidades negativas que deben ser consideradas durante su regulación.
